Sólo a Estados Unidos se le puede ocurrir enviar por carretera, en estos tiempos, a dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de aquel país (ICE, por sus siglas en inglés), de Nuevo León a la Ciudad de México. Aquí ninguna autoridad ha dicho que estuviera enterada de las actividades de los agentes estadounidenses y mucho menos que tuvieran autorización para desarrollarlas en territorio nacional. ¿Qué tipo de misión realizaban los agentes al momento del atentado?
El caso es que éstos viajaban en una camioneta blindada con placas diplomáticas —se presume que uno de ellos podría ser el cónsul de Estados Unidos en Monterrey— y fueron atacados por un grupo armado no identificado en la autopista número 57 a la altura del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, causando la muerte del agente Jaime Zapata y resultado herido su compañero Víctor Ávila.
El hecho provocó la indignación inmediata de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos a cuya dependencia pertenece la ICE, quien más que en tono enérgico, altanero, advirtió al gobierno mexicano: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquellos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad (…) Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras” (…) “Que nadie se equivoque: los involucrados en el atentado serán llevados ante la justicia”.
Acto seguido un contingente de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) fue enviado para encabezar las investigaciones del atentado contra los dos agentes estadunidenses. Las autoridades mexicanas niegan que éstos dirijan tales investigaciones pero es un hecho que elementos de la FBI, fuertemente resguardados por agentes de las fuerzas federales nacionales, cerraron el viernes 18 dicha carretera a la altura del municipio mencionado, para realizar una reconstrucción de los hechos. Cabe mencionar que, según cables de Wikileaks recibidos y publicados por el periódico La Jornada, dicha entidad es considerada por el propio consulado estadunidense en Monterrey como “territorio zeta”.
Como es sabido este ataque estuvo precedido por una serie de críticas de funcionarios de Estados Unidos a la estrategia del gobierno de Calderón para detener la violencia del narcotráfico, que ha tenido un saldo de más de 34 mil 600 asesinatos desde su puesta en vigor en diciembre de 2006.
El lamentable suceso deja al descubierto la debilidad y la claudicación del gobierno de Felipe Calderón ante Estados Unidos. El subsecretario del Ejército norteamericano, Joseph Westphal, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadunidense.
James Clapper, director de Espionaje Nacional, dijo al comparecer ante el comité de espionaje de la cámara baja estadounidense que los esfuerzos antinarcóticos realizados por el gobierno mexicano han logrado resultados pero sus capacidades militares y policiales siguen siendo inadecuadas para quebrantar al crimen organizado y contener la violencia criminal.
Recientemente un informe elaborado por el Centro de Investigaciones del Congreso norteamericano resumió que algunos analistas, al evaluar las tendencias y dimensiones de la violencia ligada al narcotráfico hoy día, sugieren que los cárteles mexicanos podrían ser similares a insurgentes intentando infiltrar al Estado mexicano, al penetrar el gobierno y la policía.
El sumiso gobierno calderonista guarda silencio…
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