miércoles, 12 de noviembre de 2014

CRECE INCONFORMIDAD Y HARTAZGO

Reynaldo Mota Molina

El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso, resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos, empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.

Pero el abanderamiento de las causas sociales que esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos, como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su extinción.

La gravedad de la desaparición de los estudiantes normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.

Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.

Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!


Hay testimonios periodísticos de que precisamente dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.

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