EL TRIFE, RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Reynaldo Mota Molina

Lo único que puede forzar al Trife a cumplir con su obligación de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de la elección presidencial del 1 de julio, después de las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— y por el PAN, sobre la validez de dicha elección, es una enérgica —aunque pacífica— presión social.

No se trata precisamente de tomar las calles, sino de materialmente continuar inundando al tribunal electoral con denuncias, reportes y reclamos escritos que muestren la inconformidad ciudadana y exijan el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Tampoco se trata de pedirle peras al olmo —aunque lo parezca—. Por eso les pagamos un dineral y son de los magistrados mejor pagados del mundo. No tienen derecho a regatear, sólo de cumplir con su obligación, insistimos.

Las manifestaciones de repudio a la imposición de Enrique Peña Nieto por los poderes fácticos se multiplican no solamente en el país sino fuera de México en muchos países del mundo. El rechazo de un enorme sector de mexicanos es universal y es creciente. La Marcha Nacional contra la Imposición realizada el domingo 22 es muestra contundente y, por lo visto, motivo de preocupación para los priistas.

Por eso resulta estúpida la cínica expresión de Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, en el sentido de que las impugnaciones a la legalidad de la elección “ofenden la dignidad de los mexicanos que votaron en libertad”. Los priistas no conocen la vergüenza ni la dignidad; debieran ser los primeros interesados en que el Trife clarifique la elección para dar legitimidad, en caso de que así resultara, a su candidato. Pero en cambio, están urgiendo al Trife para que informe el avance de sus acusaciones sobre que la coalición lopezobradorista recibió dinero no declarado al IFE, abrió cuentas no declaradas y recibió dinero de gobiernos locales. A su vez, dicha coalición y el PAN, urgen también al Trife para que informe sobre el avance de sus reclamos por actos electorales ilícitos del PRI.    

Mientras tanto la organización ciudadana se fortalece y el Movimiento #YoSoy132 es ejemplo de ello, pese a los ataques de todo tipo de que es objeto; presentó un plan de acción para “proteger la democracia, exigir la limpieza del proceso electoral, demandar la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”.

Hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) a “dar certeza a la elección y contribuir así a la limpieza de los comicios, ya que la califican de limpia, equitativa y transparente, se daría un muy mal mensaje a la sociedad. La calificación del proceso electoral ya la hizo la ciudadanía y no favorece al candidato del PRI”.

Advirtió, así mismo, que si las autoridades electorales ignoran “las miles de denuncias ciudadanas (sobre presuntas irregularidades) documentadas hasta la fecha, estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social”.

En tanto, el Trife declara que “las marchas no cuentan…”

…Y ¿entonces?