Reynaldo Mota Molina
Desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en
diciembre de 2012 la consigna ha sido hablar lo menos posible, mediáticamente,
sobre la violencia y la inseguridad con todo lo que implican, que prevalece en
México tras la exacerbación alcanzada durante el gobierno de su antecesor
Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de dar la impresión de que estos han
disminuido, sin embargo, los índices extraoficiales —oficiales no hay o no se
encuentran al alcance ciudadano— indican que, por el contrario, estos han
aumentado en algunas zonas del país.
La muestra más evidente son Michoacán, Tamaulipas y
Baja California. Michoacán, con el gran problema que significa la sublevación armada
de las llamadas autodefensas ciudadanas
en contra del crimen organizado, particularmente del cartel Los Caballeros
Templarios, y la espiral que está provocando la participación del gobierno
federal con los elementos que ha dispuesto para “resolver” el problema, que se
está convirtiendo en un callejón sin salida entre la mezcla de autodefensas
legítimas, autodefensas simuladas o encubiertas, convertidas ahora en “Fuerzas
Rurales”, Ejército, policías de todo tipo, comisionado especial y burócratas,
más el crimen organizado, narcos, sicarios y todo tipo de delincuentes
incluyendo los de cuello blanco, sólo
Dios sabe en qué va terminar pero lamentablemente por lo visto, no augura nada
bueno… para nadie.
Tamaulipas se debate entre el asesinato de mandos
policiacos, balaceras constantes y muertos en diferentes rumbos de policías,
sicarios y civiles, aseguramientos de armas y decomisos de droga por parte del
Ejército o la Marina, detenciones, túnel con vehículos y armas del crimen
organizado, en fin, y sin embargo el gobernador Egidio Torre Cantú declara:
“Estamos en paz…”. Así, ante el incremento de la violencia el gobierno federal
ha nombrado un comisionado especial en Seguridad, Miguel Amado Jiménez
González, para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, similar a Alfredo
Castillo en Michoacán.
Baja California ocupa actualmente el tercer lugar en
delitos relacionados con el crimen organizado particularmente en robo de
vehículos, extorsiones y homicidios.
Esto es sólo lo más conflictivo del mapa de
inseguridad nacional en este momento; faltan el Estado de México, Chihuahua, Puebla,
Morelos, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y otros como Veracruz, Nuevo León,
Sinaloa, Coahuila, etcétera.
Ante este panorama que es del conocimiento mundial
sobre todo de las grandes potencias económicas y de los supuestos
inversionistas interesados en los energéticos del país: petróleo, gas,
electricidad y demás, que tendrían o tendrán que invertir cantidades
millonarias de dólares y euros, están a la expectativa de lo que sucede y de lo
que les confirmen las leyes secundarias en estas materias después del regalo
que les ofreció el gobierno de Peña Nieto con la reforma Energética.
Nadie sabe cuál será la reacción de los inversionistas
después de las 21 Leyes reglamentarias que presentó Peña Nieto a última hora
del 30 de abril que, según los corifeos en los que nadie cree, abren a la libre
competencia los sectores de exploración y producción, así como transformación y
logística de hidrocarburos y la generación de electricidad en el país, pero una
cosa es segura: si no satisface, garantiza y asegura absolutamente en todos los
órdenes la inversión de cada inversionista, no habrá tal, y Peña Nieto tendría
que malbaratar el patrimonio nacional y doblegarse para no quedarse sin los
frutos del jugoso negocio que preparó junto con la élite que le rodea.
Así, entre la incertidumbre, la inseguridad y el
despojo, el país se convulsiona social, política y económicamente sin ver
posibilidades de cómo salir del pozo negro y profundo en que nos encontramos…
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