En los ya menos de tres años que le quedan de ocupar la silla presidencial Felipe Calderón se dedica a consolidar su cerco de impunidad blindada, de tal modo, que sea verdaderamente inexpugnable. Ahora es a través de las consejeras que ocuparán las dos vacantes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, procedente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, y Wanda Sigrid Arzt Colunga, secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional cuyo cargo depende directamente del propio Felipe Calderón.
Esto es un intríngulis; para empezar, varios representantes de organizaciones sociales cuestionan el nombramiento por su cercanía con Calderón y otros organismos panistas y porque no tiene el perfil para ocupar tal cargo. Dicho comité, creado en 2007, “es uno de los pilares del gobierno calderonista … y su presidente es el propio Calderón”. Cuestionan, así mismo, la discrecionalidad con la que la secretaría técnica maneja su propio presupuesto que asciende a 33 millones de pesos. Otro de los argumentos es que: “Los comisionados del IFAI tienen que estar desligados del gobierno, sobre todo del jefe del Ejecutivo —dice Jacinto R. Murguía, coordinador académico de la Fundación Prensa y Democracia (Prende)—. “No creo que ella esté dispuesta a abrir los archivos que el propio gobierno trata de ocultar, sobre todo en lo referente a la guerra contra el narcotráfico”.
La propuesta debe ser ratificada por el Senado de la República, pero siendo como es, cómplice de la impunidad, esto no pasará de ser un mero trámite burocrático.
Otro elemento es el posible nombramiento de María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta substituta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y amiga íntima de Margarita Zavala y Felipe Calderón, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pesar de estar envuelta en una truculenta historia de corrupción, abuso de poder y diversas ilegalidades desde 2007 que involucran a todos los magistrados, particularmente a Salvador Olimpo Nava Gomar, quien también pretende ser ministro de la “Suprema”. Así entendemos por qué la justicia y la impunidad están como están en nuestro país.
Tres de los principales contrafuertes de la fortaleza de impunidad blindada de Felipe Calderón, SG-SCJN-PGR, tienen, casualmente, nexos directos con el traficante de influencias Diego Fernández de Cevallos (PAN) cuyos hilos son movidos activamente por Carlos Salinas de Gortari (PRI), quien no cesa en su afán reivindicatorio, sediento de poder y gloria tras las bambalinas presidenciales.
Efectivamente, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, estuvo asociado en el bufete de Diego Fernández de Cevallos; éste apoyó desde el Senado al hoy saliente presidente de la SCJN, Mariano Azuela, para ocupar dicho cargo; Arturo Chávez Chávez, flamante nuevo titular de la PGR, con las muertas de Juárez a cuestas, estuvo incorporado a dicho bufete jurídico vinculado a casos polémicos como el “Pemexgate” y otros sonados escándalos multimillonarios incluyendo los de Martha Sahagún y sus hijos.
Otros contrafuertes los constituyen, por supuesto, los omnipotentes: Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Armada de México, quienes son colmados de privilegios, canonjías y recursos de todo tipo a pesar de que sus resultados en la lucha contra el crimen organizado son prácticamente nulos.
Para los omnipotentes no existen crisis económica, crecimiento de la pobreza ni hartazgo social alguno; en su caso servirán para sofocar cualquier brote de inconformidad colectiva que Calderón observará desde su torre de impunidad blindada.
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