Lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, durante la conmemoración del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad emprendida por don Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional en 1913, muestra en toda su crudeza la realidad que vive el país en materia de seguridad pública: “En algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado despojando a la población de sus bienes y tranquilidad y generando un clima de violencia inusitado”…“es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado”...”es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada, ya que la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos”…”que (la delincuencia organizada) se enquistó con la colaboración de la propia autoridad”…“En este entorno asimétrico y frágil en el que cumplimos nuestras misiones para salvaguardar a nuestros compatriotas, sus hogares, fuentes de trabajo y sitios de sana convivencia, privilegiamos el respeto a los derechos humanos”…“Han habido errores, desde luego que sí. Reconocerlo es lealtad”…”Es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado”.
Por fin se devela el mentís rotundo del discurso triunfalista de Felipe Calderón de que “todo está bien” y de que “vamos ganando”, nada menos que por boca del responsable de la defensa nacional. Por supuesto que la intención del general Galván no es evidenciar el fracaso de la “guerra” estúpida de Calderón sino la de insistir en que los militares “han dialogado con todos los sectores, absolutamente con todos”, sobre las bases jurídicas y sociales que sustentan la Ley de Seguridad Nacional y el nuevo Código de Procedimientos Penales Federales, los cuales, pese al interés del alto mando castrense, no han obtenido el consenso necesario en el Congreso para ser aprobados. Preocupación legítima, cuya solución es necesaria y urgente toda vez que la torpe maniobra de Calderón de convertir en policías a los militares ha sido absolutamente ineficaz y contraproducente en cuestión de los derechos humanos y en la confiabilidad del Ejército, pero que el Congreso guarda plácidamente en sus cajones en tanto se despeja la incógnita del proceso electoral y los partidos logran obtener las mayores ventajas para sus intereses.
Felipe Calderón alienado como siempre e insensible a la problemática nacional, aprovecha la ocasión para pasearse frívolamente montado en un caballo blanco tratando de emular al presidente Madero… ¿Nadie es capaz de decirle lo ridículo que se ve? ¿No hay quién le diga que don Francisco SÍ era un presidente…?Visceral como es, rechazó fulminantemente el informe de la ONG “Human Rights Watch” y descalificó la valoración del organismo internacional que afirma que la violencia en nuestro país ha aumentado horrorosamente tras la cruzada gubernamental contra el crimen organizado; que los esfuerzos de la administración de Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad, y que existe impunidad absoluta para los militares involucrados en atropellos contra la población civil. “El Estado mexicano ha carecido de capacidad para proteger a periodistas, migrantes indocumentados, activistas de derechos humanos y otros grupos vulnerables atrapados entre la violencia de los grupos delictivos y la practicada por las propias fuerzas de seguridad”.
La violenta reacción provocó la lógica respuesta de la ONG: Si el gobierno de Felipe Calderón sostiene que el 90 ó 95 por ciento de las 47 mil 500 víctimas —según cifras oficiales— son narcotraficantes, sería bueno que demuestre, principalmente a los mexicanos, cómo ha llegado a esa conclusión. Que fundamente este slogan oficial.
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