¿DÓNDE ESTÁ EL ENEMIGO PÚBLICO?

Reynaldo Mota Molina

Por tercera vez Joaquín “Chapo” Guzmán escapó de la mano “justiciera” del gobierno mexicano; las dos primeras, de complacientes penales federales de alta seguridad y la tercera, de un operativo de la Marina Armada de México, después de que agencias antidrogas de Estados Unidos detectaron su ubicación en un rancho cercano a la población de Cosala, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental. Esto concediendo que así haya sucedido y no sea otra complacencia o un simple distractor de la atención pública.

Porque el gobierno de Peña Nieto no quiere que la ciudadanía fije su atención en la pobreza y el hambre que le aqueja y menos aún en la inseguridad creciente del territorio nacional como lo muestran los muertos recientes de Iztapalapa, sin embargo, no puede ocultar que en los tres primeros años del sexenio se han cometido más de 51 mil asesinatos, según las cifras oficiales al pasado mes de septiembre, aunque el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, reporta 57 mil, según su propio conteo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Solamente de enero a septiembre del año en curso son 13 mil 920 los asesinatos cometidos; en 2014 fueron 17 mil 324 homicidios dolosos; en 2013, 18 mil 447; y tan solo en diciembre de 2012, mil 696, durante el primer mes de gobierno de Peña Nieto. La suma de dichas cifras son un total de 51 mil 387 asesinatos en medio de la más absoluta impunidad.

En el nefasto gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron más de 70 mil muertes violentas con la dizque “guerra contra el narcotráfico”, aunque extraoficialmente la cifra rebasa 100 mil 200 muertos. Al paso que va, el gobierno peñista superará la cifra macabra, y eso que no estamos “en guerra”.

   

Un número indeterminado de estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad “al servicio del pueblo”: las policías federal, estatal y municipal, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, y uno se pregunta: ¿Dónde está el enemigo público…?

¿Será por eso que el Ejército se niega rotundamente a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue directamente a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los sucesos de septiembre del año pasado relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contraviniendo la disposición mostrada públicamente por el “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, evidenciando que ésta es solo aparente?

Porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó tal posibilidad en la audiencia pública realizada el pasado martes 20 en  la ciudad de Washington, alegando que dicho tema no forma parte de los puntos convenidos el día anterior con el GIEI. Sin embargo, los expertos aseguran que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

¿Por qué tanto resquemor del gobierno al interrogatorio de militares? ¿Pues no que el Ejército está para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, según reza la Constitución Política mexicana?

Por eso insistimos: ¿Dónde está el enemigo público…?

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DE TLATELOLCO A IGUALA

Reynaldo Mota Molina

47 años de la matanza de Tlatelolco a manos del Estado mexicano; 47 años de los abyectos e impunes crímenes de estudiantes universitarios reunidos en una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México, cuyo movimiento estudiantil logró aglutinar otros reclamos de los sectores obrero, campesino y médico del sector público, sin que hasta el día de hoy se haya aplicado justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 2 de octubre de 1968, empezando por el expresidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en ese entonces, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

Han transcurrido 47 años de la matanza cuyo número exacto de estudiantes y demás ciudadanos muertos por la llamada Brigada Blanca –integrada por policías, judiciales y militares– y el Ejército, se desconoce –la cifra más probable es de 325; el gobierno reconoció sólo 26–, mientras el deterioro de las instituciones de gobierno y de justicia alcanza estándares que alarman a todo el país y al mundo entero debido a la corrupción y a la impunidad de que son presas.

Durante este tiempo han ocurrido innumerables actos represivos por parte de las autoridades civiles y militares exacerbados por su colusión con el crimen organizado que adquieren grados de crueldad inhumana inenarrables, baste mencionar Atenco, San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato-Ecuandureo y, por supuesto, la desaparición forzada de 43 estudiantes –otra vez estudiantes– normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y cuando menos 9 personas fallecidas, hace un año, a manos de policías municipales y federales con el conocimiento o participación del Ejército en medio de la más absoluta impunidad, encubiertos por las instituciones de gobierno y de justicia.

Tal vez por incapacidad o por tratar de obtener algo de credibilidad y liberar un poco la presión mundial por la aclaración de la desaparición y paradero de los estudiantes, el gobierno federal solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de este asunto, que el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, dio por concluido al declarar su “verdad histórica” sin fundamento.

El trabajo exhaustivo de los investigadores profesionales de la CIDH no sólo ha evidenciado la falsedad de la verdad histórica sino que ha demostrado la existencia de un quinto autobús, por lo menos acondicionado para el trasiego de droga, que sin saberlo los estudiantes, tomaron para unirse al contingente que acudiría a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco, motivo de este maremágnum que nos lleva a pensar: si los estudiantes no hubiesen topado con dicho autobús, otra sería la historia.

Ahondar en esto no le conviene al gobierno federal que ha encubierto toda esta trama por razones inconfesables y ahora trata ridículamente de desvirtuar la investigación de la CIDH pero, afortunadamente, los investigadores tienen los elementos fundamentados y testimonios irrefutables que han dado a conocer.

Todo esto demuestra que a 47 años de distancia de la matanza de Tlatelolco, estamos ahora peor que entonces: mayor corrupción, dicho y reconocido por el propio presidente Enrique Peña Nieto envuelta en su cultura, así como falta de credibilidad en todas las instituciones; mayor impunidad, mayor injusticia, mayor inseguridad, mayor número de desapariciones forzadas, mayor grado de tortura; mayor pobreza, mayor desigualdad socio-económica, mayor desprestigio internacional, mayor predominio extranjero, mayor saqueo de los bienes nacionales… y todavía faltan tres años.

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DEL EMBUTE Y OTRAS COSAS…

Reynaldo Mota Molina

Sólo era cuestión de un poco de tiempo para que Enrique Peña Nieto tuviera que hacer efectivo el pago a Grupo MVS por el despido de Carmen Aristegui del noticiario de mayor audiencia en México, Noticias MVS, acorralado por la investigación de Carmen y su equipo que descubrió la colusión multimillonaria con Grupo Higa, la inmobiliaria favorita de Peña Nieto, por la adquisición de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en la exclusiva zona residencial de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

Como se esperaba, el pago consistió en la resolución de dos fallos del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones a favor de Grupo MVS, el “must carry” y “must offer”, es decir, la obligación de Televisa (que había interpuesto un amparo al respecto) de permitir la retransmisión de su señal radiodifundida de forma gratuita por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS; y la concesión en definitiva de la prórroga a MVS del uso de la banda de 2.5 gigahertz (GHz), cuyo litigio provenía desde los inicios del gobierno de Felipe Calderón, y que significa para el grupo empresarial MVS un negocio súper millonario sin precedente. He ahí el quid del asunto…

  

Que si las audiencias, que si la libertad de expresión, que si el conflicto de interés de Peña Nieto… todo eso no importa; lo que importa es el negocio y la impunidad…

Pero la labor periodística de Carmen Aristegui es reconocida y laureada en otros lados del mundo: Ahora en Estados Unidos. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) le otorga el Premio Presidencial al Valor por el reportaje de la “casa blanca” de Peña Nieto. “NAHJ honra a Aristegui no sólo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo”, indicó la asociación, cuya directora de medios, Eileen Truax, se refirió a la galardonada como “un ejemplo de constancia y congruencia”.

Mientras tanto Peña Nieto se revuelve en su propia inmundicia. Los diez cambios que hizo en su gabinete a partir de este mes buscan algo de credibilidad de su gobierno, pero tratándose de la misma cobija corrupta, no habrá mayor cambio sino únicamente darle vuelta al atole: “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza” dice el sabio refrán…

Ante la contundencia de las investigaciones y nuevos descubrimientos de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto se vio comprometido a reunirse nuevamente con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace casi un año, y la “verdad histórica” quedó hecha trizas en un mar de impunidad, fijando el próximo día 24 para tal reunión; justo antes de acudir a un nuevo encuentro internacional en que seguramente será cuestionado al respecto. La reunión le viene al pelo para salir del paso y dar nuevas largas y promesas vanas a los inflexibles padres de los estudiantes desaparecidos con los que nos solidarizamos.

El desprestigio y nulo respeto a la representatividad de México ante el mundo gira en torno de Enrique Peña Nieto. El caso más evidente es del gobierno de Egipto que para sacudirse la presión del gobierno mexicano que reclama la investigación exhaustiva y expedita del ataque de las fuerzas de seguridad de ese país al grupo de turistas adinerados en el que murieron ocho mexicanos, responde: “Aclararemos lo que pasó aquí cuando ustedes aclaren Ayotzinapa…”

Y es que, sin justificar la infamante actitud del gobierno egipcio, ¿con qué autoridad moral exige Peña Nieto “investigación exhaustiva y expedita…?” 

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TODO BAJO CONTROL

Reynaldo Mota Molina

Para tratar de entender un poco cómo hemos sido llevados al sumidero en que nos encontramos como país —que cada día está peor— y hacer más llevadera la carga del destino que ya nos alcanzó, habría que remontarnos a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y particularmente a la llamada Guerra Fría (1947-1991), en que los países aliados, ante la repartición del botín de guerra, llegaron a un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, protagonizado por dos grandes bloques, el occidental (capitalista) liderado por Estados Unidos, y el oriental (comunista) liderado por la entonces Unión Soviética, hoy Rusia nuevamente. Muestra de ello fue la construcción del muro de Berlín iniciada en 1961.

Si bien los enfrentamientos no llegaron a desencadenar una nueva guerra mundial armada, la intensidad y gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos, marcaron profundamente gran parte de la historia de la humanidad. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Por temor a la destrucción total ninguno de los dos bloques llegó a tomar acciones directas contra el otro, debido a lo cual al conflicto se le llamó “guerra fría”.

La Perestroika (reestructuración) rusa inició la disolución de la Unión Soviética que culminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso del comunismo en 1991.

En las postrimerías de la segunda guerra, bajo el sistema de Naciones Unidas, se crearon los organismos financieros Banco Mundial (1944) y Fondo Monetario Internacional (1945), con sede en Washington, con la intención declarada de reducir la pobreza en los países en desarrollo el primero, y de fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y fomentar la estabilidad cambiaria, entre otros enunciados, el segundo, de los países miembros incluido México.

En la práctica, y a consecuencia de la postguerra, dichos organismos son utilizados para el control y manejo de los intereses de la pequeña élite que gobierna el mundo, por ejemplo, el Banco Mundial (BM) favorece los intereses de los países industrializados; financia proyectos que provocan daño ambiental masivo y empeoran las condiciones de pequeños agricultores; hacen préstamos a gobiernos que violan abierta y permanentemente los derechos humanos; provocan la reubicación forzosa de personas y comunidades  y amenazan los derechos de los pueblos indígenas, todo con el fin de favorecer el control político a través de la economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) establece el saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social; la reestructuración del sistema impositivo con el fin de incrementar la recaudación fiscal; la eliminación de barreras cambiarias a través de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto; la implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado. El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta incluir áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social; políticas de flexibilidad laboral, entendido como la liberalización del mercado de trabajo, entre otras.

En la década de 1980 México ingresa a la globalización y al neoliberalismo cuyos sistemas derriban fronteras, abaten soberanías y nulifican el sentido patrio en pro de la liberación de la economía y el libre comercio para un mejor control político, social y económico.

 Y como somos un país de gobierno dócil, servil y apátrida, entregado totalmente a los poderosos a cambio de migajas, y un pueblo indolente y cobarde, aceptamos todo cuanto nos impongan, desde presidentes peleles, hasta la privatización de la educación y de los servicios médicos en proceso, pasando por las reformas estructurales para legalizar el saqueo. Todo está bajo control de los que gobiernan el mundo.

Que si la exoneración de Peña Nieto por los conflictos de interés de la casa blanca de Las Lomas y la de Ixtapan de la Sal, y la de Videgaray en Malinalco, son cuestiones domésticas que todos sabíamos que así sucedería; que si el reconocimiento de la pérdida de confianza en el gobierno y todas sus instituciones por parte de Peña Nieto, es una desvergüenza manifiesta y un insulto a la inteligencia, en el mismo momento que anuncia su exoneración. Por eso su gobierno alcanza el 99.7 de impunidad gracias a la corrupción, pero eso no inquieta a los dueños del poder.

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¿MERECEMOS EL GOBIERNO QUE TENEMOS?

Reynaldo Mota Molina

Mucho se ha dicho sobre que “los pueblos tienen el gobierno que se merecen”; de ser así, valdría la pena revisar qué es lo que hemos hecho tan mal, como sociedad, para estar en las condiciones tan lamentables en que nos encontramos gracias a los malos gobiernos que hemos permitido por complicidad e indolencia, tal vez esta es la clave para resumirlo en sólo dos palabras, pero queremos ir un poco más adelante.

Debemos buscar la manera de salir del peor atolladero que hayamos tenido en la época moderna mediante la participación ciudadana efectiva, exigiendo al gobierno el reencauzamiento de las políticas públicas que tanto daño están causando. Sabemos que la pobreza ha crecido en el país y la desigualdad socioeconómica es brutalmente abismal debido a la corrupción y a la impunidad desde el gobierno, y esperamos que la mayoría de los mexicanos estarán conscientes de la gran crisis de crisis que estamos viviendo: ingreso, seguridad, educación, salud, vivienda, alimentación y mil cosas más, cada una en su propia crisis.

La ONG, OXFAM MÉXICO, acaba de publicar su informe OMX2015, “Desigualdad Extrema” y propone “Un Programa para Combatir la Desigualdad y la Agenda para el Futuro” del que extraemos una breve síntesis. El acceso por Internet a dicho informe es: http://es.scribd.com/doc/269542290/DesigualdadExtrema-InformeOMX2015

DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO. CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO.

En general, sabemos cómo se puede reducir la desigualdad en una economía. Otros países ya lo han hecho en el pasado. Los instrumentos son tan conocidos que se sabe cuáles han funcionado y cuáles no. Algunas de las propuestas de política que se mencionan más adelante nunca se han discutido seriamente en México, quizá porque nunca hemos discutido seriamente el problema de la desigualdad. Algunas de estas propuestas se enunciaron vagamente y en medida tal se desecharon; como si se tratara de recomendaciones extrañas, demagógicas o incluso arbitrarias o expropiatorias. No se consideró que de hecho, son políticas muy comunes en muchas partes del mundo, y que así se han alcanzado menores niveles de desigualdad, así como mayor desarrollo económico.

El Estado ha de asegurar que sus ciudadanos, por el simple hecho de serlo, accedan a un mínimo de derechos sociales, los cuales deberán garantizarse desde el inicio hasta el final de la vida. ¿Qué significa esto?: Acceso a educación de buena calidad y en instalaciones que cuenten con la infraestructura adecuada; acceso a la salud desde la infancia hasta la vejez, también en instalaciones adecuadas y con garantía de abasto de medicamentos y acceso a servicios hospitalarios mínimos; derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, etcétera.

En la política salarial, de la misma manera debería realizarse una reforma laboral que rebalancee el poder de negociación entre trabajadores y patrones. Esto puede implicar mejoras en los mecanismos de representación sindical, pero también la eliminación de obstáculos político-administrativos que actualmente contribuyen a representaciones sindicales ficticias. Esta política puede contribuir de manera indirecta a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores y no sólo eso; podría eventualmente contribuir a revertir las tendencias observadas en la distribución funcional del ingreso.

Sólo informándote adecuadamente podrás tener elementos firmes para exigir la justicia social y económica a que tienes derecho —lástima de las palabras tan trilladas—, pero es una realidad que dicho informe desmenuza con el criterio de los derechos humanos y, éstos, son irrenunciables. Por eso te sugiero ver el informe completo. Está en ti tomarlo o dejarlo… Depende del gobierno que quieras merecer.

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LA NUEVA TELENOVELA

Reynaldo Mota Molina

Las elecciones intermedias de Chiapas realizadas el pasado 19 de julio en las que resultó ganadora la coalición PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y el partido local Chiapas Unido, revelan lo que sucederá en las elecciones presidenciales de 2018 con el fin de arrasar mediante todo tipo de prácticas fraudulentas, los puestos clave que aseguren al PRI conservar la hegemonía del poder coadyuvado o solapado por los organismos electorales.

Chiapas es el estado más pobre del país con el 76.2 por ciento de su población con graves carencias, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo  Social (CONEVAL), es decir, casi 4 millones de pobres y 1 millón 600 mil habitantes en pobreza extrema.

Pero es el estado donde el gobernador, Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista, dilapida multimillonarios recursos públicos en publicidad a su favor en todo el país y se catapulta para suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México; por lo pronto, siguiendo sus pasos, inició la nueva telenovela contrayendo nupcias con la ex rebelde, actriz y cantante Anahí, por supuesto a la manera de Televisa, hacedora de presidentes y encargada de educar a la audiencia para que acepte de antemano y apoye a la nueva pareja presidencial llegado el momento. Como hemos visto, el PRI se ensaña con los más jodidos para extraerles el voto a su antojo.

Seguramente por eso el número de pobres en el país aumentó en más de dos millones de personas con carencias sociales en el ingreso, el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, los servicios básicos y el acceso a la alimentación. La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de dar a conocer que México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en reducción de la pobreza. Los niveles de pobreza no han cambiado en los últimos 20 años debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía nacional y la desigualdad en la distribución de los ingresos.

De acuerdo con dicho informe, el crecimiento de la economía nacional se ha visto limitado por la subexplotación del potencial de desarrollo de todas las regiones del país y, en particular, por la falta de transformación estructural y despegue de la productividad; afirma que la estrategia de reforma debe adquirir una dimensión regional integral que permita mejorar los mecanismos de gobernanza, identificar la financiación de forma más precisa e ir más allá del alivio social. Recomienda al gobierno mexicano invertir más recursos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la productividad, así como en políticas urbanas y territoriales.

  

Pero eso no le interesa al gobierno peñista, por el contrario, el Banco de México redujo nuevamente la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.66 a 2.60 en este año, así como las expectativas de 2016 y 17, justo previamente al próximo proceso electoral, y la devaluación del peso frente al dólar alcanza la cifra récord de $ 16.60 hasta hoy, aunque Luis Videgaray asegura que “el hundimiento del peso no representa un riesgo para nuestra estabilidad macroeconómica, porque hemos diversificado mucho la composición de nuestra deuda pública”.

No hace mucho secretario de Hacienda y Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguraban que el adelgazamiento del peso mexicano era una volatilidad pasajera que no alteraría el fuerte impulso de la economía mexicana ni afectaría el motor de las reformas estructurales y, casi enseguida, vinieron dos fuertes recortes presupuestales que afectan directamente a la economía nacional.

En lo que va del gobierno de Peña Nieto ha endeudado al país en 2 billones de pesos adicionales a la billonaria deuda pública interna y externa, Con dichas medidas se asegura que el 87 por ciento de mexicanos pobres que reporta el CONEVAL, “socialmente vulnerables”, más los que se acumulen de aquí al 2018, estarán listos para dar su voto al PRI y sus compinches, con los resultados que dan los presidentes telenovelescos. Al fin y al cabo el pueblo es el jodido.

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BLOQUEOS EN INTERNET

Reynaldo Mota Molina

Los grandes distractores de la atención pública que utiliza el gobierno de Enrique Peña Nieto para encubrir las acciones de su mala administración han perdido eficacia, concediendo que alguna vez la hayan tenido. Son grotescos, mal hechos, diseñados para estúpidos por otros más estúpidos y dejan al descubierto la pretendida engañifa. La nueva fuga de Joaquín Chapo Guzmán lo confirma. A nadie sorprende este suceso, es más, se esperaba que ocurriera en cualquier momento y así es, justo cuando el cáncer que padece Peña Nieto se hace inocultable y hasta predecible que no llegue al final del sexenio; así lo considera mucha gente y empieza a extenderse la creencia.

Pero al gobierno peñista no le conviene que esto se extienda más y había que dar un vuelco… ¿Qué pasaría con los fabulosos negocios de la reforma energética, de las telecomunicaciones, del nuevo aeropuerto, y todos los demás? ¿Quién invertiría en un país que no tiene bien definido qué hacer si faltare el presidente a fin de evitar conflictos de poder y problemas de ingobernabilidad? Las grandes ganancias en los negocios es lo único que le importa. Como los políticos se creen semidioses piensan que son inmortales y son incapaces de prever debidamente una contingencia de esta naturaleza.

Pero tampoco dan paso sin huarache: La liberación de Rafael Caro Quintero en 2013 se negoció cuando las reformas estructurales se encontraban en proceso y había que allanarles el camino distrayendo a la gente para que no protestara; otro distractor fue la recaptura del Chapo Guzmán en 2014, previa a la promulgación de las mencionadas reformas estructurales, y había que dar confianza a los inversionistas extranjeros, dueños del poder económico, para que creyeran en la capacidad del gobierno mexicano.

Todo esto es y ha sido un teatro o mejor dicho, una telenovela de mala calidad a la manera de Televisa, pero envuelta en miles de millones de dólares seguramente, al menos esta es la creencia popular, pero además, justo cuando Peña Nieto se encuentra en Francia disfrutando su viaje majestuoso acompañado de una corte que seguramente envidian los países imperiales, así parecerá inocente de toda sospecha… que no lo libera de su responsabilidad.

¿Quién puede creer verdaderamente que la instalación de tamaña tubería, por donde según el gobierno peñista escapó el Chapo, paralela al centro penitenciario de máxima seguridad, fuera casual y desprovista de toda medida de seguridad, así como la reciente construcción del edificio por donde salió? De veras que son estúpidos quienes le diseñan los escenarios a cargo de los bolsillos de usted y los míos, y si éstas son obras privadas... peor aún.

Tampoco lo liberan de su responsabilidad las masacres de civiles —delincuentes o no— a manos de las fuerzas armadas. “Mátenlos en caliente” solía decir el dictador Porfirio Díaz para eliminar a quienes se oponían a su régimen hace más de un siglo. “Mátenlos como perros”, instruían policías federales en enero pasado para abatir un grupo de autodefensas en Apatzingán que mantenían un plantón de protesta por falta de pago de sus servicios. El Ejército también intervino. En Tanhuato-Ecuandureo, Michoacán, hubo 42 civiles abatidos, presuntos delincuentes, por policías federales más un miembro de esta corporación. En Tlatlaya, Estado de México, hubo orden militar para abatir delincuentes —civiles— en la noche; “no que muy machitos”, les decían los militares a los sometidos “y les daban un balazo”, según una testigo ocular.

Y para colmo, está bloqueada en Internet la información relativa a la nueva fuga del Chapo Guzmán y la relacionada con la orden militar del caso Tlatlaya. Para eso sí es bueno el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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