La convocatoria de Felipe Calderón a diversos sectores de la sociedad mexicana para sus “Diálogos por la Seguridad” tuvo respuesta remilgosa de parte de los convocados que asistieron convencidos de antemano de que no habría cambios substanciales en la “estrategia” contra el crimen organizado y sí, en cambio, salpicadera de responsabilidades tratando de sacudirse la autoría de una “guerra” inútil y perdida desde siempre porque nunca fue instrumentada para verdaderamente ganarla y ahora, que se aproxima inexorablemente el proceso electoral para el relevo de Los Pinos en el 2012, el agua, más bien la sangre de los muertos, le ha llegado al cuello y las implicaciones y complicaciones que su “guerra” ha generado lo tienen completamente rebasado y desesperado, no encuentra cómo desatarse de éstas y lo más fácil, es repartirlas entre todos.
Mucho diálogo y cero consecuencias. Supuestamente la “idea” era construir una política de Estado en materia de seguridad y, sin embargo, nunca se definió el camino para hacerla y todo terminó, simplemente, en un intercambio de opiniones —la mayoría nada nuevas porque se han expuesto oportunamente con toda claridad por distintos actores y medios— de datos, propuestas, justificaciones, convocatorias y hasta reclamos que no llegarán a ningún lado. La posición de Felipe Calderón, que se dijo abierto a fortalecer y corregir la política vigente, desde el inicio de los “diálogos” demostró que no era así al señalar que la participación del Ejército en el combate al crimen organizado se mantendrá hasta el último día de su gobierno. Así mismo, en todas las reuniones aprovechó para repetir su mensaje a la nación en el que describió la evolución histórica de la delincuencia organizada, exculpando su participación, y para reiterar su oposición a la legalización de las drogas pero manifestando que está dispuesto a que se debata al respecto. O sea sí pero no.
Reclamó a la sociedad que no denuncia los actos delictivos por temor a represalias de las organizaciones criminales pero omitió decir que ésta se encuentra inerme no sólo ante la delincuencia sino ante las propias dependencias gubernamentales encargadas de la investigación y la procuración de justicia que están infiltradas por las organizaciones delictivas. Independientemente de que la sociedad jamás fue tomada en cuenta para iniciar su “guerra” y ahora es recriminada.
A los gobernadores también les repartió: "Está claro que ni los estados ni la Federación, si actuáramos de manera aislada, podríamos resolver este asunto (de la inseguridad) y menos si estamos confrontados. Se requiere la participación de todos, sin excepción y sin titubeos".
A los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado demandó aumentar el presupuesto de las dependencias involucradas en la “guerra” contra el narcotráfico, pues de lo contrario, el Estado tendría que buscar nuevas fuentes de ingreso, lo que constituiría una carga adicional para los contribuyentes. Es decir, más impuestos para los cautivos porque los privilegiados continuarán con sus prebendas.
Seguramente obligado por los señalamientos en materia de lavado de dinero, por diferentes partidos políticos, sobre el hecho de que sólo se combate a los delincuentes pero no sus recursos en las instituciones financieras, Calderón dijo: “Yo le he instruido ya al Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le he pedido ayuda al Gobernador del Banco de México en respeto, además de su autonomía, para que tratemos de diseñar una nueva política contra el lavado de dinero, que también he instruido que se presente, precisamente, en el curso de esta semana y estos diálogos”.
Total, NADA, lo que demuestra, una vez más, que dichos diálogos no se realizaron con la verdadera intención de formular nuevas políticas en forma consensuada de seguridad pública, sino al afán mediático del gobierno federal por aparentar apertura y civilidad, y terminó en una nueva burla a los sectores convocados y a la sociedad.
¿Qué sigue…?
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