¿DÓNDE ESTÁ EL ENEMIGO PÚBLICO?

Reynaldo Mota Molina

Por tercera vez Joaquín “Chapo” Guzmán escapó de la mano “justiciera” del gobierno mexicano; las dos primeras, de complacientes penales federales de alta seguridad y la tercera, de un operativo de la Marina Armada de México, después de que agencias antidrogas de Estados Unidos detectaron su ubicación en un rancho cercano a la población de Cosala, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental. Esto concediendo que así haya sucedido y no sea otra complacencia o un simple distractor de la atención pública.

Porque el gobierno de Peña Nieto no quiere que la ciudadanía fije su atención en la pobreza y el hambre que le aqueja y menos aún en la inseguridad creciente del territorio nacional como lo muestran los muertos recientes de Iztapalapa, sin embargo, no puede ocultar que en los tres primeros años del sexenio se han cometido más de 51 mil asesinatos, según las cifras oficiales al pasado mes de septiembre, aunque el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, reporta 57 mil, según su propio conteo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Solamente de enero a septiembre del año en curso son 13 mil 920 los asesinatos cometidos; en 2014 fueron 17 mil 324 homicidios dolosos; en 2013, 18 mil 447; y tan solo en diciembre de 2012, mil 696, durante el primer mes de gobierno de Peña Nieto. La suma de dichas cifras son un total de 51 mil 387 asesinatos en medio de la más absoluta impunidad.

En el nefasto gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron más de 70 mil muertes violentas con la dizque “guerra contra el narcotráfico”, aunque extraoficialmente la cifra rebasa 100 mil 200 muertos. Al paso que va, el gobierno peñista superará la cifra macabra, y eso que no estamos “en guerra”.

   

Un número indeterminado de estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad “al servicio del pueblo”: las policías federal, estatal y municipal, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, y uno se pregunta: ¿Dónde está el enemigo público…?

¿Será por eso que el Ejército se niega rotundamente a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue directamente a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los sucesos de septiembre del año pasado relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contraviniendo la disposición mostrada públicamente por el “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, evidenciando que ésta es solo aparente?

Porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó tal posibilidad en la audiencia pública realizada el pasado martes 20 en  la ciudad de Washington, alegando que dicho tema no forma parte de los puntos convenidos el día anterior con el GIEI. Sin embargo, los expertos aseguran que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

¿Por qué tanto resquemor del gobierno al interrogatorio de militares? ¿Pues no que el Ejército está para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, según reza la Constitución Política mexicana?

Por eso insistimos: ¿Dónde está el enemigo público…?

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