ABANDONO DEL CAMPO

Reynaldo Mota Molina

Hemos comentado en anteriores entregas de este espacio el criminal servilismo del gobierno mexicano a los intereses extranjeros económicos y políticos con el fin de mantenerse en el poder sostenido por éstos –con todo lo que ello implica– , por sobre los intereses de la nación y del pueblo mexicano cuya situación se empobrece más cada día, por mencionar lo menos.

El campo, recurso fundamental y valiosísimo para la producción de alimentos en la mayor parte del territorio nacional, desde hace por lo menos tres décadas con el pretexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), ha sido paulatinamente entregado a consorcios internacionales para su explotación y enriquecimiento desplazando a los productores nacionales aumentando su empobrecimiento. Caso evidente, patético e indignante, como ejemplo, es una gran extensión sobre la carretera 100 a la altura del municipio de Colón en el estado de Querétaro, a cuyos productores extranjeros se ha dado toda clase de facilidades para el usufructo agrícola de tecnología avanzada, mientras a los campesinos locales les fue negada la asistencia técnica y recursos hasta que, de alguna manera, fueron despojados de sus fértiles terrenos. Hoy, a lo más, algunos de ellos o sus descendientes trabajan como peones en dichas instalaciones.

Casos como este provocan el desapego del agricultor por la tierra e incentivan la emigración hacia Estados Unidos principalmente, ya que aquí no encuentran opciones de sobrevivencia. Tan solo en los últimos diez años se han “perdido” cerca de cinco millones de hectáreas de cultivo en el país y alrededor de dos millones de campesinos han emigrado hacia el país del norte.

“El sistema agroalimentario se está despoblando –dicen algunos entrevistados por el técnico forestal Raúl Torres Lugo (Tierra Fértil Núm. 82. Septiembre 2015)–. Corre el grave riesgo de perder una generación productiva. El relevo del conocimiento transmitido de generación en generación por décadas se esfuma, y con ello pierde la nación mexicana la seguridad y soberanía alimentaria. El promedio de edad de sus principales actores es de 55 años y una juventud que no ve viable como fuente de vida la actividad agropecuaria”.

Tres causas principales fomentan la migración y tienen sumido en la miseria a la mayor parte del campo nacional. Una: El gobierno mexicano planeó desde hace años, echar del campo a la mayoría de productores pequeños. Dos: El campesino se va de su tierra porque se quedó sin patrimonio al aceptar políticas públicas contraproducentes para el sector agroalimentario, que a fin de cuentas, llevaron al desmantelamiento del campo. Tres: Aunada a las anteriores, la gravedad de la inseguridad.

  A lo largo de treinta años, según Rubén Vázquez de la Rosa, presidente de la Federación Nacional de Productores de Granos Básicos, los gobernantes han arruinado la estructura de un campo próspero y, apoyados en la firma de tratados comerciales, ahora provocan hambre al campesino en México y desarraigo de su único patrimonio: la tierra. “Este es un plan conformado y aceptado por funcionarios de esta y otras administraciones federales desde hace tiempo”.

El gobierno simula a diario apoyar al campo con muchos recursos, cuando en realidad, sólo algunos pocos productores son a quienes hace ricos. Por ejemplo, los créditos de 230 mil pesos que eran, según esta administración, para el pequeño productor en Guanajuato, de alrededor de 400 solicitudes sólo la recibieron 50 campesinos a lo sumo.

Corrupción criminal: Cumplido (PRI).

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URGENCIA DEL DESPOJO

Reynaldo Mota Molina

El 15 de julio pasado se puso en marcha el segundo despojo más grande de la nación mexicana —en el primero perdimos más de la mitad del territorio mexicano en 1848 a manos de Antonio López de Santa Anna y a favor de Estados Unidos de América—. En el segundo la pérdida es el petróleo, la principal fuente de ingresos de divisas después de las remesas de inmigrantes, lo que significa la pérdida del control sobre nuestros recursos naturales, el sometimiento de las poblaciones que habitan las regiones petroleras, la pérdida de ingresos, el debilitamiento institucional del propio Estado, el inicio de un camino sin rumbo y la consumación de un crimen de lesa patria en que el país retrocederá a la subordinación en esta materia, a manos de Enrique Peña Nieto y a favor de Estados Unidos de América y sus socios.

A dicho despojo se le llamó protocolariamente Ronda Uno que contemplaba la asignación de 14 bloques petroleros de los 169 que se tiene previsto licitar, con una extensión territorial de 28 mil 500 kilómetros cuadrados del Golfo de México incluyendo tierras, aguas someras y aguas profundas. Un proyecto tan ambicioso y rápido que no tiene precedente en el mundo.

Sin embargo, la primera etapa de la mentada Ronda Uno fue un soberano fracaso. De los 14 bloques licitados solo 2 fueron adjudicados al consorcio mexicano-británico-estadounidense encabezado por Sierra Oil & Gas, casualmente, en el que está involucrado un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Los 12 restantes se declararon desiertos al no presentarse ofertas por parte de los competidores extranjeros o determinarse que las emitidas resultaron insolventes. ¿Falta de confianza en el gobierno mexicano por parte de los supuestos inversionistas, o qué…?

Rápidamente los peñistas afinaron algunos aspectos para hacer más atractiva la oferta y en la segunda fase de la Ronda Uno realizada el 30 de septiembre pasado, que incluye nueve campos petroleros en aguas someras del Golfo de México y serán adjudicados mediante cinco contratos, de las 14 firmas precalificadas 9 presentaron sus propuestas económicas y garantías de seriedad. De éstas, Grupo Carso, de Carlos Slim, no tiene experiencia en la exploración de hidrocarburos, pero otra empresa de su propiedad, la minera Frisco, a pesar de la oposición de al menos 100 mil familias, ha ocasionado derrumbes, acaparamiento de agua y fracturas de las casas de los pobladores de Salaverna, Zacatecas y, ¡tan campante!

Pero al gobierno de Peña Nieto le urge le venta petrolera, que no fluye, y no corren los ríos de dinero a sus bolsillos ni a los de sus amos, y el 15 de diciembre llevó a cabo la tercera etapa de la famosa Ronda Uno, con la adjudicación del cien por ciento de los campos petroleros concursados, es decir, 25 de 25 contratos entre los que dice Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, hay empresas mexicanas, extranjeras y asociaciones en consorcio???

De los 25 campos adjudicados, 17 son de aceite y 8 son de gas en la Cuenca de Burgos. Los estados donde se ubican dichos campos son: Chiapas con 5, Nuevo León 7, Tabasco 5, Tamaulipas 2 y Veracruz 6.

Según Coldwell, “la licitación traerá una producción pico de 77 mil barriles diarios de petróleo y una inversión de mil 100 millones de dólares” y agregó: “Con los resultados obtenidos en esta licitación, se suman 22 empresas al nuevo sistema industrial de hidrocarburos mexicano”.

…¿Y yo qué? dirá usted… 

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LIBRE COMERCIO

Reynaldo Mota Molina

Ante el mayor sigilo y profundo secreto el gobierno de Enrique Peña Nieto trataba de culminar un acuerdo comercial con siete países –Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, Perú y Vietnam– desde 2012 en que inició su gobierno, pero resulta que WikiLeaks publicó en noviembre de 2013 un borrador del capítulo de Propiedad Intelectual de dicho tratado y se provocó un escándalo a nivel mundial que aquí los medios alineados del gobierno guardaron cómplice silencio. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué se esconde a espaldas de los ciudadanos mexicanos? Seguramente nada para su beneficio y sí en su perjuicio. De otra manera no habría por qué actuar a escondidas…

No pudiendo continuar el secreto, pero sí el cauteloso silencio, finalmente el tratado se firmó el pasado 5 de octubre con el nombre: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), bajo un mar de sospecha y desconfianza incluso del sector empresarial que, en primera instancia, ve un panorama incierto y amenazador para su economía y desarrollo; en última, los consabidos jodidos, usted y yo. Dicho acuerdo es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una gran variedad de materias de políticas públicas.

 La amenaza se cierne en agricultura, aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, competencia con empresas comerciales del Estado, comercio y medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales-institucionales, y todo lo que ello implica, sobre lo que las instancias respectivas de gobierno guardan absoluto silencio.

Todo este bloque económico y comercial resulta ser una estrategia de Estados Unidos para detener la expansión de la economía china que paso a paso se va extendiendo como la primera economía del mundo, que hasta ahora aún conserva la nación estadounidense.

El gobierno mexicano como siempre, atendiendo las órdenes de su amo, firmó el acuerdo con países con quienes ya tenía firmados tratados de libre comercio como Canadá, Estados Unidos, Japón y Perú.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en vigor desde enero de 1994, tuvo por resultado el abatimiento del campo mexicano entre otros grandes desastres y la consecuencia de mayor dependencia alimentaria y económica del país del norte –Estados Unidos nos abastece de MAÍZ, habiendo sido un producto de origen mexicano– y, claro, el enriquecimiento de un puñado de políticos y empresarios.

El Tratado de Libre Comercio con Japón está en vigor desde abril de 2005 y el de Perú desde febrero de 2012. Tal vez a usted le beneficie en algo la suscripción de dichos tratados pero a la mayoría no. Ya sabe usted que siempre se esgrime el discurso de que es para beneficio de los mexicanos…

A la fecha, México cuenta con una red de 15 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 31 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que sirven para dos cosas… La que le puedo decir es que la balanza comercial con todos ellos es desfavorable a México. ¿Por qué…?

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LA CUESTIONADA REVOLUCIÓN MEXICANA

Reynaldo Mota Molina

A 105 años de distancia el movimiento armado iniciado por Francisco Ignacio Madero en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que había ocupado la presidencia de México desde 1876, sigue siendo tan cuestionado como lo fue desde un principio aunque por diferentes razones. Con Madero se encendió la mecha que incendió el país mediante el Plan de San Luis que denunciaba los abusos de la dictadura y exponía entre otros proyectos el de restituir a los campesinos los terrenos arrebatados por el porfirismo, señalando el 20 de noviembre de 1910 como fecha del alzamiento bajo el lema “Sufragio Efectivo, No Reelección”.

Finalmente, Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y partió exiliado el 31 de dicho mes y año a París, Francia. Francisco I. Madero fue traicionado y sacrificado el 22 de febrero de 1913.

La Revolución mexicana ha sido cuestionada incluso como tal, porque algunos autores sostienen que los líderes de los diferentes grupos no luchaban por un fin común organizado sino que peleaban unos contra otros en busca de sus propios ideales e intereses, es decir, lo que en forma pragmática el pueblo denominó “la bola”.

Como quiera que sea, la realidad es que el movimiento armado costó más de un millón de vidas de hombres, mujeres y niños, revolucionarios o no, pero muchos de ellos con el ideal de morir en aras de un país mejor… y muchos cuestionamos: ¿Valió la pena?

Los ganones fueron los políticos militares quienes haciendo a un lado lo del “Sufragio Efectivo, No Reelección”, sucesivamente se apoderaron de la presidencia de la República empezando por Venustiano Carranza. Enarbolando la bandera de la revolución Plutarco Elías Calles fundó el hegemónico Partido Nacional Revolucionario (PNR), Lázaro Cárdenas el corporativismo cambiando a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Miguel Alemán abriendo el paso a civiles universitarios, a Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en suma, usufructuaron la revolución durante más de setenta años consecutivos.

No existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunos lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunos otros en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o 1924 con la de Plutarco Elías Calles, algunos más aseguran que el proceso se extendió hasta la década de 1940 con Jesús Silva Herzog, pero es un hecho que la Revolución mexicana murió hace mucho tiempo.

Sin embargo, los políticos han seguido explotando la Revolución como una gesta gloriosa que construyó una democracia y un país más próspero y más justo, pero vemos que la realidad es muy distinta porque prevalecen las condiciones de pobreza, explotación e injusticia que existían desde los tiempos de Porfirio Díaz agravadas hasta el infinito por los gobiernos neoliberales, corruptos y coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado. A la fecha, 55 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza y 30 por ciento en la miseria. ¿De qué sirvió la Revolución…?

Los gobiernos panistas tuvieron su oportunidad de transformar verdaderamente el país en el año 2000 pero rápidamente aprendieron la forma del saqueo impune y traicionando sus propios ideales convirtieron el país en un mar de sangre, muerte, desesperanza y mayor pobreza e injusticia.

Antagónicos de la palabra revolución, cambiaron la fecha de su conmemoración para mayor deslave; no supieron qué hacer con el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, pero aprovecharon la oportunidad de defraudar a la nación con una monumental estupidez llamada Estela de Luz.

Los neopriistas, nuevamente en el poder, ajenos a por qué se dicen revolucionarios institucionales, sólo saben que están al servicio de los patrones neoliberales y por ello tienen las arcas abiertas para su enriquecimiento, y que taca tataca la Revolución…

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MALA EDUCACIÓN

Reynaldo Mota Molina

Desde la época vasconceliana la educación pública en México fue concebida y diseñada “de medio pelo” para que el pueblo, que se debatía en los estragos de la postrevolución, no tuviera posibilidades de desarrollar el pensamiento y capacidades que pusieran en riesgo los planes políticos de los gobiernos revolucionarios.

Así ha sido desde entonces y hemos visto a través de los años y comprobado ahora, que el sistema educativo de nuestro país está muy lejos de competir con los estándares internacionales en todos los niveles de la educación, desde la preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, tecnológica y aún la de postgrado, radica en la mediocridad y en la frustración de los estudiantes que en búsqueda del desarrollo profesional, si llegan a terminar sus estudios en cualquier entidad pública, se encuentran en desventaja al pretender un empleo adecuadamente remunerado.

Más aún, el presupuesto para la educación en nuestro país es de los más bajos del mundo, en contraste con los altos ingresos que reciben magistrados, legisladores y partidos políticos, por mencionar sólo estos ejemplos, sin contar los recortes presupuestales que agravan el problema.

El sistema educativo de México está diseñado para producir mano de obra barata para las empresas transnacionales estadounidenses principalmente, españolas, y de otros países europeos. Así vemos que desde la enseñanza secundaria se imparten talleres técnicos a los estudiantes; en la preparatoria se fomentan las actividades técnicas y los egresados reciben un certificado que los acredita como técnicos. Las instituciones tecnológicas hacen lo propio. La proliferación de universidades privadas con currículos tecnológicos está en boga con el mismo objetivo.

El sistema de educación pública no contempla la formación de líderes en ninguno de sus niveles —el gobierno mexicano es enemigo de que la gente piense—, no fomenta la creatividad empresarial, por el contrario, sólo forma empleados de servicios, y crea instituciones de enseñanza técnica.

Así, los egresados sólo aspiran a empleos menores, y quienes reciben un título profesional no tienen el perfil correspondiente a los requerimientos de las empresas y terminan aceptando menos.

Las reformas constituciones aprobadas el año pasado —muchas sobre las rodillas, es decir, rapidito porque así convenía a los intereses del gobierno— van acordes a este esquema, por ejemplo, los contratos temporales que no generan prestaciones sociales ni crean derechos laborales; todo a favor del patrón.

 El servilismo de los gobiernos mexicanos a los intereses extranjeros ha sido manifiesto desde Porfirio Díaz, para no irnos más lejos, que en un afán mal planeado del desarrollo del país, permitió la explotación del petróleo y las minas, sin reservas, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, etcétera, hasta que Lázaro Cárdenas puso un hasta aquí a las empresas petroleras, pero las mineras siguen saqueando oro, plata y demás minerales con métodos inhumanos, ante la absoluta complacencia de los gobiernos en turno. México es el único país del mundo cuyas minas siguen explotándose a cielo abierto y sin protección segura para los trabajadores.

Cierto es que hay muchos mexicanos sobresalientes en los campos de la administración, la ciencia y la tecnología, algunos de los cuales emigran al extranjero para desarrollarse, pero en realidad son muy pocos en proporción de los 115 millones de habitantes del país, resultado indudable de la mala educación en México. 

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¿DÓNDE ESTÁ EL ENEMIGO PÚBLICO?

Reynaldo Mota Molina

Por tercera vez Joaquín “Chapo” Guzmán escapó de la mano “justiciera” del gobierno mexicano; las dos primeras, de complacientes penales federales de alta seguridad y la tercera, de un operativo de la Marina Armada de México, después de que agencias antidrogas de Estados Unidos detectaron su ubicación en un rancho cercano a la población de Cosala, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental. Esto concediendo que así haya sucedido y no sea otra complacencia o un simple distractor de la atención pública.

Porque el gobierno de Peña Nieto no quiere que la ciudadanía fije su atención en la pobreza y el hambre que le aqueja y menos aún en la inseguridad creciente del territorio nacional como lo muestran los muertos recientes de Iztapalapa, sin embargo, no puede ocultar que en los tres primeros años del sexenio se han cometido más de 51 mil asesinatos, según las cifras oficiales al pasado mes de septiembre, aunque el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, reporta 57 mil, según su propio conteo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Solamente de enero a septiembre del año en curso son 13 mil 920 los asesinatos cometidos; en 2014 fueron 17 mil 324 homicidios dolosos; en 2013, 18 mil 447; y tan solo en diciembre de 2012, mil 696, durante el primer mes de gobierno de Peña Nieto. La suma de dichas cifras son un total de 51 mil 387 asesinatos en medio de la más absoluta impunidad.

En el nefasto gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron más de 70 mil muertes violentas con la dizque “guerra contra el narcotráfico”, aunque extraoficialmente la cifra rebasa 100 mil 200 muertos. Al paso que va, el gobierno peñista superará la cifra macabra, y eso que no estamos “en guerra”.

   

Un número indeterminado de estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad “al servicio del pueblo”: las policías federal, estatal y municipal, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, y uno se pregunta: ¿Dónde está el enemigo público…?

¿Será por eso que el Ejército se niega rotundamente a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue directamente a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los sucesos de septiembre del año pasado relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contraviniendo la disposición mostrada públicamente por el “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, evidenciando que ésta es solo aparente?

Porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó tal posibilidad en la audiencia pública realizada el pasado martes 20 en  la ciudad de Washington, alegando que dicho tema no forma parte de los puntos convenidos el día anterior con el GIEI. Sin embargo, los expertos aseguran que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

¿Por qué tanto resquemor del gobierno al interrogatorio de militares? ¿Pues no que el Ejército está para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, según reza la Constitución Política mexicana?

Por eso insistimos: ¿Dónde está el enemigo público…?

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DE TLATELOLCO A IGUALA

Reynaldo Mota Molina

47 años de la matanza de Tlatelolco a manos del Estado mexicano; 47 años de los abyectos e impunes crímenes de estudiantes universitarios reunidos en una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México, cuyo movimiento estudiantil logró aglutinar otros reclamos de los sectores obrero, campesino y médico del sector público, sin que hasta el día de hoy se haya aplicado justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 2 de octubre de 1968, empezando por el expresidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en ese entonces, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

Han transcurrido 47 años de la matanza cuyo número exacto de estudiantes y demás ciudadanos muertos por la llamada Brigada Blanca –integrada por policías, judiciales y militares– y el Ejército, se desconoce –la cifra más probable es de 325; el gobierno reconoció sólo 26–, mientras el deterioro de las instituciones de gobierno y de justicia alcanza estándares que alarman a todo el país y al mundo entero debido a la corrupción y a la impunidad de que son presas.

Durante este tiempo han ocurrido innumerables actos represivos por parte de las autoridades civiles y militares exacerbados por su colusión con el crimen organizado que adquieren grados de crueldad inhumana inenarrables, baste mencionar Atenco, San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato-Ecuandureo y, por supuesto, la desaparición forzada de 43 estudiantes –otra vez estudiantes– normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y cuando menos 9 personas fallecidas, hace un año, a manos de policías municipales y federales con el conocimiento o participación del Ejército en medio de la más absoluta impunidad, encubiertos por las instituciones de gobierno y de justicia.

Tal vez por incapacidad o por tratar de obtener algo de credibilidad y liberar un poco la presión mundial por la aclaración de la desaparición y paradero de los estudiantes, el gobierno federal solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de este asunto, que el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, dio por concluido al declarar su “verdad histórica” sin fundamento.

El trabajo exhaustivo de los investigadores profesionales de la CIDH no sólo ha evidenciado la falsedad de la verdad histórica sino que ha demostrado la existencia de un quinto autobús, por lo menos acondicionado para el trasiego de droga, que sin saberlo los estudiantes, tomaron para unirse al contingente que acudiría a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco, motivo de este maremágnum que nos lleva a pensar: si los estudiantes no hubiesen topado con dicho autobús, otra sería la historia.

Ahondar en esto no le conviene al gobierno federal que ha encubierto toda esta trama por razones inconfesables y ahora trata ridículamente de desvirtuar la investigación de la CIDH pero, afortunadamente, los investigadores tienen los elementos fundamentados y testimonios irrefutables que han dado a conocer.

Todo esto demuestra que a 47 años de distancia de la matanza de Tlatelolco, estamos ahora peor que entonces: mayor corrupción, dicho y reconocido por el propio presidente Enrique Peña Nieto envuelta en su cultura, así como falta de credibilidad en todas las instituciones; mayor impunidad, mayor injusticia, mayor inseguridad, mayor número de desapariciones forzadas, mayor grado de tortura; mayor pobreza, mayor desigualdad socio-económica, mayor desprestigio internacional, mayor predominio extranjero, mayor saqueo de los bienes nacionales… y todavía faltan tres años.

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DEL EMBUTE Y OTRAS COSAS…

Reynaldo Mota Molina

Sólo era cuestión de un poco de tiempo para que Enrique Peña Nieto tuviera que hacer efectivo el pago a Grupo MVS por el despido de Carmen Aristegui del noticiario de mayor audiencia en México, Noticias MVS, acorralado por la investigación de Carmen y su equipo que descubrió la colusión multimillonaria con Grupo Higa, la inmobiliaria favorita de Peña Nieto, por la adquisición de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en la exclusiva zona residencial de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

Como se esperaba, el pago consistió en la resolución de dos fallos del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones a favor de Grupo MVS, el “must carry” y “must offer”, es decir, la obligación de Televisa (que había interpuesto un amparo al respecto) de permitir la retransmisión de su señal radiodifundida de forma gratuita por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS; y la concesión en definitiva de la prórroga a MVS del uso de la banda de 2.5 gigahertz (GHz), cuyo litigio provenía desde los inicios del gobierno de Felipe Calderón, y que significa para el grupo empresarial MVS un negocio súper millonario sin precedente. He ahí el quid del asunto…

  

Que si las audiencias, que si la libertad de expresión, que si el conflicto de interés de Peña Nieto… todo eso no importa; lo que importa es el negocio y la impunidad…

Pero la labor periodística de Carmen Aristegui es reconocida y laureada en otros lados del mundo: Ahora en Estados Unidos. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) le otorga el Premio Presidencial al Valor por el reportaje de la “casa blanca” de Peña Nieto. “NAHJ honra a Aristegui no sólo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo”, indicó la asociación, cuya directora de medios, Eileen Truax, se refirió a la galardonada como “un ejemplo de constancia y congruencia”.

Mientras tanto Peña Nieto se revuelve en su propia inmundicia. Los diez cambios que hizo en su gabinete a partir de este mes buscan algo de credibilidad de su gobierno, pero tratándose de la misma cobija corrupta, no habrá mayor cambio sino únicamente darle vuelta al atole: “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza” dice el sabio refrán…

Ante la contundencia de las investigaciones y nuevos descubrimientos de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto se vio comprometido a reunirse nuevamente con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace casi un año, y la “verdad histórica” quedó hecha trizas en un mar de impunidad, fijando el próximo día 24 para tal reunión; justo antes de acudir a un nuevo encuentro internacional en que seguramente será cuestionado al respecto. La reunión le viene al pelo para salir del paso y dar nuevas largas y promesas vanas a los inflexibles padres de los estudiantes desaparecidos con los que nos solidarizamos.

El desprestigio y nulo respeto a la representatividad de México ante el mundo gira en torno de Enrique Peña Nieto. El caso más evidente es del gobierno de Egipto que para sacudirse la presión del gobierno mexicano que reclama la investigación exhaustiva y expedita del ataque de las fuerzas de seguridad de ese país al grupo de turistas adinerados en el que murieron ocho mexicanos, responde: “Aclararemos lo que pasó aquí cuando ustedes aclaren Ayotzinapa…”

Y es que, sin justificar la infamante actitud del gobierno egipcio, ¿con qué autoridad moral exige Peña Nieto “investigación exhaustiva y expedita…?” 

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TODO BAJO CONTROL

Reynaldo Mota Molina

Para tratar de entender un poco cómo hemos sido llevados al sumidero en que nos encontramos como país —que cada día está peor— y hacer más llevadera la carga del destino que ya nos alcanzó, habría que remontarnos a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y particularmente a la llamada Guerra Fría (1947-1991), en que los países aliados, ante la repartición del botín de guerra, llegaron a un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, protagonizado por dos grandes bloques, el occidental (capitalista) liderado por Estados Unidos, y el oriental (comunista) liderado por la entonces Unión Soviética, hoy Rusia nuevamente. Muestra de ello fue la construcción del muro de Berlín iniciada en 1961.

Si bien los enfrentamientos no llegaron a desencadenar una nueva guerra mundial armada, la intensidad y gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos, marcaron profundamente gran parte de la historia de la humanidad. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Por temor a la destrucción total ninguno de los dos bloques llegó a tomar acciones directas contra el otro, debido a lo cual al conflicto se le llamó “guerra fría”.

La Perestroika (reestructuración) rusa inició la disolución de la Unión Soviética que culminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso del comunismo en 1991.

En las postrimerías de la segunda guerra, bajo el sistema de Naciones Unidas, se crearon los organismos financieros Banco Mundial (1944) y Fondo Monetario Internacional (1945), con sede en Washington, con la intención declarada de reducir la pobreza en los países en desarrollo el primero, y de fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y fomentar la estabilidad cambiaria, entre otros enunciados, el segundo, de los países miembros incluido México.

En la práctica, y a consecuencia de la postguerra, dichos organismos son utilizados para el control y manejo de los intereses de la pequeña élite que gobierna el mundo, por ejemplo, el Banco Mundial (BM) favorece los intereses de los países industrializados; financia proyectos que provocan daño ambiental masivo y empeoran las condiciones de pequeños agricultores; hacen préstamos a gobiernos que violan abierta y permanentemente los derechos humanos; provocan la reubicación forzosa de personas y comunidades  y amenazan los derechos de los pueblos indígenas, todo con el fin de favorecer el control político a través de la economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) establece el saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social; la reestructuración del sistema impositivo con el fin de incrementar la recaudación fiscal; la eliminación de barreras cambiarias a través de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto; la implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado. El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta incluir áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social; políticas de flexibilidad laboral, entendido como la liberalización del mercado de trabajo, entre otras.

En la década de 1980 México ingresa a la globalización y al neoliberalismo cuyos sistemas derriban fronteras, abaten soberanías y nulifican el sentido patrio en pro de la liberación de la economía y el libre comercio para un mejor control político, social y económico.

 Y como somos un país de gobierno dócil, servil y apátrida, entregado totalmente a los poderosos a cambio de migajas, y un pueblo indolente y cobarde, aceptamos todo cuanto nos impongan, desde presidentes peleles, hasta la privatización de la educación y de los servicios médicos en proceso, pasando por las reformas estructurales para legalizar el saqueo. Todo está bajo control de los que gobiernan el mundo.

Que si la exoneración de Peña Nieto por los conflictos de interés de la casa blanca de Las Lomas y la de Ixtapan de la Sal, y la de Videgaray en Malinalco, son cuestiones domésticas que todos sabíamos que así sucedería; que si el reconocimiento de la pérdida de confianza en el gobierno y todas sus instituciones por parte de Peña Nieto, es una desvergüenza manifiesta y un insulto a la inteligencia, en el mismo momento que anuncia su exoneración. Por eso su gobierno alcanza el 99.7 de impunidad gracias a la corrupción, pero eso no inquieta a los dueños del poder.

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¿MERECEMOS EL GOBIERNO QUE TENEMOS?

Reynaldo Mota Molina

Mucho se ha dicho sobre que “los pueblos tienen el gobierno que se merecen”; de ser así, valdría la pena revisar qué es lo que hemos hecho tan mal, como sociedad, para estar en las condiciones tan lamentables en que nos encontramos gracias a los malos gobiernos que hemos permitido por complicidad e indolencia, tal vez esta es la clave para resumirlo en sólo dos palabras, pero queremos ir un poco más adelante.

Debemos buscar la manera de salir del peor atolladero que hayamos tenido en la época moderna mediante la participación ciudadana efectiva, exigiendo al gobierno el reencauzamiento de las políticas públicas que tanto daño están causando. Sabemos que la pobreza ha crecido en el país y la desigualdad socioeconómica es brutalmente abismal debido a la corrupción y a la impunidad desde el gobierno, y esperamos que la mayoría de los mexicanos estarán conscientes de la gran crisis de crisis que estamos viviendo: ingreso, seguridad, educación, salud, vivienda, alimentación y mil cosas más, cada una en su propia crisis.

La ONG, OXFAM MÉXICO, acaba de publicar su informe OMX2015, “Desigualdad Extrema” y propone “Un Programa para Combatir la Desigualdad y la Agenda para el Futuro” del que extraemos una breve síntesis. El acceso por Internet a dicho informe es: http://es.scribd.com/doc/269542290/DesigualdadExtrema-InformeOMX2015

DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO. CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO.

En general, sabemos cómo se puede reducir la desigualdad en una economía. Otros países ya lo han hecho en el pasado. Los instrumentos son tan conocidos que se sabe cuáles han funcionado y cuáles no. Algunas de las propuestas de política que se mencionan más adelante nunca se han discutido seriamente en México, quizá porque nunca hemos discutido seriamente el problema de la desigualdad. Algunas de estas propuestas se enunciaron vagamente y en medida tal se desecharon; como si se tratara de recomendaciones extrañas, demagógicas o incluso arbitrarias o expropiatorias. No se consideró que de hecho, son políticas muy comunes en muchas partes del mundo, y que así se han alcanzado menores niveles de desigualdad, así como mayor desarrollo económico.

El Estado ha de asegurar que sus ciudadanos, por el simple hecho de serlo, accedan a un mínimo de derechos sociales, los cuales deberán garantizarse desde el inicio hasta el final de la vida. ¿Qué significa esto?: Acceso a educación de buena calidad y en instalaciones que cuenten con la infraestructura adecuada; acceso a la salud desde la infancia hasta la vejez, también en instalaciones adecuadas y con garantía de abasto de medicamentos y acceso a servicios hospitalarios mínimos; derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, etcétera.

En la política salarial, de la misma manera debería realizarse una reforma laboral que rebalancee el poder de negociación entre trabajadores y patrones. Esto puede implicar mejoras en los mecanismos de representación sindical, pero también la eliminación de obstáculos político-administrativos que actualmente contribuyen a representaciones sindicales ficticias. Esta política puede contribuir de manera indirecta a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores y no sólo eso; podría eventualmente contribuir a revertir las tendencias observadas en la distribución funcional del ingreso.

Sólo informándote adecuadamente podrás tener elementos firmes para exigir la justicia social y económica a que tienes derecho —lástima de las palabras tan trilladas—, pero es una realidad que dicho informe desmenuza con el criterio de los derechos humanos y, éstos, son irrenunciables. Por eso te sugiero ver el informe completo. Está en ti tomarlo o dejarlo… Depende del gobierno que quieras merecer.

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LA NUEVA TELENOVELA

Reynaldo Mota Molina

Las elecciones intermedias de Chiapas realizadas el pasado 19 de julio en las que resultó ganadora la coalición PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y el partido local Chiapas Unido, revelan lo que sucederá en las elecciones presidenciales de 2018 con el fin de arrasar mediante todo tipo de prácticas fraudulentas, los puestos clave que aseguren al PRI conservar la hegemonía del poder coadyuvado o solapado por los organismos electorales.

Chiapas es el estado más pobre del país con el 76.2 por ciento de su población con graves carencias, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo  Social (CONEVAL), es decir, casi 4 millones de pobres y 1 millón 600 mil habitantes en pobreza extrema.

Pero es el estado donde el gobernador, Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista, dilapida multimillonarios recursos públicos en publicidad a su favor en todo el país y se catapulta para suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México; por lo pronto, siguiendo sus pasos, inició la nueva telenovela contrayendo nupcias con la ex rebelde, actriz y cantante Anahí, por supuesto a la manera de Televisa, hacedora de presidentes y encargada de educar a la audiencia para que acepte de antemano y apoye a la nueva pareja presidencial llegado el momento. Como hemos visto, el PRI se ensaña con los más jodidos para extraerles el voto a su antojo.

Seguramente por eso el número de pobres en el país aumentó en más de dos millones de personas con carencias sociales en el ingreso, el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, los servicios básicos y el acceso a la alimentación. La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de dar a conocer que México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en reducción de la pobreza. Los niveles de pobreza no han cambiado en los últimos 20 años debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía nacional y la desigualdad en la distribución de los ingresos.

De acuerdo con dicho informe, el crecimiento de la economía nacional se ha visto limitado por la subexplotación del potencial de desarrollo de todas las regiones del país y, en particular, por la falta de transformación estructural y despegue de la productividad; afirma que la estrategia de reforma debe adquirir una dimensión regional integral que permita mejorar los mecanismos de gobernanza, identificar la financiación de forma más precisa e ir más allá del alivio social. Recomienda al gobierno mexicano invertir más recursos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la productividad, así como en políticas urbanas y territoriales.

  

Pero eso no le interesa al gobierno peñista, por el contrario, el Banco de México redujo nuevamente la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.66 a 2.60 en este año, así como las expectativas de 2016 y 17, justo previamente al próximo proceso electoral, y la devaluación del peso frente al dólar alcanza la cifra récord de $ 16.60 hasta hoy, aunque Luis Videgaray asegura que “el hundimiento del peso no representa un riesgo para nuestra estabilidad macroeconómica, porque hemos diversificado mucho la composición de nuestra deuda pública”.

No hace mucho secretario de Hacienda y Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguraban que el adelgazamiento del peso mexicano era una volatilidad pasajera que no alteraría el fuerte impulso de la economía mexicana ni afectaría el motor de las reformas estructurales y, casi enseguida, vinieron dos fuertes recortes presupuestales que afectan directamente a la economía nacional.

En lo que va del gobierno de Peña Nieto ha endeudado al país en 2 billones de pesos adicionales a la billonaria deuda pública interna y externa, Con dichas medidas se asegura que el 87 por ciento de mexicanos pobres que reporta el CONEVAL, “socialmente vulnerables”, más los que se acumulen de aquí al 2018, estarán listos para dar su voto al PRI y sus compinches, con los resultados que dan los presidentes telenovelescos. Al fin y al cabo el pueblo es el jodido.

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