EL MUNDO MINERO

Reynaldo Mota Molina

Una vez más la corrupción, la irresponsabilidad y la confabulación de intereses creados propician una nueva catástrofe en la zona carbonífera de Coahuila —el estallido en un pozo minero por acumulación de gas metano como el ocurrido en Pasta de Conchos— con el resultado de catorce mineros muertos. Un simple pozo —como hay cientos—, “concesión” de la minera “Beneficios Internacionales del Norte” (Binsa), propiedad de Luis González Garza, al que se introducen los trabajadores para extraer el carbón mineral sin las más elementales medidas de seguridad ante la “complacencia” y complicidad de las autoridades que ahora se dan golpes de pecho ante los medios de comunicación y, más aún, manipulan políticamente a la opinión púbica como es el caso de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, con aspiraciones para ser presidente de la República mexicana por el Partido Acción Nacional (PAN).

Según un análisis de la Familia Pasta de Conchos, durante la última década con gobiernos panistas, se han entregado más de 5 mil títulos mineros cuyas concesiones se entregan sin control; la Secretaría de Economía no verifica la existencia de las empresas a las que entrega títulos de explotación, los concesionarios de minas y pozos no pagan lo correspondiente por los títulos y al menos cincuenta por ciento de los empresarios carecen de actas constitutivas que acrediten que los socios inversionistas son mexicanos. Estas empresas ejercen una permanente defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a su vez tolera las violaciones y no realiza auditorías de ningún tipo.

Los concesionarios mineros no entregan informes a la Dirección General de Minas ni ésta verifica que aquellos se sujeten a las normas oficiales nacionales en materia de seguridad, ni de equilibrio ecológico y protección al ambiente; no hay seguimiento de las obligaciones legales de noventa y nueve por ciento de dichos empresarios.

A partir del año 2000 los títulos de exploración –que se otorgaban por seis años– se dan por cincuenta años, en un contra sentido porque ninguna empresa explora durante medio siglo para identificar si hay depósitos de minerales u otras sustancias. En realidad con estos títulos se realiza la explotación de yacimientos lo que constituye un gran fraude para el erario público puesto que debería pagarse más por un título de explotación de cincuenta años que por uno de exploración. Entre unos y otros hay una diferencia abismal.

Por parte de la Secretaría de Economía (SE) a cargo de Ernesto Cordero, existe gran desorden, negligencia y omisión en el manejo de las concesiones y grave responsabilidad, junto con la Secretaría del Trabajo, en el nuevo desenlace fatal de Sabinas, Coahuila.

Probablemente durante unos días se realizará el estira y afloja de los malabares leguleyos y después todo volverá a la impunidad que es sello de los gobiernos panistas.

¿Y los mineros muertos y sus familias…?

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