Reynaldo Mota Molina
El gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenó con el
famoso “Pacto por México” suscrito por los consabidos partidos políticos
PAN-PRD-PRI que en la práctica —más allá de los discursos y la manipulación
mediática— sirvió para facilitar la aprobación de las reformas constitucionales
con las que Peña Nieto estaba comprometido con los poderes fácticos externos e
internos que lo llevaron a la silla presidencial, cuya cereza del pastel era la energética incluyendo el patrimonio
nacional más preciado de los mexicanos, el petróleo, quedando así a su entera
disposición.
Esta es la convicción que prevalece en observadores y
analistas no alineados. Todos somos testigos que el Congreso sólo sirvió para
“legitimar” las iniciativas negociadas en lo obscurito entre los partidos
tratando de llevarse cada uno la mejor tajada; así sucedió con la “reforma”
fiscal, la financiera, la de telecomunicaciones y, por supuesto, la energética,
puesto que diputados y senadores —inútiles unos y otros para la
representatividad ciudadana, supuestamente, su razón de ser— aprobaron sobre
las rodillas, así, rapidito, sin interés real de analizar, discutir, discernir
y mucho menos pensar en el bien de la nación ni de sus habitantes. Los
más las aprobaron sin siquiera haberlas por lo menos leído, a pesar de la
enorme importancia y trascendencia para la vida nacional presente y futura.
Lograda la encomienda de Peña Nieto y con el
beneplácito de los poderes fácticos el “Pacto por México” empezó a desmoronarse
y con la salida de los perredistas, porque no quedaron satisfechos con la
rebanada que les tocó, el pacto está prácticamente liquidado; es decir, ya
cumplió para lo que fue creado, lo que demuestra una vez más que solo fue un
engaño a la ciudadanía y manipulación del gobierno para obtener sus fines.
¿Qué va a pasar con el otro pacto, el acuerdo para la
seguridad de Michoacán? En resumidas cuentas es más de lo mismo: la
militarización de la mayor parte del estado, como ya sucedió antes, en los
tiempos funestos de Calderón en el propio Michoacán, Ciudad Juárez y Tamaulipas
para sólo mencionar unos ejemplos, que solo llevaron abusos exacerbados y mayor
corrupción militar y policiaca ante la más absoluta impunidad, incrementando el
número de asesinatos y crímenes de todo tipo.
Nuevamente insistimos en lo fundamental, en lo que no
se toca por parte de las autoridades competentes: el lavado de dinero, la
estructura financiera y empresarial, el flujo del dinero de los Caballeros
Templarios… ¿por qué?
Si acaso el gobierno federal llegara a atrapar o
eliminar a los siete cabecillas que exigen las autodefensas ciudadanas, de los
que hasta ahora han aprehendido a dos chivos expiatorios, todos sabemos que no
es la solución, sino el mecanismo para la proliferación de nuevas células
delincuenciales; los propios Templarios son evidencia de esto.
¿…Y cuando se retire el ejército? —porque tendrá que
hacerlo— ¿Qué o quien garantiza que no retornará la violencia en la región,
quizá con mayor virulencia, embozada en cualquier otro cártel.
¿Qué va a suceder con las autodefensas ciudadanas y
comunitarias? Por una parte el gobierno “institucionaliza” su figura en
Michoacán pero tiene presos a algunos de sus integrantes y a varias decenas de
las autodefensas de Guerrero, que tienen origen similar a las de Michoacán.
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