Reynaldo Mota Molina
47 años de la matanza de Tlatelolco a manos del Estado
mexicano; 47 años de los abyectos e impunes crímenes de estudiantes
universitarios reunidos en una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México, cuyo movimiento estudiantil
logró aglutinar otros reclamos de los sectores obrero, campesino y médico del
sector público, sin que hasta el día de hoy se haya aplicado justicia a los
responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 2 de octubre de
1968, empezando por el expresidente de la República, Luis Echeverría Álvarez,
secretario de Gobernación en ese entonces, bajo la presidencia de Gustavo Díaz
Ordaz.
Han transcurrido 47 años de la matanza cuyo número
exacto de estudiantes y demás ciudadanos muertos por la llamada Brigada Blanca –integrada por policías,
judiciales y militares– y el Ejército, se desconoce –la cifra más probable es
de 325; el gobierno reconoció sólo 26–, mientras el deterioro de las instituciones
de gobierno y de justicia alcanza estándares que alarman a todo el país y al
mundo entero debido a la corrupción y a la impunidad de que son presas.
Durante este tiempo han ocurrido innumerables actos
represivos por parte de las autoridades civiles y militares exacerbados por su
colusión con el crimen organizado que adquieren grados de crueldad inhumana
inenarrables, baste mencionar Atenco, San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato-Ecuandureo y, por
supuesto, la desaparición forzada de 43 estudiantes –otra vez estudiantes– normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y cuando menos 9 personas
fallecidas, hace un año, a manos de policías municipales y federales con el
conocimiento o participación del Ejército en medio de la más absoluta
impunidad, encubiertos por las instituciones de gobierno y de justicia.
Tal vez por incapacidad o por tratar de obtener algo
de credibilidad y liberar un poco la presión mundial por la aclaración de la
desaparición y paradero de los estudiantes, el gobierno federal solicitó la
intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la
investigación de este asunto, que el exprocurador de justicia Jesús Murillo
Karam, dio por concluido al declarar su “verdad histórica” sin fundamento.
El trabajo exhaustivo de los investigadores
profesionales de la CIDH no sólo ha evidenciado la falsedad de la verdad histórica sino que ha demostrado
la existencia de un quinto autobús, por lo menos acondicionado para el trasiego
de droga, que sin saberlo los estudiantes, tomaron para unirse al contingente
que acudiría a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario de la matanza de
Tlatelolco, motivo de este maremágnum que nos lleva a pensar: si los
estudiantes no hubiesen topado con dicho autobús, otra sería la historia.
Ahondar en esto no le conviene al gobierno federal que
ha encubierto toda esta trama por razones inconfesables y ahora trata ridículamente
de desvirtuar la investigación de la CIDH pero, afortunadamente, los
investigadores tienen los elementos fundamentados y testimonios irrefutables
que han dado a conocer.
Todo esto demuestra que a 47 años de distancia de la
matanza de Tlatelolco, estamos ahora peor que entonces: mayor corrupción, dicho
y reconocido por el propio presidente Enrique Peña Nieto envuelta en su cultura, así como falta de
credibilidad en todas las instituciones; mayor impunidad, mayor injusticia,
mayor inseguridad, mayor número de desapariciones forzadas, mayor grado de
tortura; mayor pobreza, mayor desigualdad socio-económica, mayor desprestigio
internacional, mayor predominio extranjero, mayor saqueo de los bienes
nacionales… y todavía faltan tres años.
Para ampliar imágenes dar clic en ellas.
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