jueves, 18 de septiembre de 2014

AUTONOMÍA FICTICIA

Reynaldo Mota Molina

Sería sano e interesante llegar a saber el móvil de por lo menos algunas decisiones de Enrique Peña Nieto y su gobierno —ya que son imposibles de comprender para los más de ciento doce millones de ciudadanos comunes y corrientes—, de cómo y por qué primero presentó las iniciativas de las reformas constituciones más importantes y trascendentales, a grado tal de trastocar en forma definitiva el destino del país y de sus habitantes en por lo menos dos ejes fundamentales como son la Energética y la de Telecomunicaciones, por mencionar solamente estas dos de las once que ha promulgado en lo que va del sexenio.

Seguramente usted recuerda el extraordinario despliegue publicitario de los supuestos beneficios que traería para todos los mexicanos el hecho de dejar en manos privadas, extranjeras y nacionales, la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica en los precios domésticos del gas, de las tarifas eléctricas y de un sinfín de promesas incluyendo la generación de cientos de miles de empleos bien remunerados.

En la de Telecomunicaciones ofrecía poner fin a los monopolios en general, incluso se integró un nuevo organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dotándolo de amplias facultades para regular y controlar efectivamente la televisión y la telefonía, entre muchas otras cosas, y así fueron promulgadas. 

 Muchos aplaudieron la decisión de que Peña Nieto al fin se atreviera a ponerle el cascabel al gato en materia de telecomunicaciones —ver “A ver si así”— sin ocultar el recelo que significaba la aplicación real de dichas reformas constitucionales.

Todos sabemos en qué terminaron; las Leyes reglamentarias presentadas por el mismo Enrique Peña Nieto contradicen en puntos vitales lo que establecen las propias reformas constitucionales —¿quién lo entiende? ¿Cuál es la razón verdadera de esto? ¿Cómo es posible que el Congreso de la Unión solape y apruebe que las leyes secundarias superen a las constitucionales? ¿Entonces, para qué sirve…? 

No sólo esto. Las Leyes reglamentarias en materia energética son muchas y dejan conscientemente cientos o quizá miles de recovecos jurídicos por donde los monstruos petroleros internacionales tendrán oportunidad de sacar los energéticos impunemente, a su antojo y conveniencia, y los mexicanos, como siempre, nos quedaremos sólo mirando…

Las de Telecomunicaciones terminaron con un suculento paquete de regalos a Televisa más allá de lo que pretendía y empoderando sospechosamente a Gobernación en relación con los contenidos y los derechos de las audiencias.

Estos atracos generaron la reacción de ciudadanos, analistas especializados y organizaciones civiles que señalaban la inconstitucionalidad de cuando menos quince puntos específicos de las Leyes secundarias siendo el principal el de coartar la propia autonomía del IFT en la toma de decisiones en las que la Constitución le otorga autoridad exclusiva —como es el caso en materia de competencia, por ejemplo—, y las Leyes secundarias lo obligan a consultar al respecto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.

El IFT se vio precisado a decidir sobre la necesidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara la legislación que menoscaba y vulnera las facultades del organismo regulador que para eso fue creado. Pero el pleno del instituto decidió no acudir a la corte en votación de 5 – 2, sometiéndose humillantemente a la presunta línea dictada por el Ejecutivo.



Las excusas de los cinco comisionados que votaron en contra son escuetas y francamente estúpidas.

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miércoles, 3 de septiembre de 2014

PESOS Y CENTAVOS…

Reynaldo Mota Molina

Estamos viendo el enorme despliegue publicitario que Enrique Peña Nieto está haciendo en favor de las reformas llamadas estructurales puestas en marcha por su gobierno y de su segundo informe, cuyo arranque espectacular tuvo lugar en el canal de televisión favorito, el “Canal de las Estrellas” de Televisa, naturalmente, y del extraordinario derroche de recursos públicos que esto implica en todos los medios masivos de comunicación, con la intención de legitimar el desempeño de su administración y de tratar de contrarrestar la caída de su imagen dentro y fuera del país.

De acuerdo con la encuesta realizada en México por el centro de investigación Pew Research Center —desgraciadamente las encuestadoras nacionales no son confiables— el 60 por ciento desaprueba el desempeño económico del gobierno peñista, 57 por ciento no está de acuerdo con la reforma Energética, 79 por ciento está en desacuerdo por la inseguridad y la violencia en el país, 72 por ciento considera que la corrupción política y la impunidad son un gran problema y 54 por ciento desaprueba el “combate” a la corrupción; en consecuencia la imagen presidencial se deterioró al 51 por ciento, mientras la inconformidad con su administración aumentó a 47 por ciento.

A esto hay que agregar la disminución del pronóstico de crecimiento económico a sólo 2.56 en este año, según estimación del Banco de México. Durante el primer semestre el crecimiento real fue apenas del 1.8.

Por supuesto, nada de esto se menciona en dicho informe y mucho menos en el mensaje que Peña Nieto endilgó a la nación durante dos horas de propaganda política pensando, tal vez, en su próxima reelección... 

Por otra parte se vislumbra un gasto millonario ominoso, ofensivo para la gran mayoría de los ciudadanos, con motivo de las elecciones intermedias del año próximo: 18 mil 573 millones de pesos, sólo para realizar la simulación de unas elecciones democráticas cuyos resultados se prevén desde ahora: el PRI y sus marionetas obtendrán “carro completo” en la renovación de los congresos de diecisiete estados de la República, en la mayoría de ayuntamientos y delegaciones y, por supuesto, en las nueve gubernaturas que se disputarán en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, bajo los auspicios del nuevo INE que substituye al desprestigiado IFE por su servilismo al gobierno en turno. Como son estas cosas en México, tal vez se trate solamente de un cambio de membrete, aunque eso sí, mucho más caro; y espere usted las elecciones presidenciales de 2018. Veremos y diremos…

Por lo pronto, recuerde que gracias a la reforma Electoral las boletas electorales son ahora documentos considerados como asunto de seguridad nacional, por lo que nada de revisión de boleta por boleta ni casilla por casilla ni cosas de esas. En caso de fraude, éste está garantizado y júrelo que el INE, con su Tribunal Electoral, será su fiel defensor, no árbitro garante.


Pero si se trata de solicitar incremento del salario mínimo, que ha perdido su poder adquisitivo hasta en 77.79 por ciento de 1987 a abril de este año, según un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, en la que se observa que ahora una familia puede comprar sólo 34 por ciento de una canasta de 40 productos recomendables para la alimentación del mexicano elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, resulta que las autoridades económicas y financieras, al unísono con las cámaras empresariales, dicen que es inconveniente porque repercutiría en inflación.

Pero los aumentos a los precios de la gasolina, el gas, el transporte y todo lo demás, eso no cuenta… 

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