viernes, 22 de enero de 2016

TERCERA LLAMADA

Reynaldo Mota Molina

El show mediático organizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto con la re-recaptura de Joaquín Chapo Guzmán no es más que una mal hecha cortina de humo para distraer la atención pública de los verdaderamente asuntos trascedentes que afectan negativamente la vida y situación del pueblo mexicano quien, por otra parte, le hace el juego al gobierno peñista entreteniéndose con la novela al estilo Televisa con los actores Kate del Castillo, Chapo Guzmán y Sean Penn, como personajes centrales.

Es obvio que la nueva detención del criminal narcotraficante es una cuestión negociada porque así conviene al gobierno de Estados Unidos y para el de México era algo urgente. Así como los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, utilizaron al EZLN para distraer la atención pública nacional y mundial, hasta agotarlo, ahora Enrique Peña Nieto utiliza al Chapo Guzmán con el mismo fin, sin entrar al entramado de las tres fugas anteriores incluyendo la de Sinaloa, desenmascarar a los responsables y muchísimo menos, aplicar la justicia. La delincuencia organizada en nuestro país está organizada con delincuentes de todo tipo y políticos de élite mediante un pacto de impunidad. Todo el mundo lo sabe.

La eficaz cortinilla tantas veces probada, aunque mal hecha —tal vez el pueblo no merece algo mejor—, hace que éste se distraiga de los aumentos a los productos de la canasta básica que alcanzó un incremento del 38.7 por ciento en 2015, según la Asociación Mexicana para un Comercio Justo.

La brecha de la desigualdad social es brutal y alarmante. Según la ONG Oxfam, sólo 62 personas, las más ricas del mundo, controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, es decir, 3 mil 600 millones de personas, entre las que se encuentran millones de  mexicanos.

La riqueza de dichas personas se incrementó en 44 por ciento en solo cinco años, equivalente a más de medio billón de dólares, hasta alcanzar 1.76 bdd, mientras que la riqueza en manos de la población más pobre se redujo en 41 por ciento. Los ingresos promedio anuales del 10 por ciento más pobre de la población mundial, en quienes se concentra pobreza, hambre y exclusión, incluyendo mexicanos, han aumentado menos de un centavo al año, mientras que la mitad de la nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos de los más ricos.

Debido a la inestabilidad y al bajo crecimiento económico de México la fuga de capitales extranjeros está a la orden del día; tan sólo en el primer semestre de 2015 salieron 3 mil 214 millones de dólares. No hay cifra oficial a la fecha pero se estima que se han fugado 5 mil millones de dólares por lo menos, antes de la caída de los precios del petróleo mexicano que está en su nivel más bajo: 18.69 dólares el barril.


La devaluación del peso frente al dólar rebasó en una semana la barrera de los dieciocho pesos y se vendió en bancos a $ 19.10; un nuevo mínimo histórico que desde mediados del año pasado ha sufrido descalabros frente a la divisa estadounidense.

Durante los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han cometido 56 mil 117 asesinatos en diversos estados de la República según cifras oficiales —lo cual quiere decir que son muchos más—. Los secuestros denunciados fueron 1 mil 306 y 5 mil 262 extorsiones reportadas a las autoridades. Todo esto a pesar de que en su campaña presidencial Peña Nieto se comprometió a reducir la violencia.
  
El show del Chapo Guzmán podrá distraer la atención de la gente durante algún tiempo —esta es la tercera llamada— pero es imposible tapar el sol con un dedo. Más temprano que tarde estos elementos, más los que se acumulen, explotarán en una nueva crisis que el pueblo mexicano, como siempre, tendrá que pagar… ¿O no?

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jueves, 31 de diciembre de 2015

ABANDONO DEL CAMPO

Reynaldo Mota Molina

Hemos comentado en anteriores entregas de este espacio el criminal servilismo del gobierno mexicano a los intereses extranjeros económicos y políticos con el fin de mantenerse en el poder sostenido por éstos –con todo lo que ello implica– , por sobre los intereses de la nación y del pueblo mexicano cuya situación se empobrece más cada día, por mencionar lo menos.

El campo, recurso fundamental y valiosísimo para la producción de alimentos en la mayor parte del territorio nacional, desde hace por lo menos tres décadas con el pretexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), ha sido paulatinamente entregado a consorcios internacionales para su explotación y enriquecimiento desplazando a los productores nacionales aumentando su empobrecimiento. Caso evidente, patético e indignante, como ejemplo, es una gran extensión sobre la carretera 100 a la altura del municipio de Colón en el estado de Querétaro, a cuyos productores extranjeros se ha dado toda clase de facilidades para el usufructo agrícola de tecnología avanzada, mientras a los campesinos locales les fue negada la asistencia técnica y recursos hasta que, de alguna manera, fueron despojados de sus fértiles terrenos. Hoy, a lo más, algunos de ellos o sus descendientes trabajan como peones en dichas instalaciones.


Casos como este provocan el desapego del agricultor por la tierra e incentivan la emigración hacia Estados Unidos principalmente, ya que aquí no encuentran opciones de sobrevivencia. Tan solo en los últimos diez años se han “perdido” cerca de cinco millones de hectáreas de cultivo en el país y alrededor de dos millones de campesinos han emigrado hacia el país del norte.

“El sistema agroalimentario se está despoblando –dicen algunos entrevistados por el técnico forestal Raúl Torres Lugo (Tierra Fértil Núm. 82. Septiembre 2015)–. Corre el grave riesgo de perder una generación productiva. El relevo del conocimiento transmitido de generación en generación por décadas se esfuma, y con ello pierde la nación mexicana la seguridad y soberanía alimentaria. El promedio de edad de sus principales actores es de 55 años y una juventud que no ve viable como fuente de vida la actividad agropecuaria”.

Tres causas principales fomentan la migración y tienen sumido en la miseria a la mayor parte del campo nacional. Una: El gobierno mexicano planeó desde hace años, echar del campo a la mayoría de productores pequeños. Dos: El campesino se va de su tierra porque se quedó sin patrimonio al aceptar políticas públicas contraproducentes para el sector agroalimentario, que a fin de cuentas, llevaron al desmantelamiento del campo. Tres: Aunada a las anteriores, la gravedad de la inseguridad.

  A lo largo de treinta años, según Rubén Vázquez de la Rosa, presidente de la Federación Nacional de Productores de Granos Básicos, los gobernantes han arruinado la estructura de un campo próspero y, apoyados en la firma de tratados comerciales, ahora provocan hambre al campesino en México y desarraigo de su único patrimonio: la tierra. “Este es un plan conformado y aceptado por funcionarios de esta y otras administraciones federales desde hace tiempo”.

El gobierno simula a diario apoyar al campo con muchos recursos, cuando en realidad, sólo algunos pocos productores son a quienes hace ricos. Por ejemplo, los créditos de 230 mil pesos que eran, según esta administración, para el pequeño productor en Guanajuato, de alrededor de 400 solicitudes sólo la recibieron 50 campesinos a lo sumo.

Corrupción criminal: Cumplido (PRI).

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martes, 22 de diciembre de 2015

URGENCIA DEL DESPOJO

Reynaldo Mota Molina

El 15 de julio pasado se puso en marcha el segundo despojo más grande de la nación mexicana —en el primero perdimos más de la mitad del territorio mexicano en 1848 a manos de Antonio López de Santa Anna y a favor de Estados Unidos de América—. En el segundo la pérdida es el petróleo, la principal fuente de ingresos de divisas después de las remesas de inmigrantes, lo que significa la pérdida del control sobre nuestros recursos naturales, el sometimiento de las poblaciones que habitan las regiones petroleras, la pérdida de ingresos, el debilitamiento institucional del propio Estado, el inicio de un camino sin rumbo y la consumación de un crimen de lesa patria en que el país retrocederá a la subordinación en esta materia, a manos de Enrique Peña Nieto y a favor de Estados Unidos de América y sus socios.

A dicho despojo se le llamó protocolariamente Ronda Uno que contemplaba la asignación de 14 bloques petroleros de los 169 que se tiene previsto licitar, con una extensión territorial de 28 mil 500 kilómetros cuadrados del Golfo de México incluyendo tierras, aguas someras y aguas profundas. Un proyecto tan ambicioso y rápido que no tiene precedente en el mundo.

Sin embargo, la primera etapa de la mentada Ronda Uno fue un soberano fracaso. De los 14 bloques licitados solo 2 fueron adjudicados al consorcio mexicano-británico-estadounidense encabezado por Sierra Oil & Gas, casualmente, en el que está involucrado un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Los 12 restantes se declararon desiertos al no presentarse ofertas por parte de los competidores extranjeros o determinarse que las emitidas resultaron insolventes. ¿Falta de confianza en el gobierno mexicano por parte de los supuestos inversionistas, o qué…?

Rápidamente los peñistas afinaron algunos aspectos para hacer más atractiva la oferta y en la segunda fase de la Ronda Uno realizada el 30 de septiembre pasado, que incluye nueve campos petroleros en aguas someras del Golfo de México y serán adjudicados mediante cinco contratos, de las 14 firmas precalificadas 9 presentaron sus propuestas económicas y garantías de seriedad. De éstas, Grupo Carso, de Carlos Slim, no tiene experiencia en la exploración de hidrocarburos, pero otra empresa de su propiedad, la minera Frisco, a pesar de la oposición de al menos 100 mil familias, ha ocasionado derrumbes, acaparamiento de agua y fracturas de las casas de los pobladores de Salaverna, Zacatecas y, ¡tan campante!

Pero al gobierno de Peña Nieto le urge le venta petrolera, que no fluye, y no corren los ríos de dinero a sus bolsillos ni a los de sus amos, y el 15 de diciembre llevó a cabo la tercera etapa de la famosa Ronda Uno, con la adjudicación del cien por ciento de los campos petroleros concursados, es decir, 25 de 25 contratos entre los que dice Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, hay empresas mexicanas, extranjeras y asociaciones en consorcio???


De los 25 campos adjudicados, 17 son de aceite y 8 son de gas en la Cuenca de Burgos. Los estados donde se ubican dichos campos son: Chiapas con 5, Nuevo León 7, Tabasco 5, Tamaulipas 2 y Veracruz 6.

Según Coldwell, “la licitación traerá una producción pico de 77 mil barriles diarios de petróleo y una inversión de mil 100 millones de dólares” y agregó: “Con los resultados obtenidos en esta licitación, se suman 22 empresas al nuevo sistema industrial de hidrocarburos mexicano”.

…¿Y yo qué? dirá usted… 

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viernes, 4 de diciembre de 2015

LIBRE COMERCIO

Reynaldo Mota Molina

Ante el mayor sigilo y profundo secreto el gobierno de Enrique Peña Nieto trataba de culminar un acuerdo comercial con siete países –Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, Perú y Vietnam– desde 2012 en que inició su gobierno, pero resulta que WikiLeaks publicó en noviembre de 2013 un borrador del capítulo de Propiedad Intelectual de dicho tratado y se provocó un escándalo a nivel mundial que aquí los medios alineados del gobierno guardaron cómplice silencio. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué se esconde a espaldas de los ciudadanos mexicanos? Seguramente nada para su beneficio y sí en su perjuicio. De otra manera no habría por qué actuar a escondidas…

No pudiendo continuar el secreto, pero sí el cauteloso silencio, finalmente el tratado se firmó el pasado 5 de octubre con el nombre: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), bajo un mar de sospecha y desconfianza incluso del sector empresarial que, en primera instancia, ve un panorama incierto y amenazador para su economía y desarrollo; en última, los consabidos jodidos, usted y yo. Dicho acuerdo es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una gran variedad de materias de políticas públicas.

 La amenaza se cierne en agricultura, aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, competencia con empresas comerciales del Estado, comercio y medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales-institucionales, y todo lo que ello implica, sobre lo que las instancias respectivas de gobierno guardan absoluto silencio.

Todo este bloque económico y comercial resulta ser una estrategia de Estados Unidos para detener la expansión de la economía china que paso a paso se va extendiendo como la primera economía del mundo, que hasta ahora aún conserva la nación estadounidense.

El gobierno mexicano como siempre, atendiendo las órdenes de su amo, firmó el acuerdo con países con quienes ya tenía firmados tratados de libre comercio como Canadá, Estados Unidos, Japón y Perú.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en vigor desde enero de 1994, tuvo por resultado el abatimiento del campo mexicano entre otros grandes desastres y la consecuencia de mayor dependencia alimentaria y económica del país del norte –Estados Unidos nos abastece de MAÍZ, habiendo sido un producto de origen mexicano– y, claro, el enriquecimiento de un puñado de políticos y empresarios.

El Tratado de Libre Comercio con Japón está en vigor desde abril de 2005 y el de Perú desde febrero de 2012. Tal vez a usted le beneficie en algo la suscripción de dichos tratados pero a la mayoría no. Ya sabe usted que siempre se esgrime el discurso de que es para beneficio de los mexicanos…


A la fecha, México cuenta con una red de 15 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 31 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que sirven para dos cosas… La que le puedo decir es que la balanza comercial con todos ellos es desfavorable a México. ¿Por qué…?

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viernes, 20 de noviembre de 2015

LA CUESTIONADA REVOLUCIÓN MEXICANA

Reynaldo Mota Molina

A 105 años de distancia el movimiento armado iniciado por Francisco Ignacio Madero en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que había ocupado la presidencia de México desde 1876, sigue siendo tan cuestionado como lo fue desde un principio aunque por diferentes razones. Con Madero se encendió la mecha que incendió el país mediante el Plan de San Luis que denunciaba los abusos de la dictadura y exponía entre otros proyectos el de restituir a los campesinos los terrenos arrebatados por el porfirismo, señalando el 20 de noviembre de 1910 como fecha del alzamiento bajo el lema “Sufragio Efectivo, No Reelección”.

Finalmente, Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y partió exiliado el 31 de dicho mes y año a París, Francia. Francisco I. Madero fue traicionado y sacrificado el 22 de febrero de 1913.

La Revolución mexicana ha sido cuestionada incluso como tal, porque algunos autores sostienen que los líderes de los diferentes grupos no luchaban por un fin común organizado sino que peleaban unos contra otros en busca de sus propios ideales e intereses, es decir, lo que en forma pragmática el pueblo denominó “la bola”.

Como quiera que sea, la realidad es que el movimiento armado costó más de un millón de vidas de hombres, mujeres y niños, revolucionarios o no, pero muchos de ellos con el ideal de morir en aras de un país mejor… y muchos cuestionamos: ¿Valió la pena?

Los ganones fueron los políticos militares quienes haciendo a un lado lo del “Sufragio Efectivo, No Reelección”, sucesivamente se apoderaron de la presidencia de la República empezando por Venustiano Carranza. Enarbolando la bandera de la revolución Plutarco Elías Calles fundó el hegemónico Partido Nacional Revolucionario (PNR), Lázaro Cárdenas el corporativismo cambiando a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Miguel Alemán abriendo el paso a civiles universitarios, a Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en suma, usufructuaron la revolución durante más de setenta años consecutivos.

No existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunos lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunos otros en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o 1924 con la de Plutarco Elías Calles, algunos más aseguran que el proceso se extendió hasta la década de 1940 con Jesús Silva Herzog, pero es un hecho que la Revolución mexicana murió hace mucho tiempo.


Sin embargo, los políticos han seguido explotando la Revolución como una gesta gloriosa que construyó una democracia y un país más próspero y más justo, pero vemos que la realidad es muy distinta porque prevalecen las condiciones de pobreza, explotación e injusticia que existían desde los tiempos de Porfirio Díaz agravadas hasta el infinito por los gobiernos neoliberales, corruptos y coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado. A la fecha, 55 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza y 30 por ciento en la miseria. ¿De qué sirvió la Revolución…?

Los gobiernos panistas tuvieron su oportunidad de transformar verdaderamente el país en el año 2000 pero rápidamente aprendieron la forma del saqueo impune y traicionando sus propios ideales convirtieron el país en un mar de sangre, muerte, desesperanza y mayor pobreza e injusticia.

Antagónicos de la palabra revolución, cambiaron la fecha de su conmemoración para mayor deslave; no supieron qué hacer con el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, pero aprovecharon la oportunidad de defraudar a la nación con una monumental estupidez llamada Estela de Luz.

Los neopriistas, nuevamente en el poder, ajenos a por qué se dicen revolucionarios institucionales, sólo saben que están al servicio de los patrones neoliberales y por ello tienen las arcas abiertas para su enriquecimiento, y que taca tataca la Revolución…





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domingo, 8 de noviembre de 2015

MALA EDUCACIÓN

Reynaldo Mota Molina

Desde la época vasconceliana la educación pública en México fue concebida y diseñada “de medio pelo” para que el pueblo, que se debatía en los estragos de la postrevolución, no tuviera posibilidades de desarrollar el pensamiento y capacidades que pusieran en riesgo los planes políticos de los gobiernos revolucionarios.

Así ha sido desde entonces y hemos visto a través de los años y comprobado ahora, que el sistema educativo de nuestro país está muy lejos de competir con los estándares internacionales en todos los niveles de la educación, desde la preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, tecnológica y aún la de postgrado, radica en la mediocridad y en la frustración de los estudiantes que en búsqueda del desarrollo profesional, si llegan a terminar sus estudios en cualquier entidad pública, se encuentran en desventaja al pretender un empleo adecuadamente remunerado.

Más aún, el presupuesto para la educación en nuestro país es de los más bajos del mundo, en contraste con los altos ingresos que reciben magistrados, legisladores y partidos políticos, por mencionar sólo estos ejemplos, sin contar los recortes presupuestales que agravan el problema.

El sistema educativo de México está diseñado para producir mano de obra barata para las empresas transnacionales estadounidenses principalmente, españolas, y de otros países europeos. Así vemos que desde la enseñanza secundaria se imparten talleres técnicos a los estudiantes; en la preparatoria se fomentan las actividades técnicas y los egresados reciben un certificado que los acredita como técnicos. Las instituciones tecnológicas hacen lo propio. La proliferación de universidades privadas con currículos tecnológicos está en boga con el mismo objetivo.

El sistema de educación pública no contempla la formación de líderes en ninguno de sus niveles —el gobierno mexicano es enemigo de que la gente piense—, no fomenta la creatividad empresarial, por el contrario, sólo forma empleados de servicios, y crea instituciones de enseñanza técnica.

Así, los egresados sólo aspiran a empleos menores, y quienes reciben un título profesional no tienen el perfil correspondiente a los requerimientos de las empresas y terminan aceptando menos.


Las reformas constituciones aprobadas el año pasado —muchas sobre las rodillas, es decir, rapidito porque así convenía a los intereses del gobierno— van acordes a este esquema, por ejemplo, los contratos temporales que no generan prestaciones sociales ni crean derechos laborales; todo a favor del patrón.

 El servilismo de los gobiernos mexicanos a los intereses extranjeros ha sido manifiesto desde Porfirio Díaz, para no irnos más lejos, que en un afán mal planeado del desarrollo del país, permitió la explotación del petróleo y las minas, sin reservas, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, etcétera, hasta que Lázaro Cárdenas puso un hasta aquí a las empresas petroleras, pero las mineras siguen saqueando oro, plata y demás minerales con métodos inhumanos, ante la absoluta complacencia de los gobiernos en turno. México es el único país del mundo cuyas minas siguen explotándose a cielo abierto y sin protección segura para los trabajadores.

Cierto es que hay muchos mexicanos sobresalientes en los campos de la administración, la ciencia y la tecnología, algunos de los cuales emigran al extranjero para desarrollarse, pero en realidad son muy pocos en proporción de los 115 millones de habitantes del país, resultado indudable de la mala educación en México. 

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lunes, 26 de octubre de 2015

¿DÓNDE ESTÁ EL ENEMIGO PÚBLICO?

Reynaldo Mota Molina

Por tercera vez Joaquín “Chapo” Guzmán escapó de la mano “justiciera” del gobierno mexicano; las dos primeras, de complacientes penales federales de alta seguridad y la tercera, de un operativo de la Marina Armada de México, después de que agencias antidrogas de Estados Unidos detectaron su ubicación en un rancho cercano a la población de Cosala, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental. Esto concediendo que así haya sucedido y no sea otra complacencia o un simple distractor de la atención pública.

Porque el gobierno de Peña Nieto no quiere que la ciudadanía fije su atención en la pobreza y el hambre que le aqueja y menos aún en la inseguridad creciente del territorio nacional como lo muestran los muertos recientes de Iztapalapa, sin embargo, no puede ocultar que en los tres primeros años del sexenio se han cometido más de 51 mil asesinatos, según las cifras oficiales al pasado mes de septiembre, aunque el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, reporta 57 mil, según su propio conteo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Solamente de enero a septiembre del año en curso son 13 mil 920 los asesinatos cometidos; en 2014 fueron 17 mil 324 homicidios dolosos; en 2013, 18 mil 447; y tan solo en diciembre de 2012, mil 696, durante el primer mes de gobierno de Peña Nieto. La suma de dichas cifras son un total de 51 mil 387 asesinatos en medio de la más absoluta impunidad.

En el nefasto gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron más de 70 mil muertes violentas con la dizque “guerra contra el narcotráfico”, aunque extraoficialmente la cifra rebasa 100 mil 200 muertos. Al paso que va, el gobierno peñista superará la cifra macabra, y eso que no estamos “en guerra”.
   
Un número indeterminado de estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad “al servicio del pueblo”: las policías federal, estatal y municipal, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, y uno se pregunta: ¿Dónde está el enemigo público…?


¿Será por eso que el Ejército se niega rotundamente a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue directamente a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los sucesos de septiembre del año pasado relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contraviniendo la disposición mostrada públicamente por el “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, evidenciando que ésta es solo aparente?

Porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó tal posibilidad en la audiencia pública realizada el pasado martes 20 en  la ciudad de Washington, alegando que dicho tema no forma parte de los puntos convenidos el día anterior con el GIEI. Sin embargo, los expertos aseguran que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

¿Por qué tanto resquemor del gobierno al interrogatorio de militares? ¿Pues no que el Ejército está para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, según reza la Constitución Política mexicana?

Por eso insistimos: ¿Dónde está el enemigo público…?



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