miércoles, 28 de mayo de 2014

“MOVIENDO A MÉXICO”

Reynaldo Mota Molina


Como es ya ampliamente sabido, la Cámara de Senadores aprobó en días pasados modificar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre lo que refiere el artículo 209 dice: “La Comisión de Administración (del tribunal) determinará, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la sala superior”; y una “mano negra”, que nadie sabe de quién, subrepticiamente después de aprobada, le insertó el carácter de pensión vitalicia para que así fuera ratificada por la Cámara de Diputados y posteriormente promulgada.

Afortunadamente alguien se dio cuenta y se desató el nuevo escándalo que provocan las leyes reglamentarias, en esta ocasión de la reforma político-electoral, con la airada protesta y disgusto de algunos miembros de partidos de oposición teórica y multitud de ciudadanos que a través de las redes sociales y de otros medios rechazan la afrenta que esto implica en un país como México que cuenta con más de cincuenta y cinco millones de gente pobre y más de treinta millones en pobreza extrema.

Los magistrados del TEPJF perciben anualmente 4 millones 206 mil pesos que incluyen sueldos, prestaciones y pago por riesgo, y además las canonjías que gozan como autos blindados, choferes, celulares, servicio asistencial, etcétera, que suman miles de pesos más erogados del dinero público, que los hace de los magistrados mejor pagados del mundo incluso por encima de países altamente desarrollados.

Esto dio lugar a que algunos legisladores de “oposición” acusaran el hecho como soborno anticipado para asegurar los resultados del próximo proceso electoral a favor del PRI.

Los legisladores revelaron que dichos magistrados cabildearon por el pago del haber de retiro, entre ellos, el propio magistrado presidente del tribunal José Alejandro Luna Ramos; los magistrados naturalmente lo niegan. Curiosamente en las mesas de negociación estuvo presente el consejero jurídico de la presidencia de la República… ¿De quién es la mano negra? Al final y ante el escándalo, parece ser que los magistrados declinaron recibir el haber de retiro, por dignidad…, dicen. ¿Será?


El dotar de los sueldos más altos y canonjías súper especiales a los magistrados del TEPJF lo establecieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón en su afán desmedido e irresponsable de comprar las voluntades de los magistrados del tribunal para tenerlos sometidos y dispuestos a dictaminar los resultados electores a favor del PAN. En 2006 funcionó el entuerto; en 2012 fueron rebasados por la aplanadora económica que instrumentó el PRI, y que por lo visto llegó para quedarse, pero sirvió para asegurar la docilidad de los magistrados de vista gorda que no se percataron de los fraudes del PRI y siguen impunes el “Monexgate”, Soriana y el presunto dinero ilícito de la campaña presidencial. En cualquier otro país esto sería CORRUPCIÓN y sería castigada...

Otra nueva, es que gracias a la tan cacareada reforma hacendaria con la que íbamos a crecer 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, resulta que se contrae nuevamente a 2.7 debido a la disminución económica causada por la nueva Ley hacendaria que afecta las ventas minoristas, la automotriz, alienta el desempleo, etcétera, y por una menor actividad económica en Estados Unidos, dicho esto último por el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, encargado de dar la nota. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en el primer trimestre del año hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.8 por ciento y el Banco de México también redujo su previsión a un rango entre 2.3 y 3.3 por ciento.

Como dice la propaganda gubernamental: “Moviendo a México…” hacia abajo.

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miércoles, 14 de mayo de 2014

ENTRE INSEGURIDAD Y DESPOJO

Reynaldo Mota Molina


Desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 la consigna ha sido hablar lo menos posible, mediáticamente, sobre la violencia y la inseguridad con todo lo que implican, que prevalece en México tras la exacerbación alcanzada durante el gobierno de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de dar la impresión de que estos han disminuido, sin embargo, los índices extraoficiales —oficiales no hay o no se encuentran al alcance ciudadano— indican que, por el contrario, estos han aumentado en algunas zonas del país.

La muestra más evidente son Michoacán, Tamaulipas y Baja California. Michoacán, con el gran problema que significa la sublevación armada de las llamadas autodefensas ciudadanas en contra del crimen organizado, particularmente del cartel Los Caballeros Templarios, y la espiral que está provocando la participación del gobierno federal con los elementos que ha dispuesto para “resolver” el problema, que se está convirtiendo en un callejón sin salida entre la mezcla de autodefensas legítimas, autodefensas simuladas o encubiertas, convertidas ahora en “Fuerzas Rurales”, Ejército, policías de todo tipo, comisionado especial y burócratas, más el crimen organizado, narcos, sicarios y todo tipo de delincuentes incluyendo los de cuello blanco, sólo Dios sabe en qué va terminar pero lamentablemente por lo visto, no augura nada bueno… para nadie.

Tamaulipas se debate entre el asesinato de mandos policiacos, balaceras constantes y muertos en diferentes rumbos de policías, sicarios y civiles, aseguramientos de armas y decomisos de droga por parte del Ejército o la Marina, detenciones, túnel con vehículos y armas del crimen organizado, en fin, y sin embargo el gobernador Egidio Torre Cantú declara: “Estamos en paz…”. Así, ante el incremento de la violencia el gobierno federal ha nombrado un comisionado especial en Seguridad, Miguel Amado Jiménez González, para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, similar a Alfredo Castillo en Michoacán.

Baja California ocupa actualmente el tercer lugar en delitos relacionados con el crimen organizado particularmente en robo de vehículos, extorsiones y homicidios.

Esto es sólo lo más conflictivo del mapa de inseguridad nacional en este momento; faltan el Estado de México, Chihuahua, Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y otros como Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, etcétera.

Ante este panorama que es del conocimiento mundial sobre todo de las grandes potencias económicas y de los supuestos inversionistas interesados en los energéticos del país: petróleo, gas, electricidad y demás, que tendrían o tendrán que invertir cantidades millonarias de dólares y euros, están a la expectativa de lo que sucede y de lo que les confirmen las leyes secundarias en estas materias después del regalo que les ofreció el gobierno de Peña Nieto con la reforma Energética.

Nadie sabe cuál será la reacción de los inversionistas después de las 21 Leyes reglamentarias que presentó Peña Nieto a última hora del 30 de abril que, según los corifeos en los que nadie cree, abren a la libre competencia los sectores de exploración y producción, así como transformación y logística de hidrocarburos y la generación de electricidad en el país, pero una cosa es segura: si no satisface, garantiza y asegura absolutamente en todos los órdenes la inversión de cada inversionista, no habrá tal, y Peña Nieto tendría que malbaratar el patrimonio nacional y doblegarse para no quedarse sin los frutos del jugoso negocio que preparó junto con la élite que le rodea.

Así, entre la incertidumbre, la inseguridad y el despojo, el país se convulsiona social, política y económicamente sin ver posibilidades de cómo salir del pozo negro y profundo en que nos encontramos…

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miércoles, 30 de abril de 2014

REACCIÓN CIUDADANA

Reynaldo Mota Molina


Es alentador ver la reacción ciudadana, aunque un tanto tardía y desarticulada, ante los excesos que el gobierno de Peña Nieto intenta imponer a través de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones traicionando las reformas constitucionales que en esta misma materia el propio Peña promulgó el año pasado con bombo y platillo; ambas iniciativas presentadas por él mismo. ¿Cómo se puede uno traicionar a sí mismo…?

Esta reacción de rechazo al abuso del poder y la convulsión interna que vive el PAN, indispensable para los propósitos de Peña Nieto de acuerdo al “Pacto por México”, de infeliz memoria, hicieron que el dictamen de dicha reforma, junto con la Energética, que son ejes principalísimos de la vida presente y futura del país por su extraordinaria trascendencia, se pospusieran hasta el mes de junio en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Esto que aparentemente suena bien porque supone mayor tiempo de análisis y debates profundos de los legisladores para dictaminar leyes reglamentarias acordes a las reformas constitucionales en vigor, a favor de la ciudadanía —que debería ser su enfoque único y central—, sabemos que no es así porque, desgraciadamente, sus intereses están al servicio de las cúpulas políticas y empresariales que son las que determinan que sí y que no es lo que queda establecido que beneficie su particular provecho.

En estas circunstancias es la sociedad civil —el ciudadano de a pie— la que puede y debe hacer valer los derechos que le otorga la Constitución, como en este caso se ha manifestado con gran fuerza a través de las redes sociales mayormente por jóvenes, casi el único medio eficaz de que dispone y de otros como la “cadena humana” que se llevó a cabo el sábado 26, aunque fuerzas del Estado Mayor no le hayan permitido llegar a la residencia presidencial de Los Pinos para manifestar su protesta.


Es mucho y muy grande lo que está en juego y por lo tanto, debemos, sí, DEBEMOS porque nos afecta directamente, estar muy al pendiente de lo que suceda en el proceso legislativo para manifestarnos por todos los medios posibles exigiendo el respeto a nuestros derechos democráticos.

Por lo pronto, el Congreso se abocará a sacar adelante con carácter de urgente el embrollo en el que está metido con la reforma Político-Electoral, dizque para quitar a los gobernadores la manipulación de los procesos electorales estatales —el periodo ordinario termina el 30 de abril por una parte, y por la otra, el proceso electoral 2015 inicia en octubre próximo—. Con ese fin se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que coordinará los comicios estatales junto con los órganos electorales locales (o sea…) en substitución del Instituto Federal Electoral (IFE), y la rebatiña de los partidos políticos está a la orden del día, pero además, la Procuraduría General de la República (PGR) queda convertida en Fiscalía General con autonomía institucional a partir de 2018…

Dice el sabio dicho popular: “Piensa mal y acertarás…”. Dicha reforma contiene muchos ángulos agudos imposibles de dictaminar eficazmente en un tiempo tan corto y habiendo tantos intereses encontrados de por medio, por lo que tendrá que reglamentarse sobre las rodillas y después, pues ya veremos… así es la política mexicana.

Pero todo esto nos hace pensar que las doce reformas constitucionales aprobadas en 2013, de las que tanto se ufana Peña Nieto, tienen dos fines fundamentales: Atosigar a la opinión pública con tantos temas tan distintos y complejos y sin información confiable suficiente, que termine por aceptar lo que le impongan y, por otra parte, mediante el embrollo electoral, institucionalizar los fraudes que ya probó en 2012 para perpetuarse el PRI en el poder en todo el país. Para eso regresó…   

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martes, 22 de abril de 2014

PROMESAS Y PRECIOS

Reynaldo Mota Molina


Habrá usted notado que la propaganda exhaustiva del gobierno de Enrique Peña Nieto anunciando la disminución de precios del gas doméstico, de la gasolina y de diversos productos de la canasta básica serían una consecuencia directa de la aprobación de las reformas energética, económica, financiera y de otras más que nos endilgó el año pasado, ha desaparecido por completo y, en cambio, dichos productos básicos para la población mexicana han aumentado sus precios. El Gas LP, por ejemplo, ahora cuesta alrededor de $ 265.40 un tanque de 20 kilos en la zona centro del país; los incrementos mensuales de la gasolina continúan puntualmente. Ahora se necesitan más de ocho salarios mínimos para llenar un tanque de 45 litros; la canasta básica aumentó 5.49 por ciento al mes de marzo pasado.

Esto demuestra nuevamente que las tan cacareadas promesas de Peña Nieto no fueron más que un embaucamiento para que se aprobaran las reformas constitucionales que le convienen a su gobierno; una vez logradas, se pueden ir a la porra los embaucados que al fin y al cabo son los que pagan.

El paquete de reformas constitucionales aprobadas al vapor por el Congreso el año pasado mueve los ejes de la vida del país, como ya lo hemos dicho, por las repercusiones profundas que contiene; qué más decir de la Energética llamada “la madre de todas las reformas” que se lleva de paso el patrimonio histórico, ideológico, físico y económico de los mexicanos para ponerlo a total disposición de los intereses privados nacionales y extranjeros.

La de Telecomunicaciones, que abriría la competencia en los servicios de radio, televisión, banda ancha y telefonía y las concesiones a dos nuevas televisoras, fue reculada por el propio Peña Nieto en su iniciativa de Leyes reglamentarias o secundarias al restablecer el presunto acuerdo de protección mutua Televisa-Peña Nieto y, peor aún, el control de la información que atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos como la libre expresión, el derecho a la información, el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la privacidad de las telecomunicaciones, la libertad de asociación, no promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión y deja intocado el duopolio de la televisión abierta, entre otras cosas igualmente importantes e invade las facultades que la Constitución otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo recién creado con suficiente autoridad y autonomía precisamente para evitar excesos de este tipo y de otros relacionados con las telecomunicaciones.

La Financiera modificó el servicio de los bancos en el país, supuestamente, para procurar mayor disponibilidad de préstamos y créditos de los usuarios. La realidad es que se establecieron medidas más rigurosas y ahora los bancos pueden disponer hasta del 30 por ciento de los ingresos nominales de los tarjetahabientes para recuperar sus créditos y los deudores hasta pueden ir a la cárcel.

La Educativa no significó en lo más mínimo la mejora de la calidad educativa en ninguno de sus niveles; se concretó a ser una ley laboral de los maestros que mediante la evaluación determinará su ingreso, permanencia y ascenso.

Las principales de estas reformas están en proceso hasta el día 30 de este mes en el Congreso mediante el establecimiento de las Leyes reglamentarias o secundarias que requerirían análisis y debates profundos incluyendo la participación de la sociedad civil para que verdaderamente repercutieran en beneficio común, pero esto no sucede en México… y esperamos que el Congreso, agobiado además con lo relativo a la reforma político-electoral y el IFAI no termine por doblegarse a los intereses de los poderes fácticos que $e mueven tra$ bambalina$.

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jueves, 3 de abril de 2014

¡NO PODÍA SER VERDAD TANTA BELLEZA…!

Reynaldo Mota Molina

El propio Enrique Peña Nieto se ha encargado de dar un mentís rotundo a la reforma que en materia de telecomunicaciones él mismo promulgó a mediados del año pasado con gran bombo y platillo y ha vuelto a quedar postrado ante los intereses todopoderosos de Televisa, lo cual de por sí es muy grave, pero todavía más, el refrendo a la manipulación mediática absoluta que tanto daño ha ocasionado al país en el ámbito de la telecomunicación, la política, la educación, la economía y la democracia, entre otras muchas cosas, socavando la soberanía del Estado.

Como se temía, muchos aspectos de las iniciativas de las Leyes reglamentarias o secundarias presentadas apenas hace unos días por Peña Nieto contradicen lo establecido en la nueva Ley de Telecomunicaciones consagrada ya en la Constitución Política mexicana y peor aún, tratan de regresar a la Secretaría de Gobernación la facultad de censurar contenidos de radio y televisión y controlar la comunicación y las nuevas concesiones y prórrogas, que son responsabilidad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el supuesto organismo autónomo recién creado.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo al Senado de la República dice, por ejemplo, en un sentido presumiblemente sesgado, que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de vigilar que los contenidos de radio y televisión sean educativos, culturales y cívicos, además de la revisión de los espacios noticiosos y de contenidos diversos, para que se difunda información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional; igualito a lo que establecía el decreto-ley de la dictadura militar de Argentina en 1980 que decía: la información debe ser “veraz, objetiva y oportuna” cuando en dicho país “se mataba, se censuraba y se desaparecía”, según el testimonio del autor intelectual de la nueva Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, Gabriel Mariotto, actual vicegobernador de Buenos Aires. El “parecido” de ambos casos es altamente preocupante. ¿Qué tanto más esconden las tales leyes secundarias que más bien parecen ser una contra-reforma…?

Esto nos lleva a retomar lo que mencionamos en nuestra entrega anterior “Más Pobres y Más Ricos” respecto al informe de Oxfam “Gobernar para la Élites” que menciona, entre muchos otros análisis: “De qué manera las leyes que regulan las economías nacionales se subordinan a los intereses de la élites? Se trata de un problema inherente a la naturaleza de la política> ... <La influencia de los grupos acaudalados da lugar a los desequilibrios en los derechos y la representación política. Como resultado, esos  grupos poderosos secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias> ... <La  concentración de la riqueza en manos de las élites da lugar a una influencia política indebida que, en último término, arrebata a los ciudadanos los ingresos procedentes de los recursos naturales, genera políticas fiscales injustas, fomenta las prácticas corruptas y desafía el poder normativo de los gobiernos. El conjunto de estas consecuencias empeora la rendición de cuentas y la inclusión social>.


La instauración de las leyes secundarias está en proceso en este momento y supone el debate y análisis profundo y responsable del Congreso de la Unión a favor del pueblo mexicano cuyo dictamen deberá ser el próximo 30 de abril. Está en juego, pues, el presente y el futuro de nuestro país en materia de telecomunicaciones y de los muchos asuntos que implica, que son trascendentales para la vida nacional de ésta y de las nuevas generaciones y por lo tanto, es indispensable tomar conciencia de su importancia y participar activamente la ciudadanía para no permitir que avance el daño que se pretende.

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miércoles, 19 de marzo de 2014

A VER SI ASÍ

Reynaldo Mota Molina

Por primera vez en los últimos veintiséis años, hay que reconocerlo, el gobierno federal se atreve a tratar de poner cortapisas a dos grandes monopolios que han causado incalculables daños a la economía nacional; han trastocado el sistema democrático y empobrecido el concepto educativo del país, además de un sin fin de perjuicios directos e indirectos a la nación en su conjunto en el ámbito de las telecomunicaciones: Televisa, Tv Azteca y Teléfonos de México, sus identidades más visibles.

El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró el pasado día 7 de marzo a estos entes convertidos en poderosos Frankenstein como “agentes económicos preponderantes de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México”, para efectos de competencia y regulación, pese a las maniobras de las televisoras para descarrilar tal declaratoria que incluye la licitación de dos nuevas televisoras.

Sin embargo, el propio Ejecutivo federal aún no ha enviado al Congreso de la Unión las iniciativas de las llamadas “leyes secundarias”, que son las que especifican las reformas constituciones en la materia, que debieron ser aprobadas desde el 9 de diciembre pasado y el plazo vence el 30 de abril próximo. ¿Por qué será…?

El primer paso está dado aunque con un retraso de más de veinte años; ahora falta ver si se cumplen las cosas. Precisamente las famosas “leyes secundarias” pueden llevar del gozo al pozo la declaratoria del IFT al revertir aspectos fundamentales que afecten el bien común de los usuarios de los mencionados servicios debido al gran poder que dichos monstruos ejercen sobre los Poderes de la Unión. Para eso tienen su tele-bancada…
   
Lo curioso es que, contra todo lo previsible, Enrique Peña Nieto es quien se atreve a ponerle el cascabel al gato: Salinas y Zedillo no lo hicieron; eran los tiempos en que “Televisa era soldado del PRI” y Salinas había cedido Teléfonos de México a Carlos Slim. Fox y Calderón tenían pánico, terror y miedo, estaban “de a pechito” para que las televisoras hicieran lo que quisieran, eran soldados de Televisa. Todos somos testigos de cómo Televisa influyó la campaña presidencial de Peña Nieto y, sin embargo, éste es quien le pone el cascabel… Mmmh!

¿Qué animó la decisión de Peña Nieto? ¿Actuar en beneficio de los usuarios para proporcionarles servicios de televisión y de telefonía de alta calidad, cobertura, rapidez y buen precio?  Mmmh!, no lo creemos. Al gobierno NUNCA le ha importado la ciudadanía; sólo su voto. ¿Propiciar la competencia real que redunde en mejor calidad de servicios y contenidos que coadyuven en el ámbito educativo? ¿Se les pasó la mano a los poderes fácticos en su ambición, arrogancia y señorío? ¿Despertaron el instinto de conservación del gobierno priista? ¿Es un paso más para retomar el poder absoluto presidencialista? ¿Es una nueva simulación? ¿Con qué fin? Quién sabe…

Hay otros elementos. En el ámbito internacional es ampliamente conocido el sometimiento del gobierno mexicano a los poderes fácticos que influyen definitivamente en la toma de decisiones y afectan grandemente a la economía nacional, la seguridad jurídica, la vida democrática —el caso Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Ciudad Juárez, entre otros, lo demuestran—, son situaciones que no garantizan con seguridad la inversión extranjera así se trate del oro negro que yace en el subsuelo mexicano, tan atractivo para unos de tener y para otros de vender.


Había que hacer algo más que la captura del Chapo Guzmán para desinhibir el interés del gran capital extranjero. No han bastado las promesas, los ofrecimientos y las reformas constitucionales. Era necesario demostrar que se trata de atraer su inversión a como dé lugar y para eso se han puesto a trabajar…, bueno, más o menos…

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miércoles, 5 de marzo de 2014

VER PARA CREER

Reynaldo Mota Molina

Resulta obligado abordar el tema de la reaprehensión de Joaquín Chapo Guzmán por el suceso histórico —quiérase o no— que significa en todo su contexto y por haberse o haberlo constituido en un símbolo de la delincuencia organizada con mayor éxito en el mundo; sobra mencionar las publicaciones que lo ubicaron como uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta con el reconocimiento de las élites políticas y económicas de aquí y de allá.

Más allá de la “operación quirúrgica” con que se realizó el operativo de la  reaprehensión montado en el aparato mediático de Televisa, bajo el esquema de la época calderonista, es necesario poner la atención en otros planos:

En el Foro Económico Mundial (FEM) realizado recientemente en Davos, Suiza, no le fue nada bien a Enrique Peña Nieto en la venta de los energéticos a la inversión extranjera a pesar de su política de puertas abiertas debido a la inseguridad que vive México. A los dueños del dinero no se les puede engañar con discursos, son más listos de lo que creen los políticos, además de que poseen fuentes de información fidedignas y saben lo que realmente sucede en cada lugar donde deciden poner un dólar.

El “socio” mayor en la persona de Barack Obama estuvo aquí hace unos días y tuvo una breve reunión a puerta cerrada con Peña Nieto, ambos preocupados porque la oferta del petróleo mexicano no sale por causa de la inseguridad narcopolítica y en la implementación de la venta energética.

Algo había que hacer…, y qué mejor que un golpe espectacular mediático que atrajera la atención de los remilgosos inversionistas. Los mexicanos pueden quedarse sin su patrimonio nacional… ¡a quién le importa!, pero los socios no pueden quedarse sin la preconcebida avalancha de dólares con la que ya se frotan las manos. ¡Faltaba más…!

Había que preparar al mundo… y la revista Time, a unos días de la mencionada reunión, presentó a Enrique Peña Nieto en su portada como el “Salvador de México” mediante un amplio reportaje en sus páginas, que aquí resulta ridículo.

Justo después de la reunión acontece la reaprehensión del Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo en todo el mundo, al que no se le pudo localizar durante trece años, pese a que “todos sabían dónde estaba”, según el obispo de Sinaloa,  y de quien “se necesitarían cien mil soldados para cercarlo y ni así lo podrían aprehender”, según declaraciones públicas de un exfuncionario calderonista.

 Pero resulta que el gobierno peñista en una “delicada y eficaz operación” orquestada por la DEA (Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos) y ejecutada por la Secretaría de Marina, sorprendieron al famoso capo casi como al “Tigre de Santa Julia”, sin un solo tiro y sin oponer resistencia… Lo que hace pensar a la Vox Populi que fue una acción concertada, negociada y condicionada.


 ¿Cómo creerle al gobierno de Peña Nieto? Habrá que ver con toda claridad, con peras y manzanas, que se le incautan las cuentas multimillonarias en todo el mundo, que se descubren y desmantelan las miles de empresas lícitas e ilícitas en los 53 países que domina el Cártel de Sinaloa, que se apresan a los otros socios del Chapo: El Mayo Zambada y El Azul Esparragoza y, sobre todo, que se encarcela a los funcionarios cómplices del más alto nivel por lo menos, de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y del actual, ya que existen evidencias en Estados Unidos de que Joaquín Chapo Guzmán, financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces podremos empezar a creer…

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