El inminente contubernio “por la discreción” que formalizarán la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el gobierno de Felipe Calderón seguramente trata de ocultar, entre otras cosas, la “victimización de civiles”, como empieza a identificarse en Estados Unidos, al creciente número de civiles muertos en la mal dada guerra de Calderón contra el narcotráfico con resultados absolutamente contraproducentes. Las recientes cinco masacres en menos de una semana que incluyen trabajadores y obreras de maquiladoras en Ciudad Juárez, los granadazos en pleno centro de Zapopan, Jalisco, los muertos en Tepito, Distrito Federal, sin considerar la emboscada a policías federales también en Jalisco, así lo evidencian. El número de muertos en esta guerra estúpida alcanza ya la cifra de 30 mil, si no es que más…
Naturalmente Calderón insiste en minimizar la muerte de civiles argumentando, sin ningún sustento, que la mayoría de dichos muertos son criminales y fuerzas del orden, sin embargo, la percepción generalizada fuera del país y la tendencia de los observadores internacionales lo desmienten; por ejemplo, la Cruz Roja Internacional asegura que se invirtió la relación entre muertes de civiles y soldados en guerras irregulares como ésta. En la Primera Guerra Mundial moría 1 civil por cada 9 soldados; hoy mueren 10 civiles por cada soldado, y el gobierno de Felipe Calderón lo que hace es tratar de diluir esta realidad.
En Tratados internacionales como la Convención de Ginebra, de los que México es parte por haberlos suscrito, en los Protocolos de Instrumentos Adicionales se destaca la responsabilidad del gobierno de garantizar protección a la población civil en conflictos armados, como es el caso que estamos viviendo en nuestro país y, sin embargo, ni gobierno, ni congreso, ni legislador alguno, hacen ni dicen nada, para imponer límites a la manera de conducir el conflicto, contribuir a salvaguardar a las personas atrapadas y dar un giro, un golpe de timón, que lleve verdaderamente a atacar frontalmente al crimen organizado con menos víctimas inocentes.
Se trata —insistimos, uniéndonos a la voz de los especialistas— de cerrar el flujo de lavado de dinero, de intervenir las empresas pantalla en donde los diversos cárteles manejan su patrimonio económico y financiero. El gobierno calderonista tiene el detalle de todas ellas, sabe cuáles son y en dónde están, a quiénes pertenecen y cuánto manejan, pero la gran corrupción que lo domina lo tiene maniatado y, sin embargo, es por donde debe empezar; realizar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para tal efecto y poder actuar, pero ante todo, tener voluntad…
¿Qué espera Felipe Calderón? ¿Que la violencia aumente aún más como sucedió en Colombia, en Rusia, en Italia y en otros países? ¿Que el crimen organizado masacre a media Corte de Justicia como sucedió en Colombia o a demoler edificios con coches bomba con la mitad de la clase empresarial adentro? ¿O misiles dirigidos a aviones con políticos o empresarios del más alto nivel? Este tipo de violencia tiene su evolución como una enfermedad social; el doctor Edgardo Buscaglia, de quien hablamos con frecuencia en este espacio, lo ha dicho desde el 2007 y las cosas van sucediendo como lo pronosticó desde entonces, si el gobierno no hacía lo necesario para evitarlo, y no lo ha hecho.
El gobierno de Felipe Calderón no tiene, ni ha tenido la visión, ni la valentía, ni la honestidad para afrontar debidamente el problema del crimen organizado y es la población civil que, siendo ajena a la estúpida guerra, es quien paga las consecuencias mientras el mapa de la narcoinsurgencia se extiende impunemente en el país y la victimización de los civiles aumenta.
¿Qué sigue…?
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