La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convierte una vez más en corte suprema de la impunidad —cómo olvidar el vergonzoso caso Lidya Cacho entre otros— y evidenciando de nueva cuenta el sometimiento del máximo organismo de justicia en el país al súper Poder Ejecutivo, exonera de toda responsabilidad a los presuntos autores intelectuales de los brutales atropellos cometidos por las fuerzas de “seguridad” en contra de la población civil de Atenco y Texcoco en mayo de 2006 —violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, incomunicaciones, robos y dos homicidios no esclarecidos, por si ya se olvidó—,
cuando resulta imposible para la inteligencia deslindar de tales excesos a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y a Eduardo Medina Mora, que se desempeñaba entonces como secretario de Seguridad Pública federal, y por tanto, las corporaciones represivas operaban bajo su mando confirmando, así mismo, que en México la “justicia” se imparte política y no legalmente.
¿De qué otro modo se puede entender que los susodichos y otros altos mandos policiales involucrados en aquella represión resulten inmaculados por acción de la “justicia” y, en cambio, Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, purgue una condena de 112 años en una cárcel de máxima seguridad como consecuencia de dichos acontecimientos y, presuntamente, en venganza por la defensa de las tierras en donde el gobierno foxista pretendió construir un nuevo aeropuerto internacional?
Previa a esta resolución Amnistía Internacional (AI) solicitó a la SCJN respaldar el informe de la comisión investigadora debido a que “el informe comisionado por la Suprema Corte evidencia un catálogo de violaciones de derechos humanos que han quedado impunes” y advirtió: “El apoyo de la Suprema Corte al informe de Atenco será vital para garantizar que las instituciones mexicanas finalmente empiecen a enjuiciar debidamente a los responsables y garanticen el acceso a la justicia”…
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