GRAN CALAMIDAD

Reynaldo Mota Molina

ASÍ LLEGÓ

ASÍ SE VA

ASÍ DEJA

A MÉXICO

...

CONSUMADO ESTÁ

Reynaldo Mota Molina

Con brincos y jaloneos el PRI y sus secuaces, PAN, VERDE, NUEVA ALIANZA y hasta el PRD, armaron sus mitotes para entretener a la gente indolente que acepta agachada y sin chistar las reformas a la Ley Federal del Trabajo que los coloca poco menos que como esclavos “modernos” que serán explotados —muchos ya lo son a través de las outsourcing— por empresarios abusivos que, coludidos con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, impusieron las condiciones ideales de utilización de los trabajadores para ponerlos al servicio de las grandes empresas transnacionales y de las nacionales que sobreviven a la voracidad insaciable de las economías extranjeras. Sólo como ejemplo, Comex, la mayor empresa productora y distribuidora de pinturas de México será vendida a Sherwin-Williams, la empresa estadunidense que es la mayor fabricante del ramo de la Unión Americana.

Los legisladores de las Cámaras de Diputados y de Senadores —“representantes” del pueblo según la “democracia” mexicana— tuvieron especial cuidado en solventar la rendición de cuentas de los sindicatos brincándola, para dejarla intocada e igual de corrupta que siempre; hicieron perdidiza la legislación sobre la cuestión minera —afectaba poderosos intereses de empresarios, políticos y narcotraficantes—; se ciñeron a la “iniciativa preferente” de Felipe Calderón y la pusieron en charola de plata para que éste la promulgue antes que termine su mandato. Una vez más, se salió con la suya a pesar de lo nefasto de su gobierno y de la ominosa herencia que deja.

  El nuevo gerente de la República, Enrique Peña Nieto, que tomará el cargo el 1 de diciembre próximo, ya no tendrá que despeinarse por los avatares de la nueva ley del trabajo; simplemente la aplicará y para ello prepara el aparato represor que maneja tan bien, como ya lo demostró en el caso de Atenco cuando era gobernador del Estado de México.

Como en los viejos tiempos, el “nuevo” gobierno de Peña Nieto centra el mayor poder de control en la Secretaría de Gobernación (Segob) —¿Se acuerda usted que en el gobierno de Díaz Ordaz el secretario de Gobernación era Luis Echeverría, encargado de orquestar la represión estudiantil que culminó con la matanza de Tlatelolco?— Pues bien, la Secretaría de Seguridad Pública desaparece y la Segob asume sus funciones; se crea una Subsecretaria del Interior que incluirá la Gendarmería Nacional; se crea un Centro de Control y Comando Nacional, capaz de coordinar en tiempo real a las instituciones de seguridad y auxilio; se crea la Unidad de Fusión de Inteligencia que permita sistematizar y analizar la información de las distintas dependencias; se crea la Policía de Investigación Científica a nivel federal y se crea un Atlas Nacional de la Delincuencia para la Prevención y Persecución del Delito.

Desaparece la Secretaría de la Función Pública —que sirvió para dos cosas…— y se crea la Comisión Nacional Anticorrupción, que contará con facultades para sancionar administrativamente y realizar la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de particulares, lo cual significa un instrumento fenomenal de poder en manos del “presidente”, con el que podrá premiar o castigar a todo aquel que no se alinee.

  

Combatir a la corrupción por sus efectos, sólo crea imagen pública, dice el analista Mauricio Merino, pero no es la mejor manera de enfrentarla.

Totalmente de acuerdo.

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SÍNTESIS

Reynaldo Mota Molina

Entre las cosas absurdas que suceden en el mundo actual está el incuestionable fracaso del sistema económico neoliberal que, al ser global una de sus características esenciales, afecta a todo el mundo, trátese de Europa, Asia, África, América del Norte, América Latina y no se diga de los países pobres llamados, candorosamente, emergentes… en los que México ocupa un lugar destacado por su pobreza económica, política y social, agravada por la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.

La explicación de la administración de este absurdo para seguir vigente radica en que los organismos económicos y financieros internacionales están integrados por las élites de los países dominantes y son quienes dictan las reglas aplicables en los países subyugados con el fin de mantener el control, asegurar el aprovisionamiento económico y de conservar su hegemonía sin importar los costos sociales o de cualquier otro tipo de carácter local. La problemática que esto implica en determinado país, corresponde resolverla al gobierno respectivo; por esta razón se implantan gobernantes cuya función es acatar y aplicar sin restricciones las directrices recibidas.

Este sintético análisis ilustra la actuación de los gobiernos mexicanos, particularmente a partir de Carlos Salinas de Gortari, y evidencia la obediencia de las gerencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la “entronización” de Enrique Peña Nieto y las circunstancias en que los dos últimos llegaron a la presidencia de la República.

De ahí la aprobación de la contra-reforma laboral por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores con el voto de los partidos políticos vasallos del sistema, como ya era sabido que sucedería, en perjuicio directo de los trabajadores y en beneficio abierto de la clase patronal, proveedora y partícipe de los bienes y servicios que el sistema neoliberal requiere.

El ingrediente distractor para mantener ocupada la atención de la gente fuera del efecto que le causarán las reformas, es el asunto de la “transparencia” sindical que debidamente calculada, aprovecharon Elba Esther Gordillo (SNTE) y Carlos Romero Deschamps (PEMEX) para reelegirse por un nuevo eslabón de seis años como líderes intocables de los sindicatos corporativos y corruptos que son parte fundamental del sistema.

Los derechos de los trabajadores afectados por la subcontratación (outsourcing), los contratos a prueba, el pago por hora, la limitación del derecho de huelga, la “productividad”, las “multihabilidades”, los despidos injustificados, la limitación del pago de salarios caídos por huelgas o conflictos laborales, entre otros, serán un amargo despertar de los trabajadores hasta que lo vivan en carne propia. Mientras tanto los obreros, técnicos, empleados de oficinas, comercios y de todo tipo de negocios y profesionistas, es decir, los asalariados, inexplicablemente permanecen indiferentes o ajenos a una sombra con caracteres esclavizantes y retrógrada que se cierne sobre ellos sin que se percaten de sus alcances y, en consecuencia, no protesten ni hagan nada.

Otro hecho es que cuatro poderes fácticos han tomado ya la presidencia de México antes que Enrique Peña Nieto: Televisa, la clase empresarial, Elba Esther y Romero Deschamps.

Peña Nieto esperará a que le diga qué hacer Luis Videgaray, que a su vez, esperará instrucciones de “los de arriba”.

¡Pobre México!

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PERVERSIDAD

Reynaldo Mota Molina

         La información presentada por Univisión la semana pasada sobre el caso “Rápido y Furioso”, puso nuevamente de relevancia el hecho que en México el gobierno calderonista le ha echado tierra para que se olvide por parte del interés público.

En el ámbito del periodismo de investigación, prácticamente el único interesado en el asunto, Jorge Ramos y Gerardo Reyes dieron a conocer que al menos en cien escenas del crimen organizado se utilizó parte del armamento “filtrado” ilegalmente por Estados Unidos a territorio mexicano con el objetivo perverso —por decirlo suave— de que se cometieran crímenes con éste para seguir la pista de los principales capos y capturarlos. La cuestión falló; se salió de control, no se detuvo a nadie, pero los muertos mexicanos están ahí. La matanza de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar y la masacre en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez, el homicidio de Mario González, hermano de la exprocuradora de Chihuahua, y hasta de dos agentes estadounidenses de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se cometieron con dicho armamento, según la investigación periodística comprobada hasta este momento.

Tanto el gobierno mexicano como el norteamericano negaron siempre estar enterados de dicho operativo, sin embargo, existen evidencias que demuestran que no solamente si sabían, sino que fue planeado por ambos gobiernos. Carlos Fernando Luque Ordóñez, director de delitos de tráfico para el  Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), rama de inteligencia de la PGR, fue acreditado en el Consulado de México en Estados Unidos y enviado a Arizona, a principios de 2009, para ser parte de la ATF, agencia de la que saldría el operativo “Rápido y Furioso”.

Fuentes judiciales en Washington y documentos internos de la ATF confirman que Luque Ordóñez participó en reuniones en las que se trató específicamente lo relativo a dicha operación, por lo que resulta más que ingenuo tratar de hacer creer que ambas entidades actuaron sin el conocimiento y consentimiento de ambos gobiernos.

Es estremecedoramente indignante darse cuenta que el objetivo de dicho operativo fue eminentemente criminal desde el Estado, bueno, desde el gobierno calderonista.

Y, en el mayor absurdo, desquiciante e hipócrita, Felipe Calderón, exige a la  Organización de Naciones Unidas (ONU) el deber de atender con carácter urgente “la delincuencia organizada trasnacional y en especial la violencia que ésta despliega para llevar a cabo sus actividades delictivas, (que) representan un grave problema que compromete al desarrollo, la seguridad y la convivencia democrática en todas las naciones”.

Sólo le faltó pedir que los “marines” vengan a limpiar la casa que él llenó de sangre con más de 103 mil 304 muertos, según los últimos recuentos de investigaciones periodísticas.

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PA’QUE APRENDAN

Reynaldo Mota Molina

La aprobación de las reformas a ley laboral por parte de los diputados y la que falta por parte de los senadores, no es otra cosa que mero trámite, pese a la simulación de confrontación entre los partidos que se dicen representantes populares, para seguirle el juego al enemigo del pueblo número uno, Felipe Calderón Hinojosa —quien se ostentaba como “presidente del empleo”—. Como quedó ésta, era ya un acuerdo previo entre Peña Nieto y Calderón a cambio del apoyo total para que aquel llegara a la presidencia de México y Calderón cumpliría las órdenes de los poderes fácticos.

Todo estaba previsto, desde la aprobación del Congreso de las llamadas “Iniciativas Preferentes” —qué aún no están reglamentadas y a pesar de ello se les dio curso— para que sobre las rodillas les diera salida en treinta días.

Al final de su camino, tal vez con la intención de lavar su conciencia Calderón incluyó la democratización de los sindicatos —rendición de cuentas y elección de sus líderes mediante voto libre, directo y secreto— a sabiendas que sería nulificada de inmediato por sus compinches del pri-an-al-ve, en contrasentido de lo que demostró a lo largo de su nefasta administración.

En cambio, vertió todo su desprecio sobre la clase trabajadora legalizando la subcontratación, llamada outsourcing, la contratación a prueba, el pago por hora, limitación del derecho de huelga, que la “productividad” y no la experiencia sea el elemento fundamental para ascensos laborales o para la obtención de plazas de base, entre otras; además, facilita los despidos, impulsa la figura de “multihabilidades” y fija en doce meses el límite del pago de salarios caídos en casos de huelgas o conflictos laborales. Es decir, todo a favor de los patrones, como lo dictó la Coparmex.

Incluso la famosa “izquierda” se sometió al emitir su voto el petista Adolfo Orive, integrante de la Comisión de Trabajo, para que la iniciativa no pasara al pleno, en donde pudo haber modificaciones sustanciales a favor de los trabajadores.

Los poderosos sindicatos corruptos —SNTE, PEMEX, CFE, ISSSTE, IMSS, entre muchos otros—, que son base política del PRI, quedaron intactos en sus canonjías y privilegios y empoderados sobre el próximo “presidente” Enrique Peña Nieto que desde ahora los llevará sobre sus hombros durante los próximos seis años.

Así el PRI demuestra la continuidad de sometimiento a los insaciables poderes fácticos que fincan su riqueza sobre la pobreza, la injusticia y la explotación de la clase trabajadora. Con el nuevo PRI regresamos más de 100 años…

Pa’que aprendan los de la prole p… que votó por Peña Nieto…

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“NADIE SABE, NADIE SUPO…”

Reynaldo Mota Molina

El PRI está desplegando un spot con declaraciones de un funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en que afirma que el sistema electoral de México es el más robusto de América Latina. En el mismo, un catedrático de una universidad de Washington asegura que el sistema electoral de México es más justo, profesional, apartidista e independiente, que el sistema de Estados Unidos… Lo que no dice, es que ese sistema —que en el papel puede ser bueno— está absolutamente corrompido por el propio PRI y que por esa sinrazón volverá a Los Pinos, por lo que las declaraciones de esos personajes miopes o pagados, resultan falsas. Lo grave es que ese spot a fuerza de repetirlo miles de veces por todos los medios terminará por “convencer” a los mexicanos indolentes.

Otro asunto es el caso de “El secreto de Televisa”. Si bien sabemos en qué terminará —“nadie sabe, nadie supo la verdad en el extraño caso…”— no podemos soslayar cómo el poderoso emporio de Emilio Azcárraga Jean compra conciencias, presuntamente, desde el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, hasta la procuradora General de la República, Marisela Morales, para asegurar, cada uno por su parte, que Televisa es ajena tanto de las 6 camionetas incautadas —con logotipos de la empresa— y con 9.2 millones de dólares con partículas de cocaína, como de los 18 detenidos que las tripulaban, basados únicamente en la información que les proporcionó la propia Televisa deslindándose del hecho.

El embajador Labardini presentó su declaración ministerial como prueba documental, sin ningún sustento jurídico, a la Fiscalía de Nicaragua. Y la procuradora Morales, ante un medio radiofónico de Televisa con Joaquín López Dóriga, basada en la misma información, sin averiguación sustentada de por medio.

Estamos hablando, en el caso del embajador, de las relaciones diplomáticas internacionales de México y todo cuanto ello implica… y en el caso de Marisela Morales, de la procuradora general de la República y todo cuanto ello significa…

Pero la procuradora fue más allá al afirmar sin más elementos —dicho por ella misma— que “al parecer” los Zetas tienen infiltrada a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi), en los módulos donde se elaboró con supuesta acreditación falsa la documentación de tránsito vehicular de las camionetas en cuestión. La procuradora general haciendo afirmaciones temerarias basada en supuestos para favorecer a Televisa… Igual que el Instituto Nacional de Migración (INM) que se niega a proporcionar cualquier tipo de información sobre los detenidos.

Por si alguien todavía la dudaba, esto demuestra quién manda en México.

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¿CLAUDICACIÓN?

Reynaldo Mota Molina

Hasta cierto punto es comprensible la decisión de Andrés Manuel López Obrador de arriar banderas después de dos fraudes electorales consecutivos en su perjuicio —2006 y 2012— en los que, supuestamente, él fue el triunfador para asumir la presidencia de México. El primero caracterizado por la guerra sucia en su contra protagonizada desde la presidencia de Vicente Fox y los poderes fácticos que gobiernan el país, refrendado por las autoridades electorales antes, durante y después del proceso electoral, teniendo aún así, un pequeño margen oficial de diferencia: 0.56 por ciento de la votación, pese al movimiento social de protesta encabezado por el propio López Obrador. Sin los elementos fraudulentos el resultado seguramente habría favorecido a AMLO.

Esto dio origen a que gobierno y autoridades reformaran las leyes electorales en 2007 dizque para prevenir posibles fraudes en el futuro y los comicios tuvieran cierto grado de credibilidad.

El segundo caracterizado por la sofisticada creación mediática de Enrique Peña Nieto por Grupo Televisa tratando de evitar las evidencias; el descarado rebase de gastos de tope de campaña, la enmarañada triangulación de recursos, el presunto lavado de dinero del narcotráfico, la utilización de encuestas como propaganda, la millonaria compra de votos en efectivo y monederos electrónicos, entre otros delitos electorales, protagonizado desde la “presidencia” de Felipe Calderón y los poderes fácticos que gobiernan el país, refrendado por las autoridades electorales antes, durante y después del proceso electoral, con el resultado de 19 millones de votos para Peña Nieto contra 15 de López Obrador, pese a la promovida invalidación de la elección presidencial por el Movimiento Progresista, integrado por los partidos de izquierda que postularon a López Obrador y que el Tribunal Electoral desechó renunciando a su calidad de tribunal de plena jurisdicción, para proclamar a Peña Nieto presidente electo. Sin los elementos fraudulentos el resultado seguramente habría favorecido a López Obrador nuevamente.

Esto dio lugar a la sorpresiva separación de AMLO de los partidos que integraron el Movimiento Progresista: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que significa —para muchos— la claudicación del líder de las izquierdas que logró aglutinar una gran fuerza política y social más allá de los propios partidos y de crear una expectativa de credibilidad y desarrollo del país basado precisamente en la ciudadanía y, de repente, la situación cambia: es incierta y desconcertante, pero lo más grave, implica un desperdicio de la fuerza política acumulada que se rompe en el momento justo de ser el contrapeso del “nuevo” gobierno priista y de convertirse en el fiel de la balanza del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Peña Nieto, al mismo tiempo de la posibilidad de consolidar para futuros planes la fuerza política del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que impulsó el propio López Obrador, pero que inesperadamente se convierte en un embrollo organizacional.

Por ahora sería una torpeza mayor convertir este movimiento en partido político porque perdería la credibilidad adquirida, la fuerza social, y pasaría a ser una escisión más del PRD, para perderse en el mar de corrupción de todos los partidos políticos.

 

¿A quién beneficia la separación? En primer lugar al propio Peña Nieto y al PRI que se quitan la monserga del seguimiento puntual de sus acciones ante una vigilancia pesada. ¿Será “concertacesión”…? Como que nos negamos a creerlo.

Y por supuesto al PRD, en el que los Chuchos pueden seguir vendiéndose al mejor postor —PRI y compañía— más libremente, como ya inmediatamente lo mostraron.

Lo cierto es que la izquierda, por ahora la única posibilidad de un cambio real de la situación que agobia a México se rompió y quedó en veremos…

¡Qué pena!

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¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?

Reynaldo Mota Molina

Que “Palo dado ni Dios lo quita”; que “No hay peor ciego que el que no quiere ver”; que “Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”… Sabios refranes populares que son envoltura de la reprobable actuación de los siete magistrados electorales que validaron la elección presidencial del 1 de julio a favor de Enrique Peña Nieto a pesar del gran número de irregularidades graves que sustentaban la exigencia de invalidación presentada por el Movimiento Progresista liderado por Andrés Manuel López Obrador.

Pues sí, la camarilla de magistrados tenía prisa —hora y media le bastó el 31 de agosto— en resolver la “validez” de la elección presidencial y en declarar a Peña Nieto presidente electo, renunciando a la obligación de investigar exhaustivamente los cargos presentados por dicho Movimiento sobre la compra masiva de votos, la triangulación de recursos provenientes de fuentes extrañas, la promoción mediática a través de Televisa, la utilización de encuestas como propaganda y el rebase del tope de gastos de campaña. Aprovechando el desfase de tiempos poselectorales —fríamente calculados— el Trife entregó a Peña Nieto la constancia de mayoría precisamente el día anterior a la entrega del último informe de gobierno de Felipe Calderón. El palo estaba dado…

Investido como tribunal supremo en materia electoral con la reforma de 2007, el Trife debió asumir su función de plena jurisdicción: “Ser tribunal de plena jurisdicción implica que para asumir su función de arbitraje lo orientan los indicios que le presenten las partes, pero de ninguna manera la carga de la prueba se le da a los contendientes, que no están obligados a ofrecer las pruebas sino sólo los indicios”, según lo define el artículo 99 de la Constitución mexicana, sin embargo, en pleno desacato el Trife se escudó para su resolución en que “el Movimiento no probó lo que argumentó; los hechos, sus reclamos, no los probó”.

Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho constitucional y exconsejero del IFE abunda al respecto: “El tribunal no debía pedirnos que nosotros probáramos muchos de los reclamos que hacíamos porque no podemos acceder a la información financiera, pues existe el secreto bancario, ni tampoco solicitar información sobre empresas, ya que está la reserva fiscal, y mucho menos podíamos decirle al Ministerio Público que nos entregara las averiguaciones previas de las denuncias, pues es información bajo reserva”. Es decir, que los únicos que podían haberse allegado esa información —porque están facultados para ello— eran los propios ministros y consejeros electorales, Y NO LO HICIERON. No hay peor ciego…

En su resolución unánime los magistrados candorosamente establecieron que los casos de las tarjetas Monex y Soriana fueron “emblemáticos” de la impugnación y “no se pudo demostrar que hayan sido utilizados para la compra y coacción del voto”; más bien, el PRI “estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizadas por las personas que el partido indicara” —o cualquier cosa que este rollo signifique—, y que no hubo un sistema financiero paralelo.    

Debido a su pésima actuación los siete magistrados electorales han sido calificados por expertos analíticos como torpes, remedos de jueces, juzgadores de barandilla, enanos que actuaron como jueces de paz pero cobran como magistrados de la Corte; pero la voz popular los ubica como corruptos, serviles e indignos de la autoridad que ostentan,  sometidos a los poderes fácticos que sentarán sus reales otra vez en Los Pinos, gracias a su traición a los principios democráticos que establece la Constitución en materia electoral. Para que la cuña apriete…

Ya se plantea la posibilidad de demandar juicio político en contra de todos ellos por abdicar a sus obligaciones, y disolver el Tribunal Electoral como parte de una transformación indispensable del sistema electoral que no está a la altura de las circunstancias que requiere México.

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LAS MANOS LIMPIAS

Reynaldo Mota Molina

Conforme a la moda impuesta por Vicente Fox para sacarle la vuelta al mandato constitucional y no dar la cara al presentar el último informe de gobierno, ni siquiera al Congreso, no por pudor o vergüenza, sino por miedo a la vacuidad irracional, Felipe Calderón Hinojosa mandó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, cargado con dos cajas conteniendo el texto del afortunadamente último “informe” a entregarlo a la Cámara de Diputados, que fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Murillo Karam, y por su compinche Ernesto Cordero, ahora habilitado como presidente del Senado de la República, en medio de sonrisas y efusivos apapachos.

En este ambiente relax y frente a las cámaras favoritas —las de televisión—, rodeado de la aplaudidora plana mayor del gobierno federal incapaz de realizar el menor cuestionamiento en el Palacio Nacional, Felipe Calderón dirigió un mensaje a la nación tres días después.

Dice que fundamentó su gobierno en cinco ejes de política pública: Seguridad Pública y Estado de Derecho; Economía Competitiva generadora de empleos e igualdad de oportunidades; Desarrollo Sustentable; Democracia efectiva y Política Exterior responsable.

Empezando por la seguridad pública, exculpó a su gobierno de toda responsabilidad del incremento de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico, repartiendo culpas a todo el mundo menos a él, por supuesto, y enalteció la eficacia del Ejército, la Armada y la Policía Federal, por lo que recibió sonoros aplausos de los incondicionales. Dijo que con la Ley de Víctimas —que él mismo vetó— se protegerá y resarcirán los daños. Dijo también que “los criminales han hecho un daño incalculable a México…”. ¿Sólo ellos?

En la misma tónica abordó los demás ejes ignorando que la ciudadanía entera es testigo de lo contradictorio de sus “logros”: ¿“Economía competitiva” privilegiando el monopolio de Televisa en las Telecomunicaciones?; ¿“Generadora de empleos” con cifras mínimas manipuladas, el crecimiento de la economía informal y del número de pobres por falta de empleo?; ¿“Desarrollo sustentable” con la debacle del campo que obliga a importar maíz —el producto nacional—, frijol y demás semillas básicas?; ¿“Democracia efectiva” solapando el fraude electoral del PRI encubierto por el Trife?; ¿“Política Exterior responsable” entregando la soberanía del país a Estados Unidos, el petróleo y otros energéticos, así como la minería y la economía a manos extranjeras?

Es el fracaso rotundo en los cinco ejes y en los demás, que tienen descarrilado al país y en la ignominia de la impunidad y la desigualdad. Lo atestiguan más de 70 mil muertos, más de 60 millones de pobres, y todavía tiene el descaro de decir que los mexicanos tienen mejores condiciones de vida y la democracia más fuerte que hace 6 años.

No, no merece aplauso alguno sino sonora trompetilla…

No se va con las manos limpias.

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LUTO NACIONAL

Reynaldo Mota Molina

Como colofón de la controvertida etapa poselectoral del 1 de julio Enrique Peña Nieto recibe la constancia de mayoría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) le otorga por manos del magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ante el dictamen unánime que la Sala Superior determinó a su favor, declarando la validez del proceso electoral y de presidente electo de la República mexicana para el periodo diciembre 2012-noviembre 2018, cuya postulación presentó la coalición Compromiso por México integrada por el PRI y el PVEM.

De esta forma el máximo tribunal electoral desechó más de 10 mil pruebas aportadas por el Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial: “Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos planteada por la coalición Movimiento Progresista”, declaró el magistrado presidente Luna Ramos, al término de la votación y las ponencias respectivas.

Es decir que las pruebas presentadas de propaganda encubierta del Grupo Televisa a favor de Peña Nieto desde 2005 y durante la campaña 2012, constitutivas de fraude a la ley electoral, fueron desechadas por el tribunal que no realizó la investigación exhaustiva que tenía obligación de cumplir.

Así mismo la enmarañada triangulación de recursos entre empresas privadas y empresas membrete, entre las que destacan Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, Grupo Comercial Inizzio, Operadora y Comercializadora Efra; bancos, grupos financieros como Monex, BBVA Bancomer, Banamex, Scotiabank; Wal Mart, lavado de dinero, empresas Soriana, y la millonaria compra de votos a través de tarjetas-monedero electrónico, entre otras graves irregularidades, que también fueron ignoradas por la autoridad electoral, y qué decir de las denuncias ciudadanas.

El Trife desestimó todos y cada uno de los elementos presentados, desde el caso del empresario  méxico-estadounidense José Aquino que demandó al equipo de Peña Nieto por presunto fraude por 56 millones de dólares a su empresa Frontera Television Network, hasta el escandaloso rebase del tope de gastos de campaña. Todos somos testigos del gran fraude cometido por el PRI para imponer sus intereses a través de Enrique Peña Nieto.

Pero para el Trife todo está bien: “La invalidez de una elección no puede basarse en argumentos carentes de prueba idónea, en simples inferencias o manifestaciones, pues de ser así se atentaría contra las reglas y principios del sistema democrático de derecho. Por lo anterior, considero que la certeza histórica de la elección presidencial del 1 de julio del 2012, es que los ciudadanos mexicanos ejercieron su sufragio con libertad y sin coacción alguna y que prevalecieron los principios de equidad, legalidad e imparcialidad en el desarrollo del proceso electoral” declaró concluyente Pedro Esteban Penagos, magistrado del Trife.

Con este fallo el tribunal electoral legaliza el fraude, la ilegalidad, el lavado de dinero y la impunidad, siempre que se trate de la élite que conforma la punta de la pirámide en la que todos son socios. Lo demás, que se lo lleve el diablo, ignorantes de que se encuentran en el mismo barco…

El asunto no está terminado. El Trife está provocando que la inconformidad de millones de mexicanos se torne en rebeldía y las consecuencias son imprevisibles.

No por nada Peña Nieto acudió en helicóptero a recibir la “constancia de mayoría” eludiendo las manifestaciones en su contra.

Hay luto nacional por la verdad y la justicia. ¡Qué lamentable!

¿POR QUÉ?

Reynaldo Mota Molina

En su cuesta abajo Felipe Calderón Hinojosa está decidido a arrollar lo que aún queda medio en pie en este país para dejarlo convertido en añicos, tal vez por puro desquiciado gusto o quizá para que sea absorbido más fácilmente por Estados Unidos o por alguna otra potencia interesada en la mano de obra barata de los mexicanos, en contubernio con los poderes fácticos y con quienes seguramente lo sucederán en el gobierno.

El hecho de arrebatarle a MVS Comunicaciones la concesión de la banda 2.5 Gigahertz (GHz), va mucho más allá de perjudicar a la empresa que a través de su red informativa, como Noticias MVS, dio cuenta precisa de lo acontecido en la vida política, social y económica de la nación y del mundo entero con un sentido objetivo, veraz, analítico, crítico y de opinión, que en diversas ocasiones incomodaron a Felipe Calderón. Baste recordar que por un comentario editorial de la periodista Carmen Aristegui en su noticiario matutino del 4 de febrero de 2011, desde la oficina presidencial se instruyó a la empresa para destituirla de dicho espacio noticioso. Afortunadamente Aristegui hizo valer lo injustificado del despido respaldada por una  sociedad activa, participativa y exigente que hizo reflexionar a la empresa y las cosas retornaron a su cauce normal. 

Ahora, nuevamente bajo alta presión del gobierno calderonista por la renovación de las concesiones otorgadas a MVS Comunicaciones, ésta titubeó en sacar al aire una colaboración de John M. Ackerman, investigador de la UNAM, especialista en derecho electoral, quien recientemente publicó un extenso estudio sobre los criterios de nulidad de elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el periodista Luis Cárdenas, Segunda Emisión de Noticias MVS, en la que argumentaba la posible nulidad de la elección presidencial del 1 de julio.

El propio Ackerman en su renuncia pública a dicho espacio noticioso menciona: “Lo más lamentable de toda esta situación es que al indagar más al respecto, he llegado a descubrir que la suspensión de la transmisión de mis colaboraciones no fue una decisión unilateral por parte de la empresa que usted preside (Joaquín Vargas) para “quedar bien” con quien ya se ostenta como “presidente-electo”, sino una obediente respuesta a una solicitud explícita formulada por personas cercanas al equipo de Peña Nieto”.

De nada le valió a MVS Comunicaciones el remilgo porque, como suele hacerlo Felipe Calderón, visceralmente decidió despojar a esta empresa la concesión de la banda 2.5 GHz, de la que poseía casi 190 Megahertz (Mhz), espectro que en su momento se otorgó a la empresa de la familia Vargas para dar servicio de televisión por microondas e Internet, argumentando por medio de Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), estar "subutilizadas".

La decisión al parecer fue tomada durante una visita que Felipe Calderón y Pérez Jácome realizaron al Museo del Vino en Baja California. Días después el titular de la SCT, sin mediar razones técnicas, jurídicas ni económicas, anunció el “rescate” de 42 franquicias de la frecuencia 2.5 GHz por las que el grupo de radio y televisión MVS proyectaba ofrecer servicios de Internet de banda ancha fluida, rápida, directa y mucho más económica para los usuarios, para lo cual tenía presentados los proyectos respectivos y esperaba la renovación de las concesiones en cuestión.

Entre 2005 y 2009 venció la vigencia de 20 de los 60 títulos de concesión que posee MVS Comunicaciones en esta banda, asignada a finales de los años 90 para servicios de televisión por microondas. A partir de entonces realizó las gestiones necesarias para renovar dichas concesiones ante los organismos correspondientes encontrando siempre obstáculos de todo tipo en la propia SCT, la SHCP y en las instancias responsables de las telecomunicaciones en México.

El asunto está en que la beneficiaria directa de este despojo es Televisa, para no variar, y Tv Azteca, con gran perjuicio para la sociedad, en su economía y en su derecho de selección de entretenimiento, información y comunicación en todos los ámbitos relacionados con las telecomunicaciones. 

La pregunta es: ¿Por qué tanto odio en contra del país que le dio todo incluyendo la presidencia?

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AFRONTAR EL RIESGO

Reynaldo Mota Molina

Decidido a volver a Los Pinos a como diera lugar y al costo que fuera, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) armó una compleja trama para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto con dinero proveniente de diversas fuentes y hasta de países extranjeros como España, Israel, Italia y Estados Unidos, así como del presunto lavado de dinero del narcotráfico, según las investigaciones que se llevan a cabo.

La compra de millones de votos como elemento fundamental para asegurar el resultado de la “elección” garantiza a los “inversionistas” el rédito correspondiente y al partido la recuperación del poder absoluto para ocultar las negociaciones del entramado en la más profunda oscuridad y olvido. Todo es cuestión de que transcurra el tiempo establecido para que Peña Nieto sea ungido presidente de la República, a la vieja usanza priista, y toda pretensión de esclarecimiento del fraude electoral se quede en el camino, lo mismo que la pretendida anulación de la elección por las irregularidades expuestas.

Por eso resulta intrascendente que el PRI reconozca ahora lo que antes negó: la contratación de empresas mercantiles para transferencia de recursos a su estructura electoral, prohibida por las leyes electorales, y más, contando con la complicidad de los tribunales. El PRI sigue apostando a que todos somos idiotas y creamos que verdaderamente se ciñó a los 332 millones de pesos que les regalamos para hacer la pantomima democrática.  

La cuantiosa —cuantiosísima— inversión en especie y en dinero con que los poderes fácticos compraron la presidencia de México a través de Enrique Peña Nieto implica que tendrán secuestrado al país: Televisa, Tv Azteca, los de aquí, los de allá y todos los que a partir de que éste rinda la protesta de rigor, estarán reclamando el pago de sus dividendos durante los próximos seis años. Tal vez Peña no pueda vender territorio, pero pondrá especial empeño en el patrimonio nacional con Pemex por delante, la educación y la seguridad social.

Con la educación tecnológica universitaria, es decir, el nivel técnico, no de desarrollo, continuará proveyendo la mano de obra calificada barata a Estados Unidos, España, Israel, Alemania y otros países europeos cuyos beneficios se quedan allá, mientras el país continuará estancado en la ignorancia y la economía improductiva porque en la pobreza, la masa es manipulable en beneficio de quienes la manejan.

Con el esbozo de estas perspectivas nada halagadoras podemos ver lo que el porvenir nos depara con el PRI en Los Pinos. La figura de Enrique Peña Nieto es irrelevante; es sólo el gancho para atraer a los incautos. Nunca pensamos que hubiera tantos en México.

Los salinistas se aprestan a tomar el poder real en las posiciones que ya habían determinado. Vuelven Pedro Aspe Armella, José Córdoba Montoya, entre otros, que fueron piedras angulares en la estructura de Carlos Salinas, aunque tal vez no aparezcan como figuras de primer nivel. La gente más cercana de Enrique Peña Nieto tiene nexos directos con los salinistas que iniciaron la debacle del país en el funesto sexenio 1988-1994, como es Luis Videgaray, brazo derecho de Peña Nieto.

Por eso es indispensable mantener con toda la fuerza la inconformidad a la imposición de Enrique Peña Nieto y el reclamo de invalidez de la elección.

Siempre será mejor afrontar el riesgo de invalidar la elección presidencial que aceptar la imposición autoritaria de los poderes fácticos.

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