Reynaldo Mota Molina
Es alentador ver la reacción ciudadana, aunque un
tanto tardía y desarticulada, ante los excesos que el gobierno de Peña Nieto
intenta imponer a través de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones
traicionando las reformas constitucionales que en esta misma materia el propio
Peña promulgó el año pasado con bombo y platillo; ambas iniciativas presentadas
por él mismo. ¿Cómo se puede uno traicionar a sí mismo…?
Esta reacción de rechazo al abuso del poder y la
convulsión interna que vive el PAN, indispensable para los propósitos de Peña
Nieto de acuerdo al “Pacto por México”, de infeliz memoria, hicieron que el
dictamen de dicha reforma, junto con la Energética, que son ejes principalísimos
de la vida presente y futura del país por su extraordinaria trascendencia, se
pospusieran hasta el mes de junio en un periodo extraordinario de sesiones del
Congreso de la Unión.
Esto que aparentemente suena bien porque supone mayor
tiempo de análisis y debates profundos de los legisladores para dictaminar
leyes reglamentarias acordes a las reformas constitucionales en vigor, a
favor de la ciudadanía —que debería ser su enfoque único y central—, sabemos
que no es así porque, desgraciadamente, sus intereses están al servicio de las
cúpulas políticas y empresariales que son las que determinan que sí y que no es
lo que queda establecido que beneficie su particular provecho.
En estas circunstancias es la sociedad civil —el
ciudadano de a pie— la que puede y debe hacer valer los derechos que le otorga
la Constitución, como en este caso se ha manifestado con gran fuerza a través
de las redes sociales mayormente por jóvenes, casi el único medio eficaz de que
dispone y de otros como la “cadena humana” que se llevó a cabo el sábado 26,
aunque fuerzas del Estado Mayor no le hayan permitido llegar a la residencia
presidencial de Los Pinos para manifestar su protesta.
Es mucho y muy grande lo que está en juego y por lo
tanto, debemos, sí, DEBEMOS porque nos afecta directamente, estar muy al
pendiente de lo que suceda en el proceso legislativo para manifestarnos por
todos los medios posibles exigiendo el respeto a nuestros derechos democráticos.
Por lo pronto, el Congreso se abocará a sacar adelante
con carácter de urgente el embrollo en el que está metido con la reforma
Político-Electoral, dizque para quitar a los gobernadores la manipulación de
los procesos electorales estatales —el periodo ordinario termina el 30 de abril
por una parte, y por la otra, el proceso electoral 2015 inicia en octubre
próximo—. Con ese fin se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que
coordinará los comicios estatales junto con los órganos electorales locales (o
sea…) en substitución del Instituto Federal Electoral (IFE), y la rebatiña de los
partidos políticos está a la orden del día, pero además, la Procuraduría
General de la República (PGR) queda convertida en Fiscalía General con
autonomía institucional a partir de 2018…
Dice el sabio dicho popular: “Piensa mal y
acertarás…”. Dicha reforma contiene muchos ángulos agudos imposibles de
dictaminar eficazmente en un tiempo tan corto y habiendo tantos intereses
encontrados de por medio, por lo que tendrá que reglamentarse sobre las
rodillas y después, pues ya veremos… así es la política mexicana.
Pero todo esto nos hace pensar que las doce reformas
constitucionales aprobadas en 2013, de las que tanto se ufana Peña Nieto,
tienen dos fines fundamentales: Atosigar a la opinión pública con tantos temas
tan distintos y complejos y sin información confiable suficiente, que termine
por aceptar lo que le impongan y, por otra parte, mediante el embrollo
electoral, institucionalizar los fraudes que ya probó en 2012 para perpetuarse
el PRI en el poder en todo el país. Para eso regresó…
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