martes, 21 de diciembre de 2010

¡INJUSTICIA!

Reynaldo Mota Molina

Es inconcebible el grado de injusticia que prevalece en nuestro país auspiciado desde el gobierno federal y extendido en todos los órganos impartidores de justicia del territorio nacional en perjuicio del ciudadano común que no tiene ni goza de los privilegios que dan el poder y el dinero coludidos con la mafia corrupta y sanguinaria que domina al país, como lo demuestra el asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortiz que reclamaba, precisamente, justicia ante el crimen cometido en contra de su hija Rubí Marisol.

La joven fue asesinada por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de ésta, en agosto de 2008 según su propia confesión y escrito. En consecuencia el sujeto fue detenido e indicó el lugar donde había tirado y quemado el cadáver. Sin embargo, los agentes que lo acompañaron en la diligencia no reunieron las evidencias escritas, videograbaciones, declaraciones, constancias de haberle leído sus derechos al imputado —al puro estilo americano, como en las películas y series—, formalidades que el nuevo sistema penal implementado en Chihuahua, donde se realizaron los crímenes, exige, por lo que no se reunieron pruebas circunstanciales y tampoco se ampliaron las investigaciones.

“Marisela Escobedo fue víctima de la pésima aplicación de un renovado sistema de procuración de justicia en Chihuahua, que fue ejecutado por quienes sólo conocían una obsoleta forma de recolectar pruebas, procesarlas y presentarlas, de tal suerte que dejaron a los fiscales sin un caso sólido qué presentar a los jueces. No sólo quedó libre el presunto asesino de su hija, sino que ella ahora tampoco vive para contarlo” —dice Gustavo de la Rosa Hickerson, segundo visitador a cargo de la mesa de quejas de la CEDH de Chihuahua— y agrega: “Nos dijeron que había que traer los juicios orales y adversariales. Se invirtieron millones de dólares en implementar el nuevo sistema penal que, en teoría, funciona mejor que el normal. El problema fue que dejaron intacto el sistema de procuración de justicia. Se quedaron en sus puestos los mismos policías municipales, los mismos agentes investigadores y los mismos agentes del ministerio público. Es decir, se modificó el marco normativo, pero la maquinaria operadora que investiga y acusa sigue igual. Así, cuando el acusado llegó ante los jueces, simplemente no habló. Y con tan escasos elementos probatorios, los jueces no se atrevieron a enjuiciar a Barraza y fue dejado en libertad”.

La manifiesta mediocridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se desparrama por todos los ámbitos y a su sólo paso, corrompe, contamina y causa muerte.

"Tengo amenazas por parte de él (el asesino de su hija) y de la familia —clamaba Marisela Escobedo—. Si me van a venir a asesinar que me asesinen enfrente para vergüenza del gobierno". La indignada madre de Rubí Marisol convertida en activista por la ineficacia de las autoridades, había señalado que el asesino estaba involucrado con un grupo del crimen organizado y que las investigaciones que había hecho personalmente estaban en manos de la fiscalía de Ciudad Juárez, pero afirmó, "no hacen nada".
Y efectivamente, la señora fue asesinada frente al palacio de Gobierno de Chihuahua la noche del jueves 17, mientras realizaba un plantón de protesta pidiendo justicia por el homicidio de su hija.

Los tres jueces que por unanimidad dictaron la libertad del asesino confeso —pero eso no cuenta en el nuevo sistema— han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones mientras se les hacen cargos como chivos expiatorios, pero no va a pasar nada; se dirá que el nuevo sistema de procuración de justicia se encuentra en etapa experimental y que se requiere la capacitación del personal para que sea eficaz, como en las series de televisión estadounidenses, en el afán absurdo de imitarlos en todo.

A lo mejor también se les ponen los ojos azules…, mientras tanto, la familia de doña Marisela continúa siendo objeto de agravios, de injusticia y de impunidad de los agresores: el incendio de la maderería de su pareja y un cuñado también asesinado...

"Puro rollo", dirá también Calderón.


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viernes, 17 de diciembre de 2010

ESTADO DE GUERRA

Reynaldo Mota Molina

Felipe Calderón Hinojosa y sus compinches, incluido Televisa, podrán seguir diciendo que van ganando la guerra contra el narcotráfico, que el camino es el correcto y que todo va bien, pero cada día las evidencias demuestran todo lo contrario y lo más grave es que también cada día aumentan la violencia y los muertos en una carrera macabra, insaciable de sangre, que parece alimentar los ánimos de unos y otros.

Ahora le ha tocado a Michoacán, precisamente la tierra de Calderón, con enfrentamientos que han durado más de veinticuatro horas con un número indeterminado de víctimas en un hecho por de más evidente de que la narcoinsurgencia está desatada, propiciada por la torpeza y la irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón desde que en mala hora se apoderó de la presidencia de México mediante un acto fraudulento.

Felipe Calderón Hinojosa admitió que había cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, que estaba más allá de toda comprensión, informó el ex mandatario español José María Aznar al embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, después de una reunión que sostuvieron Aznar y Calderón en 2007, según una filtración de WikiLeaks a principios de este mes.

El hecho es que el país se encuentra en virtual estado de guerra, es decir, no la “guerra” de mentiritas declarada por Calderón al narcotráfico sino la que viven cientos de miles de personas que no salen a la calle por temor a ser masacradas impunemente; las que no envían a sus hijos a la escuela por ese mismo temor; las que abandonan sus casas, colonias, pueblos y ciudades por ese mismo temor. Un “estado de excepción” real impuesto por voluntad propia o por voluntad de la narcoinsurgencia.

“Señor Chango Méndez déle duro al gobierno federal, pero, por favor, no involucre a civiles quemando carros que nada tienen que ver”, se leía en la manta colocada en la escultura Las Tarascas, uno de los monumentos emblemáticos de la capital michoacana ubicada a sólo unas cuatro calles del domicilio de la madre de Felipe Calderón.

La Familia Michoacana, el cártel en contra del cual el gobierno calderonista dirigió la embestida a través de la Policía Federal, en forma imprevista fue repelida por el cártel al grado que tuvo que recurrir a los refuerzos militares. El cártel “ha llenado vacíos que el Estado mexicano propició y fue dejando solos territorios completos, abandonando su responsabilidad ante la sociedad” —dice el senador Silvano Aureoles Conejo, vicecoordinador del PRD—. "Te habla que estos grupos de la delincuencia fueron creando base social; han creado base social…”. Esta es una de las causas por las que la población apoya y protege a los miembros del cártel.

Existe la creencia que el objetivo del operativo policiaco fue “limpiar” la zona michoacana para facilitar el empoderamiento de Luisa María Calderón Hinojosa en el estado para el 2012, hermana de Calderón, pero lo que está sembrando es una zona minada de consecuencias imprevisibles.

Para más, diplomáticos estadounidenses calificaron a las fuerzas armadas mexicanas de torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo, en cables confidenciales de este año filtrados por WikiLeaks, en los que se estima que Felipe Calderón enfrenta un complicado ambiente político y económico, así como la incapacidad de frenar la violencia del narcotráfico y la visible tensión entre las ramas castrenses. “Las instituciones de seguridad están entrampadas en una competencia de suma cero, en donde el éxito de una agencia es percibida como el fracaso de otra, la información es mantenida aparte y casi no hay nada que se pueda llamar operación conjunta. La corrupción oficial es extendida… las tasas de fiscalización para delitos relacionados con el crimen organizado son lamentables; sólo dos por ciento de los detenidos son enjuiciados”.

¿Cuál es el fin?
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jueves, 9 de diciembre de 2010

"LOS SEÑORES DEL NARCO"

Reynaldo Mota Molina

Todavía no está en circulación el libro “Los Señores del Narco” de la periodista Anabel Hernández, de la revista electrónica Reporte Índigo, y ya ha recibido amenazas de muerte presuntamente por parte de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y de Luis Cárdenas Palomino, Coordinador de Inteligencia para prevención del delito de la Policía Federal Preventiva —quien por cierto, estuvo involucrado en la extorsión y asesinato de Raúl Salinas de Gortari en 2004 y en otros homicidios, y es aspirante al mando de la policía nacional que pretenden imponer el propio García Luna y Felipe Calderón Hinojosa— según advirtieron a la periodista agentes de la AFI quienes son testigos de la presunta instrucción de dichos funcionarios para su “desaparición” simulando un accidente, un robo mal hecho o un secuestro fallido.

El caso es que en dicho libro se evidencian cuestiones sumamente delicadas de la vinculación de funcionarios del más alto nivel con poderosos jefes del narcotráfico. Un botón de muestra: Juan Camilo Mouriño(†), siendo Jefe de la Oficina de la Presidencia, instruyó al general X poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008 Mouriño fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente con el conocimiento del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván.

El general X, acostumbrado a entablar relaciones con los diferentes grupos del narcotráfico por encargo oficial, en 2008 comenzó a tocar puertas de los protagonistas de la guerra entre narcos a lo que la mayoría respondió, como fue el caso de El Chapo Guzmán.

Durante un encuentro entre ambos personajes el general X preguntó a El Chapo cuánto le costó su evasión de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en 2001: “La libertad no tiene precio”, fue su respuesta. Ante la pregunta de cómo logró salir del penal, el narcotraficante dio algunos antecedentes de cómo recibió ayuda desde 1995 por órdenes de la Secretaría de Gobernación y responsabilizó a tres figuras de la política y la seguridad pública de México: El teniente coronel, exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks, el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha y Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy asesor de Felipe Calderón Hinojosa en materia de seguridad pública.

Lo anterior y todo el contenido del libro está sustentado y es resultado de la investigación periodística de Anabel Hernández realizada durante los últimos cinco años y, por lo visto, derrumba estrepitosamente la cantaleta oficial de que el gobierno calderonista no negocia con la delincuencia organizada.

La periodista, ante las amenazas recibidas, solicitó a la CNDH que las autoridades respectivas salvaguarden su integridad física y la de su familia y presentó una querella de tipo penal ante la Procuraduría del Distrito Federal, en virtud de que no confía en la federal, ante lo cual la SSP ofreció a través de dicha Comisión de Derechos Humanos —hecho insólito— implementar medidas cautelares incluso con escoltas, mismas que Anabel Hernández rechazó porque no confía en el personal que la tiene amenazada de muerte.

El general X, llamado así por la periodista en “Los Señores del Narco” por precaución, debido a las implicaciones de las fuentes vivas directas, resulta ser, de acuerdo con la revista Proceso, el general Arturo Acosta Chaparro, hombre clave en la matanza de Tlatelolco en 1968, el Halconazo en 1971 y las desapariciones forzadas durante el gobierno de Luis Echeverría, obediente emisario de los gobiernos de Fox, incluyendo a Marta Sahagún y sus hijos, y de Felipe Calderón Hinojosa.
Escuche usted la entrevista de Carmen Aristegui a Anabel Hernández sobre el particular.
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lunes, 6 de diciembre de 2010

AHORA CONTRA PROCESO

Reynaldo Mota Molina

Bastó que el reconocido periodista Ricardo Ravelo de la revista Proceso, especialista en asuntos del narcotráfico y de la delincuencia organizada, publicara un artículo en la prestigiada revista de corte internacional sobre un evento familiar en el que convivieron Felipe Calderón Hinojosa y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, narcotraficante recientemente aprehendido y convertido en testigo protegido de la PGR, para que toda la fuerza del gobierno calderonista literalmente se echara sobre ambos —Ravelo y Proceso— a través de la poderosa fuerza mediática que mueve Televisa.

La publicación del periodista revela que: “De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010/2010, ‘Mateo’ (nombre clave asignado al narcotraficante) reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó”.

“Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: ‘Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes’. El presidente contestó: ‘igualmente”.

Sergio Villarreal Barragán, El Grande, comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de que fue aprehendido pero supo negociar con las autoridades para ser incorporado al programa de testigos protegidos. Marisela Morales Ibáñez aceptó la propuesta del detenido debido a una orden dictada “desde arriba” y se le asignó el nombre clave de “Mateo”.

El narcotraficante habló también de otros asuntos relacionados con la operación del narcotráfico y de las líneas de parentesco que unen a su familia con la del senador Anaya Llamas: Su hermano Adolfo estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista y dijo que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y su hermano llevan años de vivir separados.

A partir de ese momento el gobierno de Calderón en contubernio con el aparato Televisa —televisión y radio— emprendieron una campaña de desprestigio en contra de Ricardo Ravelo y de Proceso en programas y noticieros de horarios estelares mediante montajes de videos con dicho testigo protegido cuestionando la ética, la veracidad y el profesionalismo de ambos, en un burdo y nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información veraz de los mexicanos. Los lacayos “estelares” de Televisa, conózcalos bien: Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y Adela Micha, obedeciendo siempre la voz del amo.

En tanto la “colombianización” de México sigue inexorable su curso debido a las pifias de Felipe Calderón. Edgardo Buscaglia, experto en Seguridad, catedrático y analista internacional, reitera una vez más que estos mismos procesos los han vivido Colombia y Rusia, por ejemplo. Cuando algunos periodistas o medios independientes de los gobiernos mafiosos denuncian hechos de altos funcionarios relacionados con el crimen organizado inmediatamente son asesinados física o profesionalmente. Existen miles de formas para hacerlo.

Recordemos el caso de MONITOR, el noticiario de José Gutiérrez Vivó, “Comprometido con la Verdad” —una institución periodística ejemplar; innovadora en la forma de hacer y dar la información a la población, cuyos formatos copiaron la radio y la televisión— que desde que Calderón era “presidente” electo tenía castigado al noticiario restringiendo la publicidad oficial —que es vastísima—, minando la publicidad comercial, solapando a la mafia radiofónica para que no pagara sus adeudos a MONITOR hasta, finalmente, armar un entramado fiscal-laboral-sindical, con lo que institucionalmente dieron muerte al mejor y más creíble noticiario de México.

¿Será el mismo destino del “Periodismo sin Concesiones” de la revista Proceso?

Por lo menos esta vez debemos unirnos para evitarlo. ¡NO ES JUSTO!
Escuche usted la entrevista de Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia, experto en Seguridad, catedrático y analista internacional, sobre el particular en la 2a. parte; la 1a. se refiere a los cables sobre México filtrados por WikiLeaks .
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