La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los responsables de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron quemados 49 niños y 75 más padecen secuelas permanentes muestra en carne viva, una vez más, la corrupción y el tráfico de influencias que prevalecen en el tribunal más alto de justicia al dejar sin responsabilidad alguna a los principales responsables: Juan Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Daniel Karam Toumeh, director actual del IMMS —ambos miembros del gabinete de Felipe Calderón— y a Eduardo Bours Castelo, exgobernador priísta de Sonora.
Los ministros de la tremenda Corte, excepto tres, pasaron por encima de toda evidencia documentada
a través de los vericuetos jurídicos que buscaron a fin de favorecer a los susodichos quienes abiertamente ejercieron intensa presión sobre los magistrados así como el propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.En un alarde de poder y de presión el IMSS decidió cerrar la Guardería número 28 de la Ciudad de México, destinada a madres periodistas desde hacía 20 años, el mismo día que inició el debate en el pleno de la Corte sobre este asunto, que implicó una amplia cobertura periodística, a fin, presuntamente, de boicotear la información.
La corrupción y sometimiento de la Suprema Corte a los intereses políticos del gobierno en turno la desató Vicente Fox durante su sexenio a través de salarios y canonjías millonarias y escandalosas que alcanzaron fama como los ministros mejor pagados del mundo, reduciendo a la justicia mexicana a una simple y vulgar prostituta.
Los padres de los niños quemados integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y al no encontrar justicia en México recurrirán a los organismos internacionales con los que se tienen suscritos acuerdos sobre el particular, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros más, hasta lograr que se haga justicia. El camino es largo y lento pero “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No fue un accidente, no fue un derrumbe ni un ciclón lo que nos arrebató a nuestros hijos; fueron el Estado mexicano, la corrupción y la negligencia criminal los que nos arrebataron a nuestros hijos”, reitera el indignado movimiento de padres de familia.
Una prueba más del sometimiento de la Suprema Corte de Justicia a los intereses del gobierno federal es la “inmediata liberación” de los doce presos políticos de Atenco incluyendo al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México, Ignacio del Valle, que en el 2006 recibió la inaudita sentencia de 112 años de cárcel y su reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano por el sólo hecho de encabezar un movimiento social defendiendo su tierra patrimonial del despojo que el gobierno foxista pretendía ejecutar, sentencia que ni los narcotraficantes más sanguinarios reciben del sistema judicial mexicano.
Pero ante los inminentes comicios del 4 de julio, el gobierno de Felipe Calderón ha estado abonando el terreno electoral con la mano “justiciera” de la tremenda Corte en las injustas reclusiones políticas de Acteal y de Querétaro recientemente.
¡Qué bien por la libertad de los presos políticos! ¡Qué mal por la justicia mexicana manipulada y devaluada como moneda electoral!
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