Reynaldo Mota Molina
Diecisiete horas le bastaron al Senado de la República
para aprobar en lo general y en lo particular las Leyes reglamentarias de la
Ley Federal de Telecomunicaciones promulgada hace un año, mediante un dictamen
de 700 páginas que los sesudos legisladores absorbieron en un pestañeo. Así, el
pleno de la Cámara lo definió con 54 votos del PRI, 5 del palero Partido Verde,
23 del compañero de viaje llamado PAN, 1 del PT y 1 de Nueva Alianza. Para el
consuelo de tontos, el PAN dividió el total de sus votos con 12 en contra, 5 el
PT y la totalidad del PRD con 22 votos en contra.
El Senado se dio el lujo de pedir a legisladores que
tienen evidente “conflicto de intereses” se excusaran de participar en el
proceso de votación después del escándalo calculado en contra de la senadora
del PRD, Purificación Carpinteyro, una de las voces más fuertes, críticas y
autorizadas del Congreso en materia de telecomunicaciones, opositora de la
contrarreforma en la materia, que fue acusada de “conflicto de interés” por un
negocio de telecomunicación que todavía no existe; sin embargo, Carpinteyro
decidió eximirse del proceso legislativo para no enturbiar el procedimiento.
Los senadores que “graciosamente” accedieron a la petición de no votar son: Arely
Gómez del PRI, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa;
Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca y
Iusacell; Luis Armando Melgar, director general del canal Proyecto 40, que
opera Televisión Azteca.
De esta forma se evidencian las dos varas distintas
con que se mide la preponderancia en las Telecomunicaciones de México: Al
consorcio de Carlos Slim se le imponen medidas que buscan aminorar —con toda justeza—
la enorme concentración que domina en todos los servicios que ofrece, así como
promover la competencia; en cambio, al emporio de Emilio Azcárraga, sólo se le
aplica en la señal de televisión abierta y se deja fuera todo lo demás. Es
decir, se aplica un criterio constitucional distinto, por sector y no por
servicio, impidiendo así que sea declarada preponderante en televisión de paga y
además se deja abierta la puerta para que pueda seguir concentrando cableras,
audiencias, cobertura y monopolio
del mercado de la opinión pública y, en un futuro cercano, también telefonía e
Internet.
Se establecen medidas asimétricas y
antimonopólicas para el gigante Slim, que con todo su poder económico es
inofensivo. Para el otro gigante, Azcárraga, no hay medidas que puedan atenuar su
nocivo poder dominante que afecta mercados, consumidores, pluralidad y vida
democrática entre muchas otras cuestiones.
En todo este proceso ha sido evidente la presión que
Televisa ha ejercido sobre legisladores y partidos políticos para obtener la
bolsa de regalos que los legisladores le han obsequiado impunemente. Ante este
absurdo —para decirlo suave— tenemos derecho a especular sobre aquella reunión
de Enrique Peña Nieto y Emilio Azcárraga, el 2 de enero de este año en su
rancho de Valle de Bravo, teniendo como “testigo de honor” a Bernardo Gómez, vicepresidente
ejecutivo de grupo Televisa, y preguntarnos si desde entonces quedaron
arregladas así las cosas…
Otra cuestión
aún más grave, como lo hemos ya dicho, es el debilitamiento del supuestamente
autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de
competencia, vigilancia y sanción de contenidos, que quedan bajo el control de
la Secretaría de Gobernación, como en los viejos y más nefastos tiempos del
PRI-gobierno.
Al cierre de esta edición, la minuta correspondiente fue
turnada a la Cámara de Diputados que la procesará en comisiones el lunes 7 de
julio y la llevará ante el Pleno del palacio legislativo de San Lázaro el
martes 8, así, rapidito. ¿Qué cree usted que pasará…?
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