¿ANDA POR AHÍ UN PRESIDENTE?

Reynaldo Mota Molina

Según nuestra Constitución Política “el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, pero resulta que en la práctica y ante el deterioro de la imagen presidencial desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, acentuado grotescamente en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y la falta de oficio político de Enrique Peña Nieto, evidenciado con el lamentabilísimo caso Ayotzinapa, resulta confuso saber hoy quién en realidad gobierna el país.

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, que no es miembro del gabinete sino simple empleado del presidente, se asume como tal al declarar al periódico español El País: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas…”, que francamente, no se entiende a qué se refiere concretamente, pero se adjudica la voz presidencial y no pasa nada.

El titular de la Secretaría de Marina y Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz —para hablar de solo dos casos—, tal vez remedando expresiones de enojo de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa en la reunión que tuvieron con algunos miembros del Senado de la República, y en un intento de desvirtuar su legítima inconformidad y exigencia por su hijos desaparecidos, dijo: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando … Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos”.

Con tales afirmaciones el secretario de Marina se toma atribuciones que no corresponden a las fuerzas armadas para deslegitimar voces y acciones de los indignados y dolidos padres de familia, que son espejo de la indignación general creciente dentro y fuera del país, pero además, el gobierno aún no ha dicho lo que pasó… por eso aumenta el reclamo y el clamor de justicia.

Enrique Peña Nieto ante una muestra absoluta de insensibilidad, incompetencia y desatino por el asesinato y desaparición de los jóvenes estudiantes, llama “a que superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno…”. Es decir: ¿Se trata de echarle tierra al asunto de Ayotzinapa, y ya? ¿Así como se ha hecho con Tlatlaya, la Guardería ABC, San Fernando, las muertas de Juárez, Acteal, Aguas Blancas… y tantos casos irresueltos e impunes?

Tal parece que lo único que verdaderamente le interesa a Peña Nieto es cómo salvar los multimillonarios negocios que se le están yendo de las manos como el tren rápido México-Querétaro, el Acueducto Pánuco-Monterrey, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que invariablemente es contratista el consorcio inmobiliario preferido Higa, desde que era gobernador del Edomex, el mismo que tiene a su cargo el nuevo hangar presidencial y es dueño de la “casa blanca” de Peña-Rivera, de la casa de campaña de Peña Nieto que aún conserva y de los aviones que le dieron servicio durante su candidatura y precandidatura.

De Poco o nada sirven los distractores mediáticos soltados con la casa del secretario de Hacienda Luis Videgaray con el mismo consorcio y el aparente distanciamiento con Televisa. El gobierno peñista prepara el garrote y la ley mordaza contra las manifestaciones populares aunque sean pacíficas. Él se encarga de los disturbios.

Así queda manifiesta la participación directa de la Policía Federal, además de la Municipal, en el caso Ayotzinapa, desde que los estudiantes salieron de las instalaciones de la Normal en que ya eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal con el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual da un vuelco a la historia oficial, con el resultado conocido por todo el mundo.

¿Y el presidente?, bien, gracias.

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“MOVIENDO A MÉXICO”… AL DES-PEÑA-DERO

Reynaldo Mota Molina

La gran crisis en que está metido el gobierno de Enrique Peña Nieto no es sino el resultado de su incapacidad y falta de oficio para gobernar a un país ubicado en el borde del hartazgo y la desesperación a que lo han llevado sus acciones, excesos, abusos y todo lo que implica ser un mal gobierno, así como las inacciones en la impartición de justicia, de combate a la corrupción y a la impunidad; de combate a la pobreza y a la desigualdad social, en fin, en todo lo que afecta al 99 por ciento de la población civil.

La ostentación de la que ha hecho gala desde su candidatura y pre-candidatura a la presidencia —Monex Gate, Soriana y todo lo demás incluido—, hasta la adquisición de un súper avión presidencial con más de doscientas plazas —quién sabe para qué— y, para colmo, la compra de una mansión hecha al gusto con valor de 86 millones de pesos unida a la de su mujer, utilizada como moneda de cambio con Televisa, es el cultivo del caldo preparado con despotismo e insensibilidad política, y falta agregar los ingredientes del estancamiento económico —del que ya no se puede culpar a Estados Unidos porque aquella economía sí ha crecido aunque sea un poco—, la reducción de crecimiento (PIB) y más, por un lado, y por el otro, la exacerbación de la violencia del crimen organizado con la complicidad de las policías, del Ejército y la Armada de México, hacen insoportable la vida ciudadana.

A pesar de todo esto, la sociedad civil manifestó su inconformidad una vez más, en forma pacífica, mediante una jornada global de movilizaciones el 20 de noviembre por la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotizinapa, Guerrero, en la que confluyeron en el zócalo capitalino tres numerosos contingentes de manifestantes, como hace decenas de años no veía, integrados en muchos casos por familias con niños pequeños y adultos mayores en un afán de demostrar el espíritu pacífico de las marchas, hasta que fue reventada por provocadores profesionales infiltrados —como sucedió en el 68 con las brigadas blancas y en el 71 con grupos de los halcones—, presuntamente por el gobierno peñista al final de la mega manifestación, en que las policías auxiliar y federal arremetieron brutal e indiscriminadamente contra todo tipo de personas con el propósito evidente de refrenar futuras manifestaciones.

“Los mexicanos regresan a sus viejos demonios” fue el encabezado del periódico francés Le Monde cuando Peña Nieto (PRI) obtuvo el triunfo del proceso electoral 2012. Este fin de semana ese mismo diario dice en un editorial: "Revuelta contra el Estado-mafia" y aborda también el asunto de la llamada casa blanca de los Peña-Rivera. Aguda y certera la mirada de la prensa internacional en el balcón México.

¿Cuánta porquería se ocultaba en el proyecto del tren rápido México-Querétaro?, que Enrique Peña prefirió cancelarlo abruptamente, estando aprobado, ante el tsunami que vio venir con la inminencia del descubrimiento por parte del periodismo de investigación serio, profesional y objetivo como el de Carmen Aristegui y su equipo, sobre conflictos de interés del propio Peña Nieto, Grupo Higa —dueño de la mansión Peña-Rivera—, altamente favorecido durante la gubernatura de Peña Nieto en el Edomex, Prodemex de Vázquez Raña, y el grupo liderado por China Railway Construction, único postor favorecido por el gobierno peñista para dicho proyecto multimillonario de 59 mil millones de pesos.

Además y como siempre, los mexicanos tendremos que pagar los gastos y costas que se deriven de tal cancelación, y todavía Peña pega el grito en el cielo porque dice que hay un complot para desestabilizar su gobierno, cuando éste está desestabilizado desde la elección de julio de 2012, por falta de legitimidad.

Y ni teniendo en su poder a los narcos José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, esposa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existe el menor rasgo creíble de la situación de los 43 jóvenes desaparecidos, mientras la tensión nacional y la presión internacional crecen minuto a minuto.

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CRECE INCONFORMIDAD Y HARTAZGO

Reynaldo Mota Molina

El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso, resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos, empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.

Pero el abanderamiento de las causas sociales que esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos, como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su extinción.

La gravedad de la desaparición de los estudiantes normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.

Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.

Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!

Hay testimonios periodísticos de que precisamente dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.

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¿DE DÓNDE DIABLOS…?

Reynaldo Mota Molina

A más de un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, de dicho estado, la ola de indignación y reclamo por la violación de los derechos humanos en México a cargo de las instancias de seguridad pública, crece y se amplía en el ámbito mundial sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto ni las autoridades encargadas de la procuración de justicia tengan algo concreto que decir, sino las consabidas promesas y excusas.

El Parlamento Europeo condenó el jueves pasado las desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala, y pidió a la autoridad mexicana investigar todos los delitos y conducirse de forma rápida, transparente e imparcial a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los responsables, al mismo tiempo que expresó condolencias y apoyo a familiares y amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano.

Si bien el pronunciamiento de dicho organismo internacional guarda las formas diplomáticas, es contundente en su declaración que no es usual de una resolución conjunta.

Los parlamentos nacionales de Alemania e Italia están preparando, cada uno, pronunciamientos con el mismo fin, según Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia e Investigador de la Universidad de Columbia. El Partido Democrático Italiano redactó un documento de repudio y rompimiento de relaciones comerciales con México, instándolo a procesar crímenes de lesa humanidad como es el caso de Iguala, donde se cometieron los crímenes y desaparición de los normalistas.

Sin embargo, afirma Buscaglia, los embajadores de México en Europa, que fungen más bien como representantes de negocios, están encargados de bloquear tales pronunciamientos y encubrir lo que sucede en el país, y tratando de proyectar una imagen que siga llevando dinero a los sectores oligopólicos.

Así mismo la ONU emitió un comunicado que dice: “Pedimos  al Gobierno (de México) a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas…”.

La prensa mundial no pierde de vista la gravedad de los sucesos que se viven en México y está presionando fuertemente contra la corrupción y la impunidad que emana del gobierno y la colusión con el crimen organizado. “El derrumbe del teatro de cartón” de Enrique Peña Nieto, dice la revista especializada The New Yorker, como muestra de lo que se dice allá afuera.

Los reclamos y manifestaciones internas también son crecientes y proliferan en todo el país cada vez con mayor vigor y exigencia, aunque de manera pacífica; esto es muy importante porque está más que demostrado que las manifestaciones violentas y el derramamiento de sangre son inútiles, la sangre ya no tiene precio. San Salvador Atenco, por mencionar sólo un caso, es inobjetable.

El gobierno de Peña Nieto no sabe qué hacer… cómo salir del gigantesco embrollo en que lo metió un narco investido —no infiltrado, como se dice— de presidente municipal de Iguala… Aparecen más fosas clandestinas con más cadáveres calcinados, mochilas, lapiceros y muestras recientes de sangre… Aparecen también testimonios de que algunos de los estudiantes fueron incinerados heridos, pero vivos…

Las autoridades se limitan a comunicar que son 11 las fosas clandestinas encontradas con 38 cadáveres al 24 de octubre, “de las que aún no se cuenta con dictámenes periciales concluyentes que permitan determinar la antigüedad de los cadáveres ahí exhumados y, en consecuencia, su relación con los hechos de esta investigación”.

“Se los llevaron vivos y vivos los queremos” es el clamor popular…

¿De dónde diablos los van a sacar…?

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CALLEJÓN SIN SALIDA

REYNALDO MOTA MOLINA

Horror, muerte, impunidad y corrupción es lo que se respira en México a pesar de los esfuerzos de Enrique Peña Nieto y de su séquito para que no trascienda la violencia que se vive, que va en aumento, que rebasa las maniobras oficiales para tratar de desviarla de la atención pública nacional e internacional, y supera con mucho la capacidad del gobierno para controlarla, evidenciando el gran vacío de poder que subsiste en el Estado mexicano.

La masacre de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio pasado a manos del Ejército mexicano contra presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, dejó un saldo de 22 muertos y 3 heridos. En el operativo, ahora se sabe, los militares utilizaron las armas de los muertos para acribillar al resto de delincuentes, seguramente con la intención de desviar la evidencia. En un principio el Ejército emitió un comunicado informando que dichas personas murieron en un enfrenamiento; posteriormente y ante el testimonio de una sobreviviente y las publicaciones extranjeras de la Agencia AP y Esquire, se rectificó y se dijo que sólo uno murió en el enfrentamiento y los demás murieron ejecutados, según reconoce el Procurador General Jesús Murillo Karam.

En Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, tomaron tres autobuses con la intención de dirigirse a la Ciudad de México y unirse a las manifestaciones populares conmemorativas de la masacre de Tlateolco del 2 de octubre. Momentos después la policía municipal alcanzó a los vehículos y abrió fuego, mientras otro grupo armado disparó contra un autobús del equipo de futbol Avispones y un automóvil. En primera instancia se causó la muerte de tres normalistas y tres personas más, entre ellas, la de un menor que acompañaba al equipo de futbol y una mujer que viajaba en un taxi, además de por lo menos 25 heridos.

El hecho provocó la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Normal, pero según las autoridades se localizaron con vida 14, lo que deja un número de 43 desaparecidos que nadie sabe en dónde y en qué condiciones están al cierre de la edición.

El Procurador Murillo Karam informa que se han encontrado nueve fosas clandestinas en Iguala con 28 cuerpos calcinados hasta ahora, sin poder precisar si algunos de ellos corresponden a los normalistas desaparecidos. Ante la desconfianza, familiares de éstos exigen que peritos extranjeros realicen los estudios en forma independiente.

El suceso ha levantado una ola de indignación y de protesta en todo el mundo exigiendo la aclaración y castigo de los culpables mientras el gobierno mexicano y las autoridades respectivas repiten el consabido discurso de que se está investigando y se hará justicia, conforme a derecho…, una salida que se manipula para la impunidad.

A estas alturas nadie sabe por qué y quién ordenó a la policía municipal disparar contra los estudiantes normalistas, sin embargo, los familiares rechazan que la delincuencia organizada esté involucrada directamente, como han sugerido algunas autoridades, y testigos señalan que agentes municipales apresaron a los estudiantes, los metieron en patrullas y celdas, para después desaparecerlos.

El alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, es sospechoso de los hechos y se encuentra prófugo, lo mismo que el director de la corporación policial y el secretario de Seguridad Pública Municipal. Llegó al cargo, se dice, impuesto por el crimen organizado a través de la agrupación “Guerreros Unidos” a la que pertenece; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, también perredista, está en entredicho y posiblemente, metafóricamente, ruede su cabeza.

No es el único caso de funcionarios de todos los partidos y todos los niveles de gobierno que llegan al poder impuestos por el crimen organizado, como todos lo sabemos, pero estamos entrado al periodo electoral 2015, de modo que no le extrañe que muy pronto lo visiten a usted, le prometan el oro y el moro y le compren su voto, con el único fin de continuar con la simulación de que vivimos en un país democrático. Ese es el negocio de la política en México y el resultado de los sucesos que hoy abordamos.  

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AUTONOMÍA FICTICIA. Segunda parte.

Reynaldo Mota Molina

Hablamos en nuestra entrega anterior sobre la decisión dividida del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para no acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer una controversia constitucional para revisar la legislación secundaria que disminuye y viola la autonomía constitucional del instituto en sus funciones regulatorias y varios puntos más.

La cuestión que preocupa e inconforma a mucha gente en relación al quebranto de las autonomías establecidas en las recientes reformas constitucionales no es solamente esta. Está, además, la del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que las Leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones permiten que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia tengan acceso directo a todos los datos de los usuarios sobre telefonía sin que medie autorización judicial previa; datos que van desde su nombre, hasta los registros de mensajes de voz, textos y llamadas, violando flagrantemente los derechos de los ciudadanos.

Los inconformes, junto con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y más de doscientas ONGs, conscientes de la gravedad de estas violaciones, denuncian que tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios y el acceso directo de las autoridades de gobierno transgreden los derechos fundamentales de los usuarios.

En el Congreso de la Unión los diputados y los senadores se hicieron como el tío Lolo para no reunir los votos suficientes y presentar oportunamente una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca respondió a las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil para pronunciarse al respecto por lo que, llegado el término (13 de agosto pasado), el IFAI tuvo que discutir en el pleno el asunto y, por un voto que cambió de parecer a última hora —casualmente—, decidió no presentar el recurso de inconstitucionalidad a que estaba obligado por las violaciones al derecho al acceso a la información y la protección de datos personales que establecen las nuevas Leyes regulatorias.

La CNDH, de haber cumplido con las obligaciones para las que fue creada, es decir, de haber interpuesto en este caso una acción de inconstitucionalidad en contra de las violaciones de la nueva Ley de Telecomunicaciones, podría haber incluido también violaciones a la libertad de expresión y argumentar en contra del poder de censura e imposición de prácticas discriminatorias hacia los medios de uso social que la nueva Ley impone al IFT, pero prefirió hacerse omisa.

Todo esto, para la opinión pública, no es casual; presuntamente obedece a las indicaciones que instituciones y organismos públicos reciben del Ejecutivo en su afán de recuperar el poder absoluto que ejerció durante más de setenta años en el pasado. Todo político y servidor público sabe perfectamente que si se opusiera a cualquier indicación que contrarié el interés del Ejecutivo estaría muerto políticamente de por vida y en vez de esto prefiere someterse, conservar la chamba y ganar privilegios agachando la cabeza.

Así funciona esto en nuestro país y se llama corrupción, pero para Enrique Peña Nieto no es algo inquietante, al contrario, es algo natural y parte cultural del político y del burócrata, según lo expresó con motivo de su segundo informe de gobierno.

Por eso la corrupción en México no se combate, se premia con impunidad.

Tal vez esto tenga que ver con el hecho de proclamar hoy una reforma constitucional aparentando buenas intenciones y mañana traicionarla con las Leyes reglamentarias. Seguramente produce buenas ganancias y aumenta el poder.

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AUTONOMÍA FICTICIA

Reynaldo Mota Molina

Sería sano e interesante llegar a saber el móvil de por lo menos algunas decisiones de Enrique Peña Nieto y su gobierno —ya que son imposibles de comprender para los más de ciento doce millones de ciudadanos comunes y corrientes—, de cómo y por qué primero presentó las iniciativas de las reformas constituciones más importantes y trascendentales, a grado tal de trastocar en forma definitiva el destino del país y de sus habitantes en por lo menos dos ejes fundamentales como son la Energética y la de Telecomunicaciones, por mencionar solamente estas dos de las once que ha promulgado en lo que va del sexenio.

Seguramente usted recuerda el extraordinario despliegue publicitario de los supuestos beneficios que traería para todos los mexicanos el hecho de dejar en manos privadas, extranjeras y nacionales, la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica en los precios domésticos del gas, de las tarifas eléctricas y de un sinfín de promesas incluyendo la generación de cientos de miles de empleos bien remunerados.

En la de Telecomunicaciones ofrecía poner fin a los monopolios en general, incluso se integró un nuevo organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dotándolo de amplias facultades para regular y controlar efectivamente la televisión y la telefonía, entre muchas otras cosas, y así fueron promulgadas. 

 Muchos aplaudieron la decisión de que Peña Nieto al fin se atreviera a ponerle el cascabel al gato en materia de telecomunicaciones —ver “A ver si así”— sin ocultar el recelo que significaba la aplicación real de dichas reformas constitucionales.

Todos sabemos en qué terminaron; las Leyes reglamentarias presentadas por el mismo Enrique Peña Nieto contradicen en puntos vitales lo que establecen las propias reformas constitucionales —¿quién lo entiende? ¿Cuál es la razón verdadera de esto? ¿Cómo es posible que el Congreso de la Unión solape y apruebe que las leyes secundarias superen a las constitucionales? ¿Entonces, para qué sirve…? 

No sólo esto. Las Leyes reglamentarias en materia energética son muchas y dejan conscientemente cientos o quizá miles de recovecos jurídicos por donde los monstruos petroleros internacionales tendrán oportunidad de sacar los energéticos impunemente, a su antojo y conveniencia, y los mexicanos, como siempre, nos quedaremos sólo mirando…

Las de Telecomunicaciones terminaron con un suculento paquete de regalos a Televisa más allá de lo que pretendía y empoderando sospechosamente a Gobernación en relación con los contenidos y los derechos de las audiencias.

Estos atracos generaron la reacción de ciudadanos, analistas especializados y organizaciones civiles que señalaban la inconstitucionalidad de cuando menos quince puntos específicos de las Leyes secundarias siendo el principal el de coartar la propia autonomía del IFT en la toma de decisiones en las que la Constitución le otorga autoridad exclusiva —como es el caso en materia de competencia, por ejemplo—, y las Leyes secundarias lo obligan a consultar al respecto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.

El IFT se vio precisado a decidir sobre la necesidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara la legislación que menoscaba y vulnera las facultades del organismo regulador que para eso fue creado. Pero el pleno del instituto decidió no acudir a la corte en votación de 5 – 2, sometiéndose humillantemente a la presunta línea dictada por el Ejecutivo.

Las excusas de los cinco comisionados que votaron en contra son escuetas y francamente estúpidas.

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PESOS Y CENTAVOS…

Reynaldo Mota Molina

Estamos viendo el enorme despliegue publicitario que Enrique Peña Nieto está haciendo en favor de las reformas llamadas estructurales puestas en marcha por su gobierno y de su segundo informe, cuyo arranque espectacular tuvo lugar en el canal de televisión favorito, el “Canal de las Estrellas” de Televisa, naturalmente, y del extraordinario derroche de recursos públicos que esto implica en todos los medios masivos de comunicación, con la intención de legitimar el desempeño de su administración y de tratar de contrarrestar la caída de su imagen dentro y fuera del país.

De acuerdo con la encuesta realizada en México por el centro de investigación Pew Research Center —desgraciadamente las encuestadoras nacionales no son confiables— el 60 por ciento desaprueba el desempeño económico del gobierno peñista, 57 por ciento no está de acuerdo con la reforma Energética, 79 por ciento está en desacuerdo por la inseguridad y la violencia en el país, 72 por ciento considera que la corrupción política y la impunidad son un gran problema y 54 por ciento desaprueba el “combate” a la corrupción; en consecuencia la imagen presidencial se deterioró al 51 por ciento, mientras la inconformidad con su administración aumentó a 47 por ciento.

A esto hay que agregar la disminución del pronóstico de crecimiento económico a sólo 2.56 en este año, según estimación del Banco de México. Durante el primer semestre el crecimiento real fue apenas del 1.8.

Por supuesto, nada de esto se menciona en dicho informe y mucho menos en el mensaje que Peña Nieto endilgó a la nación durante dos horas de propaganda política pensando, tal vez, en su próxima reelección... 

Por otra parte se vislumbra un gasto millonario ominoso, ofensivo para la gran mayoría de los ciudadanos, con motivo de las elecciones intermedias del año próximo: 18 mil 573 millones de pesos, sólo para realizar la simulación de unas elecciones democráticas cuyos resultados se prevén desde ahora: el PRI y sus marionetas obtendrán “carro completo” en la renovación de los congresos de diecisiete estados de la República, en la mayoría de ayuntamientos y delegaciones y, por supuesto, en las nueve gubernaturas que se disputarán en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, bajo los auspicios del nuevo INE que substituye al desprestigiado IFE por su servilismo al gobierno en turno. Como son estas cosas en México, tal vez se trate solamente de un cambio de membrete, aunque eso sí, mucho más caro; y espere usted las elecciones presidenciales de 2018. Veremos y diremos…

Por lo pronto, recuerde que gracias a la reforma Electoral las boletas electorales son ahora documentos considerados como asunto de seguridad nacional, por lo que nada de revisión de boleta por boleta ni casilla por casilla ni cosas de esas. En caso de fraude, éste está garantizado y júrelo que el INE, con su Tribunal Electoral, será su fiel defensor, no árbitro garante.

Pero si se trata de solicitar incremento del salario mínimo, que ha perdido su poder adquisitivo hasta en 77.79 por ciento de 1987 a abril de este año, según un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, en la que se observa que ahora una familia puede comprar sólo 34 por ciento de una canasta de 40 productos recomendables para la alimentación del mexicano elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, resulta que las autoridades económicas y financieras, al unísono con las cámaras empresariales, dicen que es inconveniente porque repercutiría en inflación.

Pero los aumentos a los precios de la gasolina, el gas, el transporte y todo lo demás, eso no cuenta… 

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DESPOJO CONSUMADO

Reynaldo Mota Molina

Sólo los vende patrias y los que esperan recibir algún beneficio, aunque sean migajas, con la promulgación de las Leyes reglamentarias de la reforma Energética celebran el despojo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho a los mexicanos de su patrimonio nacional y de la soberanía de la nación. ¡Ya que el pueblo lo permitió con su omisión, por lo menos México debería estar de luto!

No pasará mucho tiempo para que las realidades de las falsas promesas de bonanza empiecen a aparecer y a causar los estragos que no se quisieron atender ni escuchar en los cientos de voces que advirtieron de sus efectos nocivos. Uno de los primeros será la expropiación —llamándole por su nombre— de las tierras particulares o comunales donde se localice petróleo o gas, así se trate de zonas protegidas de la biosfera. Las empresas extranjeras que vendrán por ellos no son madres de la caridad; vienen por el oro negro y punto, y el gobierno está para servirles como ya se vio, así tengan que hacer uso del famoso fracking y demás atracos.

¿Le parece esto una exageración? Nada más hay que ver lo que han hecho y siguen haciendo en el Caribe mexicano y en otros lugares privilegiados por la naturaleza, donde han establecido “desarrollos turísticos” exclusivos para gente millonaria y extranjeros, en que la población vive marginada y miserable alrededor de estos desarrollos y solo algunos de sus habitantes son ocupados en la escala más baja de empleos y salarios.

¿Qué no se puede hacer uso de terrenos vedados? Mire lo que se hizo con Teotihuacan, la Ciudad de los Dioses, donde en tiempos de Fox se vendió 1.5 hectáreas a Wal Mart para la construcción de un centro comercial. Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, donde se ubica Teotihuacan, a partir de 2005 y nunca jamás hizo nada para revertir la ignominia antes bien, se dieron todo tipo de “facilidades” para continuar la obra que por entonces se encontraba en proceso.

Esto es solo un ejemplo de lo que está por venir con la nueva invasión extranjera, al menos es lo que espera el gobierno peñista aunque tal vez los inversionistas están remilgosos de lo que pueda significar la consulta popular —extemporánea— en sus efectos a las inversiones petroleras.

Lo cierto es que no va a pasar nada; si acaso se realiza la tal consulta no pasa de ser una patraña más de los partidos políticos que la promueven puesto que la debieron hacer en su oportunidad y quizá entonces pudieron dar una zancadilla a la reforma Energética, pero hasta Andrés Manuel López Obrador tuvo un “infarto” estratégico que lo hizo a un lado para no entorpecer la reforma que avanzaba inexorablemente.

Y es que la adicción de Estados Unidos al consumo de petróleo no tiene fronteras. En Iraq y en otros lugares del mundo ha inventado guerras para tener predominio sobre los hidrocarburos; en México le basta con ejercer su predominio sobre los dóciles gobiernos que impone con toda clase de corruptelas desde los procesos electorales para que éstos le sirvan a satisfacción, así se trate de pisotear —reformar— la Constitución y la soberanía de un pueblo que a nadie le importa.

El despojo está consumado…

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“LA LEY DE HERODES…”

Reynaldo Mota Molina

Pues ahora resulta que la mala administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad durante toda su vida al no prever el pago de pensiones a sus trabajadores las “tenemos” que pagar usted y yo, nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos más los que siguen…, todo porque dicen no haber creado los fondos de reserva para dichos gastos, pese a contar con cientos de miles de trabajadores; algo que de ser cierto es verdaderamente inconcebible, más porque unos 70 mil de ellos las cobran desde hace muchos años y ¿de dónde las han estado pagando?

Tan grave es que no hayan previsto dichas reservas como, habiéndolas creado, se las hayan robado y como no están en ninguna parte ahora lo traten de evadir y, como tienen que entregar “saneadas” dichas empresas a los nuevos dueños que están por llegar, pues el más tonto y último de la fila, o sea el pueblo, será quien lo pague, al fin que ni protesta.

El chistecito asciende a más de dos billones de pesos, es decir, dos millones de millones, pero para consuelo, se repartirá equitativamente la carga: una tercera parte la pagarán dichas empresas, otra el gobierno federal —incluyendo impuestos de los contribuyentes— y la otra ya dijimos quien… “¿y yo por qué?”, dirá usted…

Ambos pasivos se generaron desde que las respectivas empresas se crearon sin que nadie dijera nunca nada hasta ahora que hay que pagarlos; y falta considerar los pasivos laborales del IMSS, del ISSSTE y de no sé cuántos más.

Por supuesto, nadie es responsable de esto y lo más fácil: lo convierten en deuda pública de acuerdo a las Leyes secundarias de la reforma Energética que están en proceso y a punto de ser aprobadas, pero, si al sindicato petrolero no se le toca ni con el pétalo de una rosa, Hacienda dejará de recibir más del 70 por ciento de los ingresos brutos de Pemex, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar tal pasivo?, ¿qué repercusiones va a haber en el presupuesto federal...?

En los últimos años Pemex ha operado con números rojos pese al sobre precio que hubo del petróleo en tiempos de Vicente Fox; ¿dónde quedó todo ese dinero…? Es tanta la corrupción que existe en estos organismos del gobierno que verdaderamente causa asco.

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero y senador del PRI, defraudó a la empresa Arriba Limited con el incumplimiento de un contrato para venderle seis millones de barriles de crudo con tarifa preferencial en 1984. El petróleo nunca fue entregado y la compañía demandó al sindicato en 1986; tras una serie de litigios plagados de engaños, fraudes y tergiversaciones por parte del sindicato petrolero durante treinta años en Texas, Nueva York y California, que acusaban absoluta impunidad, la Corte de Texas instauró un juicio final contra dicho sindicato el pasado 15 de julio autorizando a la compañía texana a recibir el pago entre 426 millones y 1 millón 400 mil dólares, dependiendo de cómo se calcule el interés correspondiente. El fallo incluye “el derecho a reclamar por cualquier vía legal la remuneración de millones de dólares” que el sindicato petrolero le debe “por incumplimiento de contrato”.

En consecuencia el dirigente petrolero podría ser despojado de parte de su fortuna. Según la revista Forbes, Romero Deschamps está incluido entre los 10 hombres más corruptos de 2013. No sólo eso, sino que Pemex apoyó económicamente muchas veces al sindicato durante los largos y complejos litigios.

Tal vez usted recuerde que Paulina Romero Durán, hija del líder petrolero, se hizo famosa exhibiendo el exceso de lujos y modo de vida que rayan en lo demencial, en un país pobre como lo es México, así como su hijo José Carlos con un auto Enzo-Ferrari de edición limitada y exclusiva que su padre le regaló en 2013 con motivo de su cumpleaños…

 Si usted no está de acuerdo en pagar su nueva cuota del Pemexproa, acumulada a la del Fobaproa que venimos pagando desde la época de Zedillo, recuerde que vive en una “democracia” inventada por el PRI donde impera la ley de Herodes…

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EL TSUNAMI QUE VIENE

Reynaldo Mota Molina

En los últimos meses hemos insistido en diferentes ángulos de dos temas fundamentales de la vida presente y futura del país: las reformas constituciones sobre Telecomunicaciones y Energía porque son de tal dimensión y trascendencia que afectan desde su misma base a todas las actividades nacionales incluyendo la social, la económica, la política y la salud pública.

Insistimos, en este momento en que durante el cierre de la edición, continúa en el Senado de la República la simulación de discusión —el debate no existe— de leyes reglamentarias de la Reforma Energética que sigue los pasos de la de Telecomunicaciones. Es decir, el gobierno federal tiene todo listo y dispuesto con sus servidores del Congreso de la Unión para que dichas leyes secundarias sean votadas a favor de la entrega del patrimonio petrolero a manos privadas de extranjeros inversionistas y unos cuantos nacionales, igual y mejor —para ellos, claro— que antes de la expropiación petrolera de 1938.

Los legisladores no ven ni oyen —ni quieren hacerlo— la avalancha de, ya no digamos inconformidades de ciudadanos de todo tipo, sino advertencias puntuales de analistas y especialistas en materia energética, ambientalistas, economistas, financieros, fiscalistas, derechos humanos y demás, que alertan sobre el enorme riesgo que tales leyes encierran y ponen al Estado mexicano en condiciones de debilidad ante la ambición de las petroleras extranjeras, como ya se vivió durante la época porfirista.

El discurso de los corifeos del gobierno de Peña Nieto tratan inútilmente de convencer a la opinión pública de los “beneficios” que, según ellos, traerán por consecuencia dichas leyes: gasolina y gas más baratos, generación de empleos, en fin; en el sector eléctrico: tarifas más baratas, mejores servicios del suministro, etcétera, pero todo es una falacia porque finalmente, las nuevas empresas impondrán los precios que les convengan después de todo el proceso de localización, perforación, extracción y refinación, para decirlo de la forma más simple, hasta el servicio de gasolina en el vehículo de usted; el gas por el estilo, y la generación de empleos se dará, ciertamente, en la obra de mano barata de operarios incluyendo la técnica calificada, pero los altos puestos ejecutivos a nivel dirección jamás serán ocupados por trabajadores mexicanos.

  

Los contratos de utilidad compartida que celebrará Pemex con las petroleras privadas no establecen, por ejemplo, igualdad de condiciones en puestos y salarios con trabajadores extranjeros, mucho menos garantizan que cuando menos el cincuenta por ciento de las utilidades se queden en México y el gobierno mexicano no tiene facultades para regular la reinversión de utilidades, entre muchos otros defectos. Es un entreguismo absoluto.

La experiencia que se tiene con las mineras extranjeras y nacionales en todo el país de nada sirve. Ahí están Pasta de Conchos y Coahuila como muestras de utilidad económica cero y la generación de empleos... o sea, explotación de los trabajadores.

La Ley de la Industria Eléctrica se desliza sobre rieles para legalizar que empresas privadas generen energía y la comercialicen, cosa que se realiza desde hace años, sin que haya mejora en la calidad de los servicios ni tarifas baratas; otro engaño.

La pregunta es: Si Pemex enteró a Hacienda 342 mil 700 millones de pesos por pago de impuestos y derechos, solamente durante los primeros cinco meses de este año 2014 siendo monopolio, que significó 67.3 por ciento de sus ingresos brutos, ¿cómo va a compensar Hacienda estos tremendos hoyos para el presupuesto federal, cuando las empresas privadas sean las dueñas del petróleo…? ¡Aguas con el tsunami que viene!    

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