La asquerosa forma con que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
se ha propuesto retomar el poder de la presidencia de México —coacción, compra
millonaria de votos, súper rebase de gastos de campaña, y lo que resulte del
presunto contubernio con Grupo Financiero Monex, que incluye dinero de
procedencia “desconocida”, y de Grupo Soriana, que involucra la participación
de gobernadores priistas en la compra multimillonaria de despensas con dinero del
erario público, además de inequidad en los medios de
comunicación, proliferación de encuestas manipuladas, el operativo Ágora de
Elba Esther Gordillo, entre otros elementos—, es apenas una muestra de lo que le espera a este país si Enrique
Peña Nieto es ratificado por el TRIFE como ganador de la contienda presidencial
después de la impugnación del Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento
Ciudadano— sobre el resultado de los comicios del 1 de julio.
Independientemente del
resultado de dicha impugnación, lo demostrado por el PRI es alarde de la forma
corrupta de su naturaleza que lo mantuvo en el poder por más de 70 años, con la
cual provocó el hartazgo de la gente en el año 2000 y que hoy, doce años
después, gracias a esas mismas prácticas corruptas, modernizadas, pretende
entronizarse otra vez sobre el hambre y la pobreza de esa gente que él mismo
produjo en algo más de siete décadas. La gente es olvidadiza —no toda por
fortuna— o definitivamente, está muriendo de hambre y por eso se conforma con
un mendrugo.
Los elementos probatorios
de las múltiples irregularidades mencionadas integran el recurso de nulidad solicitado
por los partidos del Movimiento Progresista para invalidar la elección
presidencial. El Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con un plazo que
concluye el martes 17 para integrar el expediente respectivo y posteriormente,
rendir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) el
informe circunstanciado que señala la ley con base en la Constitución Política
mexicana.
Los principios rectores de
los procesos electorales que establece nuestra Carta Magna son: equidad,
autenticidad y libertad de elección, basados en el sufragio igualitario y
universal con votación secreta, que asegura la expresión libre de la voluntad
de los votantes, por tanto, el TRIFE deberá apegarse al criterio
de causalidad de invalidez de elecciones por violación de principios
constitucionales, que ya ha aplicado en casos de elecciones municipales de Acapulco y
Morelia, por ejemplo, de comprobarse irregularidades en al menos 25 por ciento de la totalidad de
las casillas, conforme a lo que señala la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. O, en su defecto, en su resolución
definitiva, declarar la invalidez de la elección, si en su análisis de la
integralidad del proceso descubre que éste, en efecto, estuvo viciado por un
conjunto de factores que comprometieron su autenticidad y la legitimidad de la
elección presidencial, de acuerdo con los análisis de los especialistas en materia
electoral.
Ciertamente, invalidar la
elección presidencial es algo nunca visto en nuestro país, como tampoco se
había visto un fraude electoral de la magnitud del cometido por el PRI. El
TRIFE tiene una responsabilidad histórica, mucho más allá del sometimiento
institucional y la proclividad del magistrado presidente Alejandro Luna Ramos y
la magistrada María del Carmen Alanís, hacia el PRI. No bastará con una sanción
económica; los magistrados serían responsables de lo que pueda suceder con la
inconformidad creciente —hasta ahora pacífica pero enérgica— de millones de
ciudadanos que repudian la imposición de Peña Nieto por parte del PRI y de los
poderes fácticos.
En la disputa están
involucrados más de 50 millones de mexicanos que acudieron a las urnas con
repercusión para 112 millones de la población nacional. Como dice el analista Miguel
Concha: El TRIFE “debe agotar todas las herramientas legales a su alcance para
profundizar en la construcción de elementos, evidencias y criterios que sean
sólidos e inobjetables no sólo para los siete magistrados, sino para todos los
mexicanos. No puede limitarse a actuar como un consejo distrital más, ni
siquiera como el IFE. Sus atribuciones constitucionales le permiten ir más allá
en beneficio de los votantes, y sobre todo del país”. Tiene de plazo hasta el 6
de septiembre de este año.
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