AUTONOMÍA FICTICIA

Reynaldo Mota Molina

Sería sano e interesante llegar a saber el móvil de por lo menos algunas decisiones de Enrique Peña Nieto y su gobierno —ya que son imposibles de comprender para los más de ciento doce millones de ciudadanos comunes y corrientes—, de cómo y por qué primero presentó las iniciativas de las reformas constituciones más importantes y trascendentales, a grado tal de trastocar en forma definitiva el destino del país y de sus habitantes en por lo menos dos ejes fundamentales como son la Energética y la de Telecomunicaciones, por mencionar solamente estas dos de las once que ha promulgado en lo que va del sexenio.

Seguramente usted recuerda el extraordinario despliegue publicitario de los supuestos beneficios que traería para todos los mexicanos el hecho de dejar en manos privadas, extranjeras y nacionales, la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica en los precios domésticos del gas, de las tarifas eléctricas y de un sinfín de promesas incluyendo la generación de cientos de miles de empleos bien remunerados.

En la de Telecomunicaciones ofrecía poner fin a los monopolios en general, incluso se integró un nuevo organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dotándolo de amplias facultades para regular y controlar efectivamente la televisión y la telefonía, entre muchas otras cosas, y así fueron promulgadas. 

 Muchos aplaudieron la decisión de que Peña Nieto al fin se atreviera a ponerle el cascabel al gato en materia de telecomunicaciones —ver “A ver si así”— sin ocultar el recelo que significaba la aplicación real de dichas reformas constitucionales.

Todos sabemos en qué terminaron; las Leyes reglamentarias presentadas por el mismo Enrique Peña Nieto contradicen en puntos vitales lo que establecen las propias reformas constitucionales —¿quién lo entiende? ¿Cuál es la razón verdadera de esto? ¿Cómo es posible que el Congreso de la Unión solape y apruebe que las leyes secundarias superen a las constitucionales? ¿Entonces, para qué sirve…? 

No sólo esto. Las Leyes reglamentarias en materia energética son muchas y dejan conscientemente cientos o quizá miles de recovecos jurídicos por donde los monstruos petroleros internacionales tendrán oportunidad de sacar los energéticos impunemente, a su antojo y conveniencia, y los mexicanos, como siempre, nos quedaremos sólo mirando…

Las de Telecomunicaciones terminaron con un suculento paquete de regalos a Televisa más allá de lo que pretendía y empoderando sospechosamente a Gobernación en relación con los contenidos y los derechos de las audiencias.

Estos atracos generaron la reacción de ciudadanos, analistas especializados y organizaciones civiles que señalaban la inconstitucionalidad de cuando menos quince puntos específicos de las Leyes secundarias siendo el principal el de coartar la propia autonomía del IFT en la toma de decisiones en las que la Constitución le otorga autoridad exclusiva —como es el caso en materia de competencia, por ejemplo—, y las Leyes secundarias lo obligan a consultar al respecto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.

El IFT se vio precisado a decidir sobre la necesidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara la legislación que menoscaba y vulnera las facultades del organismo regulador que para eso fue creado. Pero el pleno del instituto decidió no acudir a la corte en votación de 5 – 2, sometiéndose humillantemente a la presunta línea dictada por el Ejecutivo.

Las excusas de los cinco comisionados que votaron en contra son escuetas y francamente estúpidas.

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