PERVERSIDAD

Reynaldo Mota Molina

         La información presentada por Univisión la semana pasada sobre el caso “Rápido y Furioso”, puso nuevamente de relevancia el hecho que en México el gobierno calderonista le ha echado tierra para que se olvide por parte del interés público.

En el ámbito del periodismo de investigación, prácticamente el único interesado en el asunto, Jorge Ramos y Gerardo Reyes dieron a conocer que al menos en cien escenas del crimen organizado se utilizó parte del armamento “filtrado” ilegalmente por Estados Unidos a territorio mexicano con el objetivo perverso —por decirlo suave— de que se cometieran crímenes con éste para seguir la pista de los principales capos y capturarlos. La cuestión falló; se salió de control, no se detuvo a nadie, pero los muertos mexicanos están ahí. La matanza de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar y la masacre en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez, el homicidio de Mario González, hermano de la exprocuradora de Chihuahua, y hasta de dos agentes estadounidenses de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se cometieron con dicho armamento, según la investigación periodística comprobada hasta este momento.

Tanto el gobierno mexicano como el norteamericano negaron siempre estar enterados de dicho operativo, sin embargo, existen evidencias que demuestran que no solamente si sabían, sino que fue planeado por ambos gobiernos. Carlos Fernando Luque Ordóñez, director de delitos de tráfico para el  Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), rama de inteligencia de la PGR, fue acreditado en el Consulado de México en Estados Unidos y enviado a Arizona, a principios de 2009, para ser parte de la ATF, agencia de la que saldría el operativo “Rápido y Furioso”.

Fuentes judiciales en Washington y documentos internos de la ATF confirman que Luque Ordóñez participó en reuniones en las que se trató específicamente lo relativo a dicha operación, por lo que resulta más que ingenuo tratar de hacer creer que ambas entidades actuaron sin el conocimiento y consentimiento de ambos gobiernos.

Es estremecedoramente indignante darse cuenta que el objetivo de dicho operativo fue eminentemente criminal desde el Estado, bueno, desde el gobierno calderonista.

Y, en el mayor absurdo, desquiciante e hipócrita, Felipe Calderón, exige a la  Organización de Naciones Unidas (ONU) el deber de atender con carácter urgente “la delincuencia organizada trasnacional y en especial la violencia que ésta despliega para llevar a cabo sus actividades delictivas, (que) representan un grave problema que compromete al desarrollo, la seguridad y la convivencia democrática en todas las naciones”.

Sólo le faltó pedir que los “marines” vengan a limpiar la casa que él llenó de sangre con más de 103 mil 304 muertos, según los últimos recuentos de investigaciones periodísticas.

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