miércoles, 14 de enero de 2015

¡ARRANCAN…!

Reynaldo Mota Molina

Con el inicio del año arrancan formalmente las precampañas electorales que culminarán con las elecciones del 7 de junio próximo y se agudiza la propaganda electoral de todos los partidos políticos que vociferan a los cuatro vientos que son, cada cual, la solución de todos los problemas y la salvación de los mexicanos…

Dicha propaganda es falsa, cínica e indignante, por decir lo menos. ¿Con qué autoridad moral Ricardo Anaya, presidente interino del PAN, acusa que México no va por el camino correcto?; que está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía, cuando ese partido, precisamente, es uno de los que lo han llevado a la tragedia que vive; abrió de par en par las puertas de la corrupción y la violencia con Fox y Calderón, y sus gobiernos detuvieron la economía. Que necesitamos meter a los corruptos a la cárcel ¡claro!, empezando por él, que se le descubrió negociando un soborno de 90 millones de pesos la semana pasada.

Los descarados del PRD, dando patadas de ahogado, pretenden disimular su debacle soslayando el caos en que se encuentran estados gobernados por su partido como Guerrero y Michoacán, por sólo mencionar éstos, prometiendo ser la solución que el país necesita…

Los desvergonzados del PRImate prometen un país de ensueño que sólo en sus mentes alienadas se puede concebir ante la catastrófica situación en que han metido a la nación que son incapaces de gobernar. 

Los resultados hablan por sí mismos en sólo dos años de haber recuperado el poder: crisis de seguridad, crisis de derechos humanos, crisis de credibilidad, crisis de gobernabilidad, crisis de conflictos de interés, crisis económica, crisis financiera; incremento de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, de la impunidad, de la tortura; despojo del patrimonio energético, de los derechos del trabajo, y tantas calamidades más…

De los demás partidos parásitos ni vale la pena hablar… todos sabemos lo que son.

El erario público se gastará más de 18 mil 572 millones de pesos en la faramalla electoral que tendrá por resultado colocar a los elegidos por el poder supremo —cualquiera que este sea— en los lugares convenientes para sus intereses designando a gobernadores, legisladores, alcaldes y delegados. Esto sin contar las “buscas” que partidos y candidatos se harán llegar por todos los medios lícitos e ilícitos como ya es innegable que sucede.

Presurosos de ser palomeados en las listas respectivas los chapulines políticos, como los 16 jefes delegacionales de la Ciudad de México, presentarán en bloque su renuncia; no son los primeros, Gustavo Madero, presidente del PAN, renunció desde septiembre pasado, una vez trinquetada su reelección, para integrarse a las listas de diputados plurinominales. Bien jugoso que es el botín político.

En cambio, para los infelices mortales de a pie, el salario mínimo aumentó 2 pesos 81 centavos en la zona A y 2.68 en la zona B, pero aumentó el precio de las gasolinas y de la canasta básica, junto con la inflación; se devaluó el peso frente al dólar y además, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos previene que habrá reducción de gastos del gobierno federal, en los rubros —eso lo decimos nosotros— que no afecten un centavo en los bolsillos de las élites política y empresarial.


¡Tanto gasto electoral para llegar a esto, es un fraude! La mejor respuesta ciudadana que se merecen es NO VOTAR por ningún partido. ¡SÍ AL VOTO NULO! AL VOTO EN BLANCO.

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miércoles, 17 de diciembre de 2014

¿ANDA POR AHÍ UN PRESIDENTE?

Reynaldo Mota Molina

Según nuestra Constitución Política “el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, pero resulta que en la práctica y ante el deterioro de la imagen presidencial desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, acentuado grotescamente en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y la falta de oficio político de Enrique Peña Nieto, evidenciado con el lamentabilísimo caso Ayotzinapa, resulta confuso saber hoy quién en realidad gobierna el país.

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, que no es miembro del gabinete sino simple empleado del presidente, se asume como tal al declarar al periódico español El País: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas…”, que francamente, no se entiende a qué se refiere concretamente, pero se adjudica la voz presidencial y no pasa nada.

El titular de la Secretaría de Marina y Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz —para hablar de solo dos casos—, tal vez remedando expresiones de enojo de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa en la reunión que tuvieron con algunos miembros del Senado de la República, y en un intento de desvirtuar su legítima inconformidad y exigencia por su hijos desaparecidos, dijo: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando … Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos”.

Con tales afirmaciones el secretario de Marina se toma atribuciones que no corresponden a las fuerzas armadas para deslegitimar voces y acciones de los indignados y dolidos padres de familia, que son espejo de la indignación general creciente dentro y fuera del país, pero además, el gobierno aún no ha dicho lo que pasó… por eso aumenta el reclamo y el clamor de justicia.

Enrique Peña Nieto ante una muestra absoluta de insensibilidad, incompetencia y desatino por el asesinato y desaparición de los jóvenes estudiantes, llama “a que superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno…”. Es decir: ¿Se trata de echarle tierra al asunto de Ayotzinapa, y ya? ¿Así como se ha hecho con Tlatlaya, la Guardería ABC, San Fernando, las muertas de Juárez, Acteal, Aguas Blancas… y tantos casos irresueltos e impunes?

Tal parece que lo único que verdaderamente le interesa a Peña Nieto es cómo salvar los multimillonarios negocios que se le están yendo de las manos como el tren rápido México-Querétaro, el Acueducto Pánuco-Monterrey, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que invariablemente es contratista el consorcio inmobiliario preferido Higa, desde que era gobernador del Edomex, el mismo que tiene a su cargo el nuevo hangar presidencial y es dueño de la “casa blanca” de Peña-Rivera, de la casa de campaña de Peña Nieto que aún conserva y de los aviones que le dieron servicio durante su candidatura y precandidatura.

De Poco o nada sirven los distractores mediáticos soltados con la casa del secretario de Hacienda Luis Videgaray con el mismo consorcio y el aparente distanciamiento con Televisa. El gobierno peñista prepara el garrote y la ley mordaza contra las manifestaciones populares aunque sean pacíficas. Él se encarga de los disturbios.


Así queda manifiesta la participación directa de la Policía Federal, además de la Municipal, en el caso Ayotzinapa, desde que los estudiantes salieron de las instalaciones de la Normal en que ya eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal con el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual da un vuelco a la historia oficial, con el resultado conocido por todo el mundo.

¿Y el presidente?, bien, gracias.

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miércoles, 26 de noviembre de 2014

“MOVIENDO A MÉXICO”… AL DES-PEÑA-DERO

Reynaldo Mota Molina

La gran crisis en que está metido el gobierno de Enrique Peña Nieto no es sino el resultado de su incapacidad y falta de oficio para gobernar a un país ubicado en el borde del hartazgo y la desesperación a que lo han llevado sus acciones, excesos, abusos y todo lo que implica ser un mal gobierno, así como las inacciones en la impartición de justicia, de combate a la corrupción y a la impunidad; de combate a la pobreza y a la desigualdad social, en fin, en todo lo que afecta al 99 por ciento de la población civil.

La ostentación de la que ha hecho gala desde su candidatura y pre-candidatura a la presidencia —Monex Gate, Soriana y todo lo demás incluido—, hasta la adquisición de un súper avión presidencial con más de doscientas plazas —quién sabe para qué— y, para colmo, la compra de una mansión hecha al gusto con valor de 86 millones de pesos unida a la de su mujer, utilizada como moneda de cambio con Televisa, es el cultivo del caldo preparado con despotismo e insensibilidad política, y falta agregar los ingredientes del estancamiento económico —del que ya no se puede culpar a Estados Unidos porque aquella economía sí ha crecido aunque sea un poco—, la reducción de crecimiento (PIB) y más, por un lado, y por el otro, la exacerbación de la violencia del crimen organizado con la complicidad de las policías, del Ejército y la Armada de México, hacen insoportable la vida ciudadana.

A pesar de todo esto, la sociedad civil manifestó su inconformidad una vez más, en forma pacífica, mediante una jornada global de movilizaciones el 20 de noviembre por la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotizinapa, Guerrero, en la que confluyeron en el zócalo capitalino tres numerosos contingentes de manifestantes, como hace decenas de años no veía, integrados en muchos casos por familias con niños pequeños y adultos mayores en un afán de demostrar el espíritu pacífico de las marchas, hasta que fue reventada por provocadores profesionales infiltrados —como sucedió en el 68 con las brigadas blancas y en el 71 con grupos de los halcones—, presuntamente por el gobierno peñista al final de la mega manifestación, en que las policías auxiliar y federal arremetieron brutal e indiscriminadamente contra todo tipo de personas con el propósito evidente de refrenar futuras manifestaciones.


“Los mexicanos regresan a sus viejos demonios” fue el encabezado del periódico francés Le Monde cuando Peña Nieto (PRI) obtuvo el triunfo del proceso electoral 2012. Este fin de semana ese mismo diario dice en un editorial: "Revuelta contra el Estado-mafia" y aborda también el asunto de la llamada casa blanca de los Peña-Rivera. Aguda y certera la mirada de la prensa internacional en el balcón México.

¿Cuánta porquería se ocultaba en el proyecto del tren rápido México-Querétaro?, que Enrique Peña prefirió cancelarlo abruptamente, estando aprobado, ante el tsunami que vio venir con la inminencia del descubrimiento por parte del periodismo de investigación serio, profesional y objetivo como el de Carmen Aristegui y su equipo, sobre conflictos de interés del propio Peña Nieto, Grupo Higa —dueño de la mansión Peña-Rivera—, altamente favorecido durante la gubernatura de Peña Nieto en el Edomex, Prodemex de Vázquez Raña, y el grupo liderado por China Railway Construction, único postor favorecido por el gobierno peñista para dicho proyecto multimillonario de 59 mil millones de pesos.

Además y como siempre, los mexicanos tendremos que pagar los gastos y costas que se deriven de tal cancelación, y todavía Peña pega el grito en el cielo porque dice que hay un complot para desestabilizar su gobierno, cuando éste está desestabilizado desde la elección de julio de 2012, por falta de legitimidad.

Y ni teniendo en su poder a los narcos José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, esposa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existe el menor rasgo creíble de la situación de los 43 jóvenes desaparecidos, mientras la tensión nacional y la presión internacional crecen minuto a minuto.

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miércoles, 12 de noviembre de 2014

CRECE INCONFORMIDAD Y HARTAZGO

Reynaldo Mota Molina

El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso, resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos, empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.

Pero el abanderamiento de las causas sociales que esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos, como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su extinción.

La gravedad de la desaparición de los estudiantes normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.

Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.

Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!


Hay testimonios periodísticos de que precisamente dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.

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miércoles, 29 de octubre de 2014

¿DE DÓNDE DIABLOS…?

Reynaldo Mota Molina

A más de un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, de dicho estado, la ola de indignación y reclamo por la violación de los derechos humanos en México a cargo de las instancias de seguridad pública, crece y se amplía en el ámbito mundial sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto ni las autoridades encargadas de la procuración de justicia tengan algo concreto que decir, sino las consabidas promesas y excusas.

El Parlamento Europeo condenó el jueves pasado las desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala, y pidió a la autoridad mexicana investigar todos los delitos y conducirse de forma rápida, transparente e imparcial a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los responsables, al mismo tiempo que expresó condolencias y apoyo a familiares y amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano.


Si bien el pronunciamiento de dicho organismo internacional guarda las formas diplomáticas, es contundente en su declaración que no es usual de una resolución conjunta.

Los parlamentos nacionales de Alemania e Italia están preparando, cada uno, pronunciamientos con el mismo fin, según Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia e Investigador de la Universidad de Columbia. El Partido Democrático Italiano redactó un documento de repudio y rompimiento de relaciones comerciales con México, instándolo a procesar crímenes de lesa humanidad como es el caso de Iguala, donde se cometieron los crímenes y desaparición de los normalistas.

Sin embargo, afirma Buscaglia, los embajadores de México en Europa, que fungen más bien como representantes de negocios, están encargados de bloquear tales pronunciamientos y encubrir lo que sucede en el país, y tratando de proyectar una imagen que siga llevando dinero a los sectores oligopólicos.

Así mismo la ONU emitió un comunicado que dice: “Pedimos  al Gobierno (de México) a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas…”.


La prensa mundial no pierde de vista la gravedad de los sucesos que se viven en México y está presionando fuertemente contra la corrupción y la impunidad que emana del gobierno y la colusión con el crimen organizado. “El derrumbe del teatro de cartón” de Enrique Peña Nieto, dice la revista especializada The New Yorker, como muestra de lo que se dice allá afuera.

Los reclamos y manifestaciones internas también son crecientes y proliferan en todo el país cada vez con mayor vigor y exigencia, aunque de manera pacífica; esto es muy importante porque está más que demostrado que las manifestaciones violentas y el derramamiento de sangre son inútiles, la sangre ya no tiene precio. San Salvador Atenco, por mencionar sólo un caso, es inobjetable.


El gobierno de Peña Nieto no sabe qué hacer… cómo salir del gigantesco embrollo en que lo metió un narco investido —no infiltrado, como se dice— de presidente municipal de Iguala… Aparecen más fosas clandestinas con más cadáveres calcinados, mochilas, lapiceros y muestras recientes de sangre… Aparecen también testimonios de que algunos de los estudiantes fueron incinerados heridos, pero vivos…

Las autoridades se limitan a comunicar que son 11 las fosas clandestinas encontradas con 38 cadáveres al 24 de octubre, “de las que aún no se cuenta con dictámenes periciales concluyentes que permitan determinar la antigüedad de los cadáveres ahí exhumados y, en consecuencia, su relación con los hechos de esta investigación”.

“Se los llevaron vivos y vivos los queremos” es el clamor popular…

¿De dónde diablos los van a sacar…?

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miércoles, 15 de octubre de 2014

CALLEJÓN SIN SALIDA

REYNALDO MOTA MOLINA

Horror, muerte, impunidad y corrupción es lo que se respira en México a pesar de los esfuerzos de Enrique Peña Nieto y de su séquito para que no trascienda la violencia que se vive, que va en aumento, que rebasa las maniobras oficiales para tratar de desviarla de la atención pública nacional e internacional, y supera con mucho la capacidad del gobierno para controlarla, evidenciando el gran vacío de poder que subsiste en el Estado mexicano.


La masacre de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio pasado a manos del Ejército mexicano contra presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, dejó un saldo de 22 muertos y 3 heridos. En el operativo, ahora se sabe, los militares utilizaron las armas de los muertos para acribillar al resto de delincuentes, seguramente con la intención de desviar la evidencia. En un principio el Ejército emitió un comunicado informando que dichas personas murieron en un enfrenamiento; posteriormente y ante el testimonio de una sobreviviente y las publicaciones extranjeras de la Agencia AP y Esquire, se rectificó y se dijo que sólo uno murió en el enfrentamiento y los demás murieron ejecutados, según reconoce el Procurador General Jesús Murillo Karam.

En Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, tomaron tres autobuses con la intención de dirigirse a la Ciudad de México y unirse a las manifestaciones populares conmemorativas de la masacre de Tlateolco del 2 de octubre. Momentos después la policía municipal alcanzó a los vehículos y abrió fuego, mientras otro grupo armado disparó contra un autobús del equipo de futbol Avispones y un automóvil. En primera instancia se causó la muerte de tres normalistas y tres personas más, entre ellas, la de un menor que acompañaba al equipo de futbol y una mujer que viajaba en un taxi, además de por lo menos 25 heridos.

El hecho provocó la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Normal, pero según las autoridades se localizaron con vida 14, lo que deja un número de 43 desaparecidos que nadie sabe en dónde y en qué condiciones están al cierre de la edición.


El Procurador Murillo Karam informa que se han encontrado nueve fosas clandestinas en Iguala con 28 cuerpos calcinados hasta ahora, sin poder precisar si algunos de ellos corresponden a los normalistas desaparecidos. Ante la desconfianza, familiares de éstos exigen que peritos extranjeros realicen los estudios en forma independiente.

El suceso ha levantado una ola de indignación y de protesta en todo el mundo exigiendo la aclaración y castigo de los culpables mientras el gobierno mexicano y las autoridades respectivas repiten el consabido discurso de que se está investigando y se hará justicia, conforme a derecho…, una salida que se manipula para la impunidad.

A estas alturas nadie sabe por qué y quién ordenó a la policía municipal disparar contra los estudiantes normalistas, sin embargo, los familiares rechazan que la delincuencia organizada esté involucrada directamente, como han sugerido algunas autoridades, y testigos señalan que agentes municipales apresaron a los estudiantes, los metieron en patrullas y celdas, para después desaparecerlos.

El alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, es sospechoso de los hechos y se encuentra prófugo, lo mismo que el director de la corporación policial y el secretario de Seguridad Pública Municipal. Llegó al cargo, se dice, impuesto por el crimen organizado a través de la agrupación “Guerreros Unidos” a la que pertenece; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, también perredista, está en entredicho y posiblemente, metafóricamente, ruede su cabeza.

No es el único caso de funcionarios de todos los partidos y todos los niveles de gobierno que llegan al poder impuestos por el crimen organizado, como todos lo sabemos, pero estamos entrado al periodo electoral 2015, de modo que no le extrañe que muy pronto lo visiten a usted, le prometan el oro y el moro y le compren su voto, con el único fin de continuar con la simulación de que vivimos en un país democrático. Ese es el negocio de la política en México y el resultado de los sucesos que hoy abordamos.  

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viernes, 3 de octubre de 2014

AUTONOMÍA FICTICIA. Segunda parte.

Reynaldo Mota Molina

Hablamos en nuestra entrega anterior sobre la decisión dividida del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para no acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer una controversia constitucional para revisar la legislación secundaria que disminuye y viola la autonomía constitucional del instituto en sus funciones regulatorias y varios puntos más.


La cuestión que preocupa e inconforma a mucha gente en relación al quebranto de las autonomías establecidas en las recientes reformas constitucionales no es solamente esta. Está, además, la del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que las Leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones permiten que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia tengan acceso directo a todos los datos de los usuarios sobre telefonía sin que medie autorización judicial previa; datos que van desde su nombre, hasta los registros de mensajes de voz, textos y llamadas, violando flagrantemente los derechos de los ciudadanos.

Los inconformes, junto con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y más de doscientas ONGs, conscientes de la gravedad de estas violaciones, denuncian que tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios y el acceso directo de las autoridades de gobierno transgreden los derechos fundamentales de los usuarios.

En el Congreso de la Unión los diputados y los senadores se hicieron como el tío Lolo para no reunir los votos suficientes y presentar oportunamente una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca respondió a las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil para pronunciarse al respecto por lo que, llegado el término (13 de agosto pasado), el IFAI tuvo que discutir en el pleno el asunto y, por un voto que cambió de parecer a última hora —casualmente—, decidió no presentar el recurso de inconstitucionalidad a que estaba obligado por las violaciones al derecho al acceso a la información y la protección de datos personales que establecen las nuevas Leyes regulatorias.


La CNDH, de haber cumplido con las obligaciones para las que fue creada, es decir, de haber interpuesto en este caso una acción de inconstitucionalidad en contra de las violaciones de la nueva Ley de Telecomunicaciones, podría haber incluido también violaciones a la libertad de expresión y argumentar en contra del poder de censura e imposición de prácticas discriminatorias hacia los medios de uso social que la nueva Ley impone al IFT, pero prefirió hacerse omisa.

Todo esto, para la opinión pública, no es casual; presuntamente obedece a las indicaciones que instituciones y organismos públicos reciben del Ejecutivo en su afán de recuperar el poder absoluto que ejerció durante más de setenta años en el pasado. Todo político y servidor público sabe perfectamente que si se opusiera a cualquier indicación que contrarié el interés del Ejecutivo estaría muerto políticamente de por vida y en vez de esto prefiere someterse, conservar la chamba y ganar privilegios agachando la cabeza.

Así funciona esto en nuestro país y se llama corrupción, pero para Enrique Peña Nieto no es algo inquietante, al contrario, es algo natural y parte cultural del político y del burócrata, según lo expresó con motivo de su segundo informe de gobierno.

Por eso la corrupción en México no se combate, se premia con impunidad.

Tal vez esto tenga que ver con el hecho de proclamar hoy una reforma constitucional aparentando buenas intenciones y mañana traicionarla con las Leyes reglamentarias. Seguramente produce buenas ganancias y aumenta el poder.

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