¿Quién responde por los daños al país que ocasiona esta errada “guerra” contra el narcotráfico? ¿Habrá quién finque las responsabilidades correspondientes y, sobre todo, quién aplique estrictamente las sanciones a que haya lugar? México es un país secuestrado por su propio gobierno, pero no sólo eso, sino que lo tiene sometido a una inseguridad generalizada y torturado por una violencia que no se veía desde la época de la conquista española y, sin embargo, nadie es responsable de nada.
¿Para qué demonios sirve esta “guerra”?, porque la finalidad de Felipe Calderón cuando la desató no fue, ciertamente, la de acabar con el narcotráfico ni con el crimen organizado, sino para tratar de legitimar su mandato sospechoso de fraude electoral con el que llegó a la silla presidencial envuelto en la nube de la guerra de odio instrumentada contra Andrés Manuel López Obrador.
La legitimación de su gobierno no la ha logrado, ni la logrará y, por otro lado, fue una decisión populista mal calculada, como el mismo Calderón lo reconoció en su momento cuando dijo que, con gran sorpresa, él y su gobierno descubrieron que el mal era mucho mayor de lo que creían, con lo cual evidenció desconocimiento total sobre la gravedad del problema y una irresponsabilidad absoluta al lanzarse a ciegas a la “guerra” arrastrando al Ejército, a la Armada, a las supuestas fuerzas del orden y al pueblo en general, ante lo cual, resulta que tampoco hay responsables.
El resultado es, a todas luces, contraproducente porque no sólo no ha disminuido el narcotráfico sino que ha propiciado un crecimiento explosivo y multiplicado enormemente los canales de trasiego, pero además, ha generado una violencia extrema entre los cárteles de la droga que encuentran en la revuelta la oportunidad de disputar nuevos territorios. Otras causas de la violencia son la renovación de las plazas debido a las bajas causadas por muertes o aprehensiones de algunos líderes narcos de segundo nivel, cuando mucho, y las venganzas entre sí y en contra de las fuerzas de seguridad y del Ejército, que han alcanzado a víctimas inocentes de la población civil incluyendo a niños, jóvenes estudiantes y periodistas, ante la más absoluta impunidad.
Consecuencia de todo este embrollo es la gran inestabilidad que vive el país en prácticamente todos los órdenes, sin que se vean posibilidades de salida, por la tozudez de Calderón de continuar la inútil “guerra”.
No hay registros confiables que informen sobre los costos operativos de las fuerzas armadas —Ejército, Armada y Policías— de 2006 a la fecha, en donde se incluya el equipamiento en todos sus haberes, desplazamientos, mantenimiento, etcétera, que permitan conocer este gasto que debe de ser extraordinario. ¿Cómo se cubre? ¿Cuánto ponemos usted y yo para esta guerra que ni pedimos ni queremos?
¿A cuánto asciende la fuga de capitales que han salido del país a causa de la inseguridad? ¿Cuántas empresas y negocios han tenido que cerrar por este motivo? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuánto ha disminuido el turismo por esta misma razón(?)? ¿En cuánto se estima la falta de nuevas inversiones nacionales y extranjeras?
Y en el aspecto humano, ¿cómo se puede resarcir el daño moral a los deudos de las víctimas inocentes? ¿Cómo devolver a la sociedad, cuando menos, la precaria tranquilidad que vivía hasta antes de la “guerra” estúpida? ¿Cómo recuperar la confianza en instituciones como el Ejército y la Armada, tradicionalmente respetables?
Felipe Calderón tiene perdido el rumbo del gobierno de México desde el primer día —tal vez desde antes— como también sucedió con Vicente Fox, ambos desventurados gobiernos panistas impulsados por las poderosas ultraderechas nacional y extranjera que los usan y manipulan conforme a sus inconfesables intereses ocultos en la obscuridad absoluta.
¿Cómo hacerles responder por estos daños a la nación?
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