La espiral de violencia en nuestro país derivada de la “guerra” emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico desde el principio de su sexenio, alcanza cada día nuevos estratos y mayor gravedad permeando la inseguridad prácticamente en todo el territorio nacional a pesar de que las autoridades se resistan a admitirlo y opten por el síndrome del avestruz. Por ejemplo, el embajador de México en Estados Unidos Arturo Sarukhán —hijo de un exrector de la UNAM— acaba de declarar que el coche-bomba estallado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por alguno de los cárteles de la droga no puede ser considerado como terrorismo en virtud de que estaba destinado a la policía y no a la población civil… Costumbre de los políticos de no llamarle al pan, pan y al vino, vino.
La detonación del coche-bomba en la martirizada Ciudad Juárez es muestra inequívoca de la escalada criminal que se sitúa en el umbral de un narcoterrorismo apabullante y amenazador, con fines y acciones específicas, que pone en jaque al débil gobierno de Calderón, desconcertado y
sin estrategias de defensa, mucho menos de ataque, para enfrentar la nueva ola de intimidación a la población en general que, quiérase o no reconocer, se encuentra en peligro y está en medio directa o indirectamente. No deja lugar a dudas el narcomensaje dirigido al FBI y a la DEA que advierte: “Pónganse a investigar a las autoridades que le dan apoyo al cártel de Sinaloa porque si no, les vamos a poner carros-bomba a esos federales. Si en quince días no hay respuesta de detención de federales corruptos vamos a poner un carro con cien kilos de C4”.Felipe Calderón ha reiterado una y otra vez que en su guerra no existe sesgo a favor de ningún cártel y que a todos se les “combate” por igual, sin embargo, el contexto del violento suceso pone en entredicho tales afirmaciones y ahora se encuentra arrinconado. ¿Cómo va a responder? Su responsabilidad es absoluta.
Bajo estas circunstancias está obligado, más que nunca, a “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”, según su reciente dicho ampliamente difundido, y a emprender de una vez por todas, las acciones que en tres años y medio no ha sido capaz de efectuar para reducir la delincuencia organizada, que no consiste sólo en narcotráfico, sino en otros veintidós tipos de delitos como el secuestro, el tráfico de humanos, los asesinatos, etcétera.
Según Edgardo Buscaglia, investigador, catedrático y experto en temas de seguridad y justicia, la fórmula existe y ha sido aplicada con éxito en diecisiete países como Colombia, Rusia, Japón, etcétera, y se encuentra en etapa de implementación en Afganistán. Buscaglia desde hace más de cuatro años ha venido pregonando estas propuestas a los cuatro vientos y por todos los medios, con las experiencias aplicadas eficazmente en otros países, sin que haya sido escuchado por autoridad alguna en México.
El plan consiste en cuatro ejes fundamentales en el que sobresale el Programa de Limpieza Patrimonial del Estado, que requiere la implementación de un gran ataque a la corrupción política desde el más alto nivel, en forma efectiva, mediante un documento suscrito por los países comprometidos en apoyar los programas condicionando los apoyos a los resultados, debidamente monitoreados por asesores internacionales. El combate a la corrupción es el eje principal para reducir la violencia, según las experiencias obtenidas.
Sin embargo, dada la incapacidad del gobierno actual, no permite realizar los cambios necesarios debido a la corrupción que lo tiene copado, por lo que es indispensable la renovación del gabinete, es decir del escenario político, convocando a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos, para que con hechos concretos apoyen en las secretarías de Estado y se les asigna la implementación de estas medidas como gobierno tácito de transformación o de transición, no formal porque la Constitución no lo permite. Mecanismos como estos se han aplicado y han logrado generar un pacto político de Estado con la participación de los partidos para formar parte de la solución.
Para esto debe estar dispuesto a procesar judicialmente, quiera o no, a gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, y demás personajes coludidos con la delincuencia.
El tiempo se ha acabado. El país no puede esperar más…
Escuche por Windows Media la entrevista de Carmen Aristegui a Edgardo Buscaglia sobre el particular.
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