Reynaldo Mota Molina
El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo
opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa
mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e
ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso,
resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo
día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari,
pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos,
empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que
prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.
Pero el abanderamiento de las causas sociales que
esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés
mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y
fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos,
como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su
extinción.
La gravedad de la desaparición de los estudiantes
normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en
Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y
del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención
mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme
implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de
ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras
oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación
de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.
Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre
el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación
de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los
inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en
México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La
corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que
detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para
cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando
gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de
fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.
Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a
encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la
impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de
esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y
alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento
en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a
aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores
profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la
sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!
Hay testimonios periodísticos de que precisamente
dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio
Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los
manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así
sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de
protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.
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