REYNALDO MOTA MOLINA
Horror, muerte, impunidad y
corrupción es lo que se respira en México a pesar de los esfuerzos de Enrique
Peña Nieto y de su séquito para que no trascienda la violencia que se vive, que
va en aumento, que rebasa las maniobras oficiales para tratar de desviarla de la
atención pública nacional e internacional, y supera con mucho la capacidad del
gobierno para controlarla, evidenciando el gran vacío de poder que subsiste en
el Estado mexicano.
La masacre de Tlatlaya, Estado
de México, ocurrida el 30 de junio pasado a manos del Ejército mexicano contra
presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, dejó un saldo de 22
muertos y 3 heridos. En el operativo, ahora se sabe, los militares utilizaron
las armas de los muertos para acribillar al resto de delincuentes, seguramente
con la intención de desviar la evidencia. En un principio el Ejército emitió un
comunicado informando que dichas personas murieron en un enfrenamiento;
posteriormente y ante el testimonio de una sobreviviente y las publicaciones
extranjeras de la Agencia AP y Esquire, se rectificó y se dijo que sólo uno murió en el enfrentamiento y los
demás murieron ejecutados, según reconoce el Procurador General Jesús Murillo
Karam.
En Iguala, Guerrero, el 26 de
septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla de
Guerrero, tomaron tres autobuses con la intención de dirigirse a la Ciudad de
México y unirse a las manifestaciones populares conmemorativas de la masacre de
Tlateolco del 2 de octubre. Momentos después la policía municipal alcanzó a los
vehículos y abrió fuego, mientras otro grupo armado disparó contra un autobús del
equipo de futbol Avispones y un
automóvil. En primera instancia se causó la muerte de tres normalistas y tres
personas más, entre ellas, la de un menor que acompañaba al equipo de futbol y
una mujer que viajaba en un taxi, además de por lo menos 25 heridos.
El hecho provocó la
desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Normal, pero según las autoridades
se localizaron con vida 14, lo que deja un número de 43 desaparecidos que nadie
sabe en dónde y en qué condiciones están al cierre de la edición.
El Procurador Murillo Karam
informa que se han encontrado nueve fosas clandestinas en Iguala con 28 cuerpos
calcinados hasta ahora, sin poder precisar si algunos de ellos corresponden a los
normalistas desaparecidos. Ante la desconfianza, familiares de éstos exigen que
peritos extranjeros realicen los estudios en forma independiente.
El suceso ha levantado una ola
de indignación y de protesta en todo el mundo exigiendo la aclaración y castigo
de los culpables mientras el gobierno mexicano y las autoridades respectivas
repiten el consabido discurso de que se está investigando y se hará justicia,
conforme a derecho…, una salida que se manipula para la impunidad.
A estas alturas nadie sabe por
qué y quién ordenó a la policía municipal disparar contra los estudiantes
normalistas, sin embargo, los familiares rechazan que la delincuencia
organizada esté involucrada directamente, como han sugerido algunas
autoridades, y testigos señalan que agentes municipales apresaron a los
estudiantes, los metieron en patrullas y celdas, para después desaparecerlos.
El alcalde de Iguala, el
perredista José Luis Abarca, es sospechoso de los hechos y se encuentra prófugo,
lo mismo que el director de la corporación policial y el secretario de
Seguridad Pública Municipal. Llegó al cargo, se dice, impuesto por el crimen
organizado a través de la agrupación “Guerreros Unidos” a la que pertenece; el
gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, también perredista, está en
entredicho y posiblemente, metafóricamente, ruede su cabeza.
No es el único caso de funcionarios
de todos los partidos y todos los niveles de gobierno que llegan al poder
impuestos por el crimen organizado, como todos lo sabemos, pero estamos entrado
al periodo electoral 2015, de modo que no le extrañe que muy pronto lo visiten
a usted, le prometan el oro y el moro y le compren su voto, con el único fin de
continuar con la simulación de que vivimos en un país democrático. Ese es el
negocio de la política en México y el resultado de los sucesos que hoy
abordamos.
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