Reynaldo Mota Molina
Habrá usted notado que la propaganda exhaustiva del
gobierno de Enrique Peña Nieto anunciando la disminución de precios del gas
doméstico, de la gasolina y de diversos productos de la canasta básica serían
una consecuencia directa de la aprobación de las reformas energética,
económica, financiera y de otras más que nos endilgó el año pasado, ha
desaparecido por completo y, en cambio, dichos productos básicos para la
población mexicana han aumentado sus precios. El Gas LP, por ejemplo, ahora
cuesta alrededor de $ 265.40 un tanque de 20 kilos en la zona centro del país; los
incrementos mensuales de la gasolina continúan puntualmente. Ahora se necesitan
más de ocho salarios mínimos para llenar un tanque de 45 litros; la canasta
básica aumentó 5.49 por ciento al mes de marzo pasado.
Esto demuestra nuevamente que las tan cacareadas
promesas de Peña Nieto no fueron más que un embaucamiento para que se aprobaran
las reformas constitucionales que le convienen a su gobierno; una vez logradas,
se pueden ir a la porra los embaucados que al fin y al cabo son los que pagan.
El paquete de reformas constitucionales aprobadas al
vapor por el Congreso el año pasado mueve los ejes de la vida del país, como ya
lo hemos dicho, por las repercusiones profundas que contiene; qué más decir de
la Energética llamada “la madre de todas las reformas” que se lleva de paso el
patrimonio histórico, ideológico, físico y económico de los mexicanos para
ponerlo a total disposición de los intereses privados nacionales y extranjeros.
La de Telecomunicaciones, que abriría la competencia
en los servicios de radio, televisión, banda ancha y telefonía y las
concesiones a dos nuevas televisoras, fue reculada por el propio Peña Nieto en
su iniciativa de Leyes reglamentarias o secundarias al restablecer el presunto
acuerdo de protección mutua Televisa-Peña Nieto y, peor aún, el control de la
información que atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos como la
libre expresión, el derecho a la información, el acceso a las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, la privacidad de las telecomunicaciones,
la libertad de asociación, no promueve una competencia efectiva en los
servicios de radiodifusión y deja intocado el duopolio de la televisión abierta,
entre otras cosas igualmente importantes e invade las facultades que la
Constitución otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el
organismo recién creado con suficiente autoridad y autonomía precisamente para
evitar excesos de este tipo y de otros relacionados con las telecomunicaciones.
La Financiera modificó el servicio de los bancos en el
país, supuestamente, para procurar mayor disponibilidad de préstamos y créditos
de los usuarios. La realidad es que se establecieron medidas más rigurosas y
ahora los bancos pueden disponer hasta del 30 por ciento de los ingresos
nominales de los tarjetahabientes para recuperar sus créditos y los deudores hasta
pueden ir a la cárcel.
La Educativa no significó en lo más mínimo la mejora
de la calidad educativa en ninguno de sus niveles; se concretó a ser una ley
laboral de los maestros que mediante la evaluación determinará su ingreso,
permanencia y ascenso.
Las principales de estas reformas están en proceso hasta
el día 30 de este mes en el Congreso mediante el establecimiento de las Leyes
reglamentarias o secundarias que requerirían análisis y debates profundos
incluyendo la participación de la sociedad civil para que verdaderamente
repercutieran en beneficio común, pero esto no sucede en México… y esperamos
que el Congreso, agobiado además con lo relativo a la reforma político-electoral y el
IFAI no termine por doblegarse a los intereses de los poderes fácticos que $e
mueven tra$ bambalina$.
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