El año pasado Karen Sánchez Abott, entonces presidenta de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) prometió “un acuerdo por la discreción (cocinado entre los empresarios de radio y televisión) que guíe nuestra labor informativa, un compromiso por los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden”, que varios analistas y algunos medios interpretamos como presagio de un intento más de censura previa de la libre expresión con el fin de acallar el estruendoso fracaso de la “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico. No pasó nada entonces, pero ahora Televisa aprovecha la fuerza mediática con que impulsó la llamada “Iniciativa México” —recuerda aquel “Vamos México” de Marta Sahagún—, que involucra la cúpula empresarial y los medios de comunicación afines que integran, en su mayoría, uno de los poderes fácticos que manejan el enclenque gobierno calderonista.
El pacto se llama ahora “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, suscrito el jueves 24 por algo más de 50 directivos de medios de comunicación, organizaciones empresariales, “representantes” de la sociedad civil y de instituciones educativas, todos de élite; los reporteros que arriesgan el pellejo en el campo de batalla y crean la noticia original fueron simplemente ignorados en la firma del convenio, lo mismo que los derechos humanos y la protección de los periodistas.
El Acuerdo consta de diez puntos a seguir de los criterios editoriales —que se pretenden comunes— con la finalidad de no interferir en el combate a la delincuencia, de dimensionar adecuadamente la información y de no convertirse en voceros involuntarios de los criminales. Bajo ninguna circunstancia —establece el punto uno—, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.
A diferencia del texto original, se realzó aquí el objetivo de que los medios no conviertan en víctimas o héroes públicos a presuntos delincuentes y omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos y compromete a los signatarios a evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes. Así mismo da pautas para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces. 
Si bien la tarea de informar implica el más alto sentido de responsabilidad y conciencia social de las consecuencias e implicaciones que pueda generar la noticia, Televisa y Tv Azteca no tienen calidad moral ni credibilidad para establecer dichos señalamientos, baste recordar la cobertura mediática de la aprehensión de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y la exhibición del cadáver de Arturo Beltrán Leyva. Tales excesos sustentan la sospecha de que la autocensura que encabeza el duopolio sea una estrategia más del gobierno de Felipe Calderón para tratar de ocultar la cruda realidad de su “guerra” fracasada y de cambiar la percepción pública nacional e internacional como parte de un proyecto político uniformador con vista a las elecciones del 2011 en el Estado de México y del 2012 en la República mexicana.
Controlar a los medios de comunicación en esta “guerra” cruenta es tratar de evadir la responsabilidad de Felipe Calderón en ella y tratar de endosarles la carga a quienes ejercen su derecho a la crítica, como si éstos fueran los responsables de la masacre estúpida e inútil.
Ahora, más que nunca, la sociedad mexicana requiere de información responsable —no regulada—, libre, crítica y analítica, ajena a la actitud voluntariosa del gobierno de Calderón, a sus falsos triunfalismos, excesos y extravíos.
Nos solidarizamos con La Jornada, Proceso, Carmen Aristegui y Reforma que no suscribieron el Acuerdo, y lamentamos la firma de Canal Once y Canal 22, que por ser dependencias de organismos gubernamentales, Instituto Politécnico Nacional y Conaculta, respectivamente, se vieron obligados a suscribir tal acuerdo.
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