LA MAFIA DEL PODER

Reynaldo Mota Molina

En alcance de lo comentado en esta misma columna sobre el tema "Senadores, baño de lodo", respecto a las imputaciones de la corredora inmobiliaria Mayra Correa Hernández a senadores de la legislatura pasada por presuntos fraudes en la adquisición del terreno donde se construyó la nueva sede del Senado de la República, resulta que en entrevista con Carmen Aristegui de Noticias MVS, en donde Mayra Correa reiteraba su denuncia pública, ésta no se concluyó por falta de tiempo —el noticiario termina a las 10 horas— y se concertó una nueva cita telefónica para el día siguiente que no se llevó a cabo porque fue imposible localizar a la corredora de bienes inmuebles.

Reporte Índigo, revista virtual que dio a conocer dichas imputaciones, informa en el reporte número 227 (Senado bajo la lupa) que Mayra Correa Hernández se dijo intimidada y amenazada por dos individuos que la levantaron la mañana del jueves 5 de mayo —fecha en que continuaría la mencionada entrevista— cuando corría en un parque de Toluca. Que después de un prolongado interrogatorio sobre sus móviles para hacer la denuncia y las pruebas que tenía, le advirtieron que mantuviera silencio ante los medios. De lo contrario, su vida, la de su mamá y la de sus gatos peligraban.
Los hechos habrían sucedido a las 6:45 de la mañana en un parque cercano a su domicilio, cuando se le aproximó una camioneta tipo van, americana, color café oscuro, sin placas y con vidrios polarizados. Dos individuos bajaron y le pidieron que abordara la camioneta. Dijo que al percatarse de que venían armados, no opuso resistencia. No era la primera vez que era intimidada.

Le dijeron que querían platicar, y la pasearon. Sin violencia, pero con rudeza, el más delgado de los dos individuos la interrogó sobre sus denuncias. “¿Quién está detrás de usted? ¿Quién le está pagando?”. Querían saber de qué vive y si tenía pruebas concretas para sustentar sus acusaciones. Antes de liberarla lejos del sitio en que la levantaron, le advirtieron que se quedara callada. Que ya no hablara ni denunciara, porque su vida estaba en peligro. Un policía que hacía su ronda por el sector la llevó de regreso a su domicilio.

Hasta el momento el Senado no ha hecho ningún comentario sobre las graves acusaciones; acaso, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega, ambos exsenadores presuntos implicados, protestaron; el primero interpuso una denuncia ante las procuradurías del Distrito Federal y la PGR para las investigaciones correspondientes y el segundo envió una carta a Carmen Aristegui, deslindándose.

En el Senado se logró un punto de acuerdo, a petición del legislador Ricardo Monreal, para que se abran los expedientes y se audite la construcción de la nueva sede del Senado.

Veremos y diremos…

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