Es inconcebible el grado de injusticia que prevalece en nuestro país auspiciado desde el gobierno federal y extendido en todos los órganos impartidores de justicia del territorio nacional en perjuicio del ciudadano común que no tiene ni goza de los privilegios que dan el poder y el dinero coludidos con la mafia corrupta y sanguinaria que domina al país, como lo demuestra el asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortiz que reclamaba, precisamente, justicia ante el crimen cometido en contra de su hija Rubí Marisol.
La joven fue asesinada por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de ésta, en agosto de 2008 según su propia confesión y escrito. En consecuencia el sujeto fue detenido e indicó el lugar donde había tirado y quemado el cadáver. Sin embargo, los agentes que lo acompañaron en la diligencia no reunieron las evidencias escritas, videograbaciones, declaraciones, constancias de haberle leído sus derechos al imputado —al puro estilo americano, como en las películas y series—, formalidades que el nuevo sistema penal implementado en Chihuahua, donde se realizaron los crímenes, exige, por lo que no se reunieron pruebas circunstanciales y tampoco se ampliaron las investigaciones.
“Marisela Escobedo fue víctima de la pésima aplicación de un renovado sistema de procuración de justicia en Chihuahua, que fue ejecutado por quienes sólo conocían una obsoleta forma de recolectar pruebas, procesarlas y presentarlas, de tal suerte que dejaron a los fiscales sin un caso sólido qué presentar a los jueces. No sólo quedó libre el presunto asesino de su hija, sino que ella ahora tampoco vive para contarlo” —dice Gustavo de la Rosa Hickerson, segundo visitador a cargo de la mesa de quejas de la CEDH de Chihuahua— y agrega: “Nos dijeron que había que traer los juicios orales y adversariales. Se invirtieron millones de dólares en implementar el nuevo sistema penal que, en teoría, funciona mejor que el normal. El problema fue que dejaron intacto el sistema de procuración de justicia. Se quedaron en sus puestos los mismos policías municipales, los mismos agentes investigadores y los mismos agentes del ministerio público. Es decir, se modificó el marco normativo, pero la maquinaria operadora que investiga y acusa sigue igual. Así, cuando el acusado llegó ante los jueces, simplemente no habló. Y con tan escasos elementos probatorios, los jueces no se atrevieron a enjuiciar a Barraza y fue dejado en libertad”.
La manifiesta mediocridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se desparrama por todos los ámbitos y a su sólo paso, corrompe, contamina y causa muerte.
"Tengo amenazas por parte de él (el asesino de su hija) y de la familia —clamaba Marisela Escobedo—. Si me van a venir a asesinar que me asesinen enfrente para vergüenza del gobierno". La indignada madre de Rubí Marisol convertida en activista por la ineficacia de las autoridades, había señalado que el asesino estaba involucrado con un grupo del crimen organizado y que las investigaciones que había hecho personalmente estaban en manos de la fiscalía de Ciudad Juárez, pero afirmó, "no hacen nada".
Y efectivamente, la señora fue asesinada frente al palacio de Gobierno de Chihuahua la noche del jueves 17, mientras realizaba un plantón de protesta pidiendo justicia por el homicidio de su hija.
Los tres jueces que por unanimidad dictaron la libertad del asesino confeso —pero eso no cuenta en el nuevo sistema— han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones mientras se les hacen cargos como chivos expiatorios, pero no va a pasar nada; se dirá que el nuevo sistema de procuración de justicia se encuentra en etapa experimental y que se requiere la capacitación del personal para que sea eficaz, como en las series de televisión estadounidenses, en el afán absurdo de imitarlos en todo.
A lo mejor también se les ponen los ojos azules…, mientras tanto, la familia de doña Marisela continúa siendo objeto de agravios, de injusticia y de impunidad de los agresores: el incendio de la maderería de su pareja y un cuñado también asesinado...
"Puro rollo", dirá también Calderón.
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