Reynaldo Mota Molina
El gobierno de Felipe Calderón habla de más de 22 mil 700 muertos en lo que va de este sexenio a consecuencia de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico; esto sin tomar en cuenta que todos los días aumenta este número en todo el país por el mismo motivo y a causa de la “guerra” fallida emprendida por el propio Calderón.
El gobierno de Felipe Calderón habla de más de 22 mil 700 muertos en lo que va de este sexenio a consecuencia de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico; esto sin tomar en cuenta que todos los días aumenta este número en todo el país por el mismo motivo y a causa de la “guerra” fallida emprendida por el propio Calderón.
Suponiendo que esta cifra sea verdadera —pudiera ser mayor; no se puede confiar en este gobierno y menos cuando trata de aparentar equidad en la “persecución” de los cárteles de la droga, según el informe confidencial que entregó a los legisladores el 12 de abril—, un ángulo que hasta ahora ha pasado prácticamente inadvertido, es el efecto social que está produciendo tal número de muertos, entre todas las demás derivaciones sociales —por sólo hablar de éstas— que la problemática implica en todo su conjunto, es decir, muchos hijos quedan en la orfandad a causa de la muerte violenta de sus padres, ¿cuántos?, imposible saberlo a estas alturas. ¿Cuál será su futuro?, igual respuesta. ¿Se hará algo para extraerlos del ambiente criminal en que viven para evitar que lleguen a engrosar las filas del narcotráfico más adelante? Pregunta sin respuesta…
Las implicaciones sociales de esta “guerra” estúpida son de la más diversa índole y ya afectan a la mayor parte de la población nacional; más, mucho más, a quienes viven en las zonas directas del conflicto como son Ciudad Juárez, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y tantos lugares más, en donde, los que pueden, huyen de la violencia trasladándose a otros lugares o bien, fuera del país, con todo lo que esto conlleva social, cultural y económicamente, pero, ¿y los que no pueden —que son lo más— y que viven en la zozobra permanente por la inseguridad? ¿Tienen que esperar a ser masacrados en cualquier momento? ¿Eso es “Vivir Mejor”…? En la realidad es tenerlos en un callejón sin salida como lo demuestra el hecho de que, después de las tres visitas de Calderón a Ciudad Juárez, todo sigue igual.
Y la violencia crece y se extiende como el cáncer; invade ya las zonas turísticas como Acapulco, cuya afectación en todos los ámbitos es fácil suponer —turismo nacional e internacional, economía, inversión, sociedad—, y la Ciudad de México, que es imprevisible el caos en todos los órdenes que puede generar la confrontación de los cárteles, las policías, el Ejército y la Armada en la vía pública.
Peor, si algo puede ser peor: El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, pidió a los legisladores aprobar una “legislación emergente” que permita legalizar los actos del Ejército enmarcados en la guerra contra el narcotráfico —algo así como una carta blanca para legalizar todo tipo de atropellos—. 1: Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia. 2: Poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir, retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día. 3: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa. 4: Intervenir las comunicaciones. 5: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet. 6: Cancelar espectáculos públicos. 7: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías. 8: Poder para declarar “zonas de excepción”, es decir, establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, puede ser detenido por miembros del Ejército. 9: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”
Por más que el Ejército trate de cubrir sus atropellos mediante un marco legal, solapado por el gobierno calderonista, lo único valedero es que cuanto antes debe regresar a sus cuarteles de los que nunca debió salir a enfrentar a la población civil porque su misión primordial, su razón de ser, es salvaguardar la soberanía nacional y proteger a la población que hoy encara, incluyendo a niños, jóvenes estudiantes y adultos. Su función no es la de policía. Calderón ha trastocado los valores universales del Ejército Mexicano. La Patria debe juzgarlo.
Escuche la entrevista de Carmen Aristegui a Manuel CLuthier, diputado del PAN, quien habla sobre Sinaloa, estado definido por el legislador como el ejemplo de la narcopolítica, impunidad y corrupción. Dé clic en la liga:
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