El fraude electoral está en marcha. Es
polifacético y está integrado con tecnologías avanzadas combinadas con las
viejas costumbres; es complejo y difícil de seguir sobre todo si no se tiene
interés de hacerlo, porque el IFE permanece ciego, sordo y mudo ante las
evidencias.
Una parte está a cargo de Elba Esther
Gordillo (PANAL) que como era lo esperado, negoció con Enrique Peña Nieto (PRI)
la aplicación de un sofisticado plan que incluye estrategias de inteligencia y
comunicaciones en seis estados prioritarios para captar 5 millones de votos a
su favor el 1 de julio. (Nótese: no a favor de Gabriel Quadri).
El operativo electoral denominado Ágora,
contempla contactar a más de 6 millones 800 mil personas en los estados de
Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. De éstas, 3
millones 500 mil, serán acarreadas a las urnas por un ejército de 27 mil 500
operadores, con un costo de 151 millones 300 mil pesos. Las cifras están
redondeadas.
Al momento se han erogado 86 millones 30
mil pesos por diversos conceptos que incluyen desarrollo informático y apoyos
adicionales entre otros, en las entidades más importantes de acuerdo a su
competitividad.
El informe fue dado a conocer por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mediante el
documento del SNTE “Sistema Digital de Activismo y Movilización Alternativo
Ágora” que detalla todo el entramado organizacional e incluye ubicación de
casillas, contact center, telefonía celular, mensajería SMS, call center, y
mucho más. Adicionalmente, el Estado de México y el Distrito Federal cuentan
con estrategias y presupuestos específicos.
Otra parte es la denuncia de Roberto Gil
Zuarth y Juan Ignacio Zavala, coordinador y vocero respectivamente de la
campaña de Josefina Vázquez Mota, que acusan de “delincuencia electoral
organizada” al PRI por el reparto de tarjetas de débito a la gente en todo el
país para que opere a su favor el 1 de julio, con depósitos que suman más de
701 millones de pesos. Dichas tarjetas son del Banco Monex, el mismo
involucrado en el escándalo de la empresa
televisiva estadounidense Frontera Television Network
(FTN), que tiene demandada en Estados Unidos a gente de Peña Nieto por
conspiración y fraude. “Aquí
está la evidencia y la presentaremos al IFE, con el propósito de que dicte
alguna medida cautelar para que esos recursos se congelen y no sean un factor
que desequilibre la competencia auténtica en esta elección", dicen los
quejosos.
Sobre el mismo punto del
reparto de tarjetas de débito del Banco Monex para ser utilizadas por
operadores del PRI cuyos recursos son de origen desconocido, el PRD por voz del
senador Carlos Navarrete, presentó una denuncia en la PGR para su
investigación.
Otra más es la utilización
de tarjetas telefónicas como coacción del voto a favor de Enrique Peña Nieto a
través de los capacitadores electorales, denuncia Camerino Márquez,
representante del PRD ante el IFE; así como la entrega de tarjetas Premium
Platino, que permite al destinatario obtener descuentos en diversos
establecimientos del país, a cambio del voto por el priista.
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