miércoles, 15 de octubre de 2014

CALLEJÓN SIN SALIDA

REYNALDO MOTA MOLINA

Horror, muerte, impunidad y corrupción es lo que se respira en México a pesar de los esfuerzos de Enrique Peña Nieto y de su séquito para que no trascienda la violencia que se vive, que va en aumento, que rebasa las maniobras oficiales para tratar de desviarla de la atención pública nacional e internacional, y supera con mucho la capacidad del gobierno para controlarla, evidenciando el gran vacío de poder que subsiste en el Estado mexicano.


La masacre de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio pasado a manos del Ejército mexicano contra presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, dejó un saldo de 22 muertos y 3 heridos. En el operativo, ahora se sabe, los militares utilizaron las armas de los muertos para acribillar al resto de delincuentes, seguramente con la intención de desviar la evidencia. En un principio el Ejército emitió un comunicado informando que dichas personas murieron en un enfrenamiento; posteriormente y ante el testimonio de una sobreviviente y las publicaciones extranjeras de la Agencia AP y Esquire, se rectificó y se dijo que sólo uno murió en el enfrentamiento y los demás murieron ejecutados, según reconoce el Procurador General Jesús Murillo Karam.

En Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, tomaron tres autobuses con la intención de dirigirse a la Ciudad de México y unirse a las manifestaciones populares conmemorativas de la masacre de Tlateolco del 2 de octubre. Momentos después la policía municipal alcanzó a los vehículos y abrió fuego, mientras otro grupo armado disparó contra un autobús del equipo de futbol Avispones y un automóvil. En primera instancia se causó la muerte de tres normalistas y tres personas más, entre ellas, la de un menor que acompañaba al equipo de futbol y una mujer que viajaba en un taxi, además de por lo menos 25 heridos.

El hecho provocó la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Normal, pero según las autoridades se localizaron con vida 14, lo que deja un número de 43 desaparecidos que nadie sabe en dónde y en qué condiciones están al cierre de la edición.


El Procurador Murillo Karam informa que se han encontrado nueve fosas clandestinas en Iguala con 28 cuerpos calcinados hasta ahora, sin poder precisar si algunos de ellos corresponden a los normalistas desaparecidos. Ante la desconfianza, familiares de éstos exigen que peritos extranjeros realicen los estudios en forma independiente.

El suceso ha levantado una ola de indignación y de protesta en todo el mundo exigiendo la aclaración y castigo de los culpables mientras el gobierno mexicano y las autoridades respectivas repiten el consabido discurso de que se está investigando y se hará justicia, conforme a derecho…, una salida que se manipula para la impunidad.

A estas alturas nadie sabe por qué y quién ordenó a la policía municipal disparar contra los estudiantes normalistas, sin embargo, los familiares rechazan que la delincuencia organizada esté involucrada directamente, como han sugerido algunas autoridades, y testigos señalan que agentes municipales apresaron a los estudiantes, los metieron en patrullas y celdas, para después desaparecerlos.

El alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, es sospechoso de los hechos y se encuentra prófugo, lo mismo que el director de la corporación policial y el secretario de Seguridad Pública Municipal. Llegó al cargo, se dice, impuesto por el crimen organizado a través de la agrupación “Guerreros Unidos” a la que pertenece; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, también perredista, está en entredicho y posiblemente, metafóricamente, ruede su cabeza.

No es el único caso de funcionarios de todos los partidos y todos los niveles de gobierno que llegan al poder impuestos por el crimen organizado, como todos lo sabemos, pero estamos entrado al periodo electoral 2015, de modo que no le extrañe que muy pronto lo visiten a usted, le prometan el oro y el moro y le compren su voto, con el único fin de continuar con la simulación de que vivimos en un país democrático. Ese es el negocio de la política en México y el resultado de los sucesos que hoy abordamos.  

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