miércoles, 26 de noviembre de 2014

“MOVIENDO A MÉXICO”… AL DES-PEÑA-DERO

Reynaldo Mota Molina

La gran crisis en que está metido el gobierno de Enrique Peña Nieto no es sino el resultado de su incapacidad y falta de oficio para gobernar a un país ubicado en el borde del hartazgo y la desesperación a que lo han llevado sus acciones, excesos, abusos y todo lo que implica ser un mal gobierno, así como las inacciones en la impartición de justicia, de combate a la corrupción y a la impunidad; de combate a la pobreza y a la desigualdad social, en fin, en todo lo que afecta al 99 por ciento de la población civil.

La ostentación de la que ha hecho gala desde su candidatura y pre-candidatura a la presidencia —Monex Gate, Soriana y todo lo demás incluido—, hasta la adquisición de un súper avión presidencial con más de doscientas plazas —quién sabe para qué— y, para colmo, la compra de una mansión hecha al gusto con valor de 86 millones de pesos unida a la de su mujer, utilizada como moneda de cambio con Televisa, es el cultivo del caldo preparado con despotismo e insensibilidad política, y falta agregar los ingredientes del estancamiento económico —del que ya no se puede culpar a Estados Unidos porque aquella economía sí ha crecido aunque sea un poco—, la reducción de crecimiento (PIB) y más, por un lado, y por el otro, la exacerbación de la violencia del crimen organizado con la complicidad de las policías, del Ejército y la Armada de México, hacen insoportable la vida ciudadana.

A pesar de todo esto, la sociedad civil manifestó su inconformidad una vez más, en forma pacífica, mediante una jornada global de movilizaciones el 20 de noviembre por la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotizinapa, Guerrero, en la que confluyeron en el zócalo capitalino tres numerosos contingentes de manifestantes, como hace decenas de años no veía, integrados en muchos casos por familias con niños pequeños y adultos mayores en un afán de demostrar el espíritu pacífico de las marchas, hasta que fue reventada por provocadores profesionales infiltrados —como sucedió en el 68 con las brigadas blancas y en el 71 con grupos de los halcones—, presuntamente por el gobierno peñista al final de la mega manifestación, en que las policías auxiliar y federal arremetieron brutal e indiscriminadamente contra todo tipo de personas con el propósito evidente de refrenar futuras manifestaciones.


“Los mexicanos regresan a sus viejos demonios” fue el encabezado del periódico francés Le Monde cuando Peña Nieto (PRI) obtuvo el triunfo del proceso electoral 2012. Este fin de semana ese mismo diario dice en un editorial: "Revuelta contra el Estado-mafia" y aborda también el asunto de la llamada casa blanca de los Peña-Rivera. Aguda y certera la mirada de la prensa internacional en el balcón México.

¿Cuánta porquería se ocultaba en el proyecto del tren rápido México-Querétaro?, que Enrique Peña prefirió cancelarlo abruptamente, estando aprobado, ante el tsunami que vio venir con la inminencia del descubrimiento por parte del periodismo de investigación serio, profesional y objetivo como el de Carmen Aristegui y su equipo, sobre conflictos de interés del propio Peña Nieto, Grupo Higa —dueño de la mansión Peña-Rivera—, altamente favorecido durante la gubernatura de Peña Nieto en el Edomex, Prodemex de Vázquez Raña, y el grupo liderado por China Railway Construction, único postor favorecido por el gobierno peñista para dicho proyecto multimillonario de 59 mil millones de pesos.

Además y como siempre, los mexicanos tendremos que pagar los gastos y costas que se deriven de tal cancelación, y todavía Peña pega el grito en el cielo porque dice que hay un complot para desestabilizar su gobierno, cuando éste está desestabilizado desde la elección de julio de 2012, por falta de legitimidad.

Y ni teniendo en su poder a los narcos José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, esposa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existe el menor rasgo creíble de la situación de los 43 jóvenes desaparecidos, mientras la tensión nacional y la presión internacional crecen minuto a minuto.

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miércoles, 12 de noviembre de 2014

CRECE INCONFORMIDAD Y HARTAZGO

Reynaldo Mota Molina

El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso, resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos, empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.

Pero el abanderamiento de las causas sociales que esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos, como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su extinción.

La gravedad de la desaparición de los estudiantes normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.

Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.

Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!


Hay testimonios periodísticos de que precisamente dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.

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