martes, 5 de julio de 2011

PARTIDOCRACIA

Reynaldo Mota Molina

Concluídos los comicios del 3 de julio en el Estado de México, Nayarit y Coahuila para el relevo del gobernador en turno y en Hidalgo para el del Congreso local y las alcaldías del estado, naturalmente aún se desconoce el monto total de los gastos electorales efectuados que corren por cuenta del erario público, es decir, que provienen del bolsillo de usted y del mío. Lo que sí se sabe es el extraordinario derroche en las campañas de los partidos ricos en un país de ciudadanos pobres, primera práctica de la llamada partidocracia.

El Estado de México, que esta vez sirve de catapulta para lanzar al nuevo presidente de la República en 2012 en la figura del actual gobernador priista, Enrique Peña Nieto, reviste particular importancia por este hecho, y rebasó, según se dice en los partidos opositores, la cifra asignada de 204 millones de pesos para esta elección, y eso que se refieren solamente a las cifras oficiales.

De acuerdo con la ley electoral, esta sola circunstancia sería suficiente para anular la constancia de mayoría otorgada al gobernador electo que, de acuerdo con el conteo peliminar, favorece a Eruviel Ávila Villegas, declarado “hijo adoptivo” de Atlacomulco por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) duplicando, prácticamente, la del “adversario” más cercano, Alejandro Encinas Rodríguez del PRD.

El Instituto Federal Electoral (IFE), encargado de administrar los procesos electorales, se encuentra cautivo de los partidos políticos desde el momento en que éstos no han impulsado el nombramiento de los tres consejeros pendientes porque están a la espera de colocar a quienes mejor sirvan a sus respectivos intereses cuando llegue el momento. Por otro lado el Congreso, integrado por legisladores que representan a los partidos políticos, no dicta las leyes reglamentarias de importantes aspectos de los comicios de 2012 como son los tiempos de promoción de sus candidatos en los medios electrónicos de comunicación y el derecho de réplica y, en su defecto, el IFE reglamenta éstos, acorde a sus atribuciones. En consecuencia, la Cámara de la Industria de Radio Televisión (CIRT), infiltrada por la telebancada de Televisa, entra en conflicto con el IFE haciendo más gordo el embrollo, porque dice que afecta intereses de sus afiliados.


Desde los procesos electorales de este año hasta los del próximo, en que estará en disputa la silla presidencial, todo indica un juego político entre los partidos que hace mucho tiempo perdieron la esencia de ser representativos de las ideologías ciudadanas y se convirtieron en mercaderes del voto popular.


Así encontraron el filón que significa el gran negocio de los partidos en la política y se apropiaron de la democracia para convertirla en “partidocracia” cuya élite está integrada por verdaderos magnates de la política en todos y cada uno de los partidos. Así también se apoderaron y repartieron a los magistrados del tribunal electoral, ya que parte del juego consiste en impugnar los resultados de los comicios por las razones o sin razones que sean y de esta forma los jueces resolverán de acuerdo a los intereses de los partidos que representan, por debajo de la mesa, y no encontrarán motivo alguno para anular una “constancia de mayoría”. Por algo Felipe Calderón dijo públicamente: “Ya lo sé. Ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben…”, en alusión a los jueces en general.


La ciudadanía marginada del negocio político y del gran juego de intereses de los partidos políticos y de los grupos de poder, salvo cuando es asediada para exprimirle el voto mediante dádivas y promesas que jamás serán cumplidas, comienza a rebelarse en ciertos sectores y reacciona con su indiferencia y desprecio como quedó demostrado el 3 de julio, con abstencionismo del 60 por ciento.


Ojala que la partidocracia pueda entender este claro mensaje de los ciudadanos y trate de reaccionar con inteligencia positiva.


¿Será mucho pedir?

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