Reynaldo Mota Molina
El propio Enrique Peña Nieto
se ha encargado de dar un mentís rotundo a la reforma que en materia de
telecomunicaciones él mismo promulgó a mediados del año pasado con gran bombo y
platillo y ha vuelto a quedar postrado ante los intereses todopoderosos de
Televisa, lo cual de por sí es muy grave, pero todavía más, el refrendo a la
manipulación mediática absoluta que tanto daño ha ocasionado al país en el
ámbito de la telecomunicación, la política, la educación, la economía y la democracia,
entre otras muchas cosas, socavando la soberanía del Estado.
Como se temía, muchos aspectos
de las iniciativas de las Leyes reglamentarias o secundarias presentadas apenas
hace unos días por Peña Nieto contradicen lo establecido en la nueva Ley de Telecomunicaciones
consagrada ya en la Constitución Política mexicana y peor aún, tratan de
regresar a la Secretaría de Gobernación la facultad de censurar contenidos de
radio y televisión y controlar la comunicación y las nuevas concesiones y
prórrogas, que son responsabilidad exclusiva del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), el supuesto organismo autónomo recién creado.
La iniciativa presentada por
el Ejecutivo al Senado de la República dice, por ejemplo, en un sentido
presumiblemente sesgado, que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de
vigilar que los contenidos de radio y televisión sean educativos,
culturales y cívicos, además de la revisión de los espacios noticiosos y
de contenidos diversos, para que se difunda información imparcial, objetiva,
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional; igualito a lo que
establecía el decreto-ley de la dictadura militar de Argentina en 1980 que
decía: la información debe ser “veraz, objetiva y oportuna” cuando en dicho
país “se mataba, se censuraba y se desaparecía”, según el testimonio del autor
intelectual de la nueva Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, Gabriel
Mariotto, actual vicegobernador de Buenos Aires. El “parecido” de ambos casos
es altamente preocupante. ¿Qué tanto más esconden las tales leyes secundarias
que más bien parecen ser una contra-reforma…?
Esto nos lleva a retomar lo
que mencionamos en nuestra entrega anterior “Más Pobres y Más Ricos” respecto
al informe de Oxfam “Gobernar para la
Élites” que menciona, entre muchos otros análisis: “De qué manera las leyes que
regulan las economías nacionales se subordinan a los intereses de la élites? Se
trata de un problema inherente a la naturaleza de la política> ... <La influencia de los grupos acaudalados da lugar
a los desequilibrios en los derechos y la representación política. Como
resultado, esos grupos poderosos
secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias> ... <La
concentración de la riqueza en manos de las élites da lugar a una
influencia política indebida que, en último término, arrebata a los ciudadanos
los ingresos procedentes de los recursos naturales, genera políticas fiscales
injustas, fomenta las prácticas corruptas y desafía el poder normativo de los
gobiernos. El conjunto de estas consecuencias empeora la rendición de cuentas y
la inclusión social>.
La
instauración de las leyes secundarias está en proceso en este momento y supone
el debate y análisis profundo y responsable del Congreso de la Unión a favor
del pueblo mexicano cuyo dictamen
deberá ser el próximo 30 de abril. Está en juego, pues, el presente y el futuro
de nuestro país en materia de telecomunicaciones y de los muchos asuntos que implica,
que son trascendentales para la vida nacional de ésta y de las nuevas
generaciones y por lo tanto, es indispensable tomar conciencia de su
importancia y participar activamente la ciudadanía para no permitir que avance
el daño que se pretende.
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