LA IMPUNIDAD COMO ARIETE

Reynaldo Mota Molina

A la impunidad que envuelve los asesinatos de periodistas en nuestro país —igual que al 98 por ciento del resto de homicidios por la guerra estúpida de Felipe Calderón Hinojosa— se agrega la sospechosa descalificación oficial, como es el caso de la periodista Yolanda Ordaz De la Cruz, reportera del periódico Notiver de Veracruz, de quien el procurador de justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, expresó sin sustento alguno que este caso nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión periodística y que se investigan versiones que señalan la presunta relación de la comunicadora con la delincuencia organizada. Ordaz De la Cruz cubría la fuente policiaca.

De este mismo diario veracruzano, el 20 de junio pasado el periodista jefe de la sección policiaca, Miguel Ángel López Velasco, fue acribillado en su domicilio junto con su esposa, Agustina Solá y su hijo Misael, fotoreportero del mismo diario.

Estos asesinatos se suman a los más de 70 homicidios de periodistas de 2005 a la fecha, además de 15 desapariciones de comunicadores, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin que haya responsables.

La organización independiente Freedom House en su informe anual, señala que por primera vez en casi 30 años, México es catalogado como un país en el que no existe libertad de prensa, debido a la violencia y al tráfico de drogas que han provocado el incremento de los ataques contra periodistas y elevado los niveles de autocensura de los medios y la impunidad de los criminales.

En este mismo contexto el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, afirma que las acciones del crimen organizado y los gobiernos autoritarios constituyen las principales amenazas a la libertad de expresión en América Latina. Las “actitudes de gobiernos autoritarios e intolerantes” promueven mecanismos legales que restringen no sólo la libertad de prensa y el derecho a informar, sino el de las sociedades a recibir información.

Por otra parte Roberto Rock, representante de la SIP en México y director del periódico El Universal, en el panel denominado: “Diseño de un modelo de política de movilización contra la impunidad; hacia la creación de una red latinoamericana de protección a periodistas”, expuso tres tragedias en el ámbito del periodismo.

La primera tragedia, asentó, es el número creciente de agravios a periodistas que no parecen despertar el interés ya no digamos del gobierno, lo cual consideró “grave”, sino incluso de la comunidad.

La segunda tragedia es que a la luz de estos agravios, como asesinatos y desapariciones, hay también un número importante de torturas, secuestros, amenazas y presiones diversas sobre el gremio. La propia gente —dijo— no quiere denunciar por temor, mientras que los narcotraficantes quieren controlar la agenda periodística, con una política de comunicación social “mucho más eficaz” que la del Estado.

La tercera desgracia: el silencio de las autoridades, que no enfrentan el problema, y cuando lo hacen, sugieren dudas sobre la honorabilidad de los comunicadores. El silencio sobre estos temas, dijo, hace que la agenda de medios no trascienda en el Congreso, y cada vez son menos los seguimientos de agravios a periodistas, así como las denuncias.

En el mismo panel, Mike O'Connor, representante del Comité para la Protección de Periodistas de México (CPJ), vio un panorama sombrío. Afirmó que el crimen organizado mantiene el nivel de control. Dijo que la “nube de amenaza” constante que hace presión permite que los asesinos sigan, junto con las amenazas, pero el efecto es más grande que la causa.

Ejemplificó que en Querétaro los periodistas ya saben qué temas no se pueden tocar. “Y no han matado a nadie. Controlan la plaza sin hacer nada”. También se refirió a Durango en que el crimen organizado calló a la prensa y tomó la ciudad, con la colaboración del gobierno estatal.

Este es el quid del problema: los periodistas son asesinados o desaparecidos y no pasa nada; encima de esto las víctimas son incriminadas a priori por las propias autoridades, sembrando la duda, la sociedad no está debidamente informada y la impunidad se convierte en ariete contra la pretendida democracia a la que aspiramos. ¿Qué sigue?

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