NO NOS CONFUNDAMOS, LA AGRESIÓN ES AL PAÍS

Reynaldo Mota Molina

Con el despido fulminante de Carmen Aristegui y su equipo de Investigaciones Especiales de Noticias MVS, el noticiario de mayor audiencia a nivel nacional, según los promocionales de la misma emisora que naturalmente ha retirado, y el único informativo con credibilidad de los medios privados de telecomunicación, el país queda a obscuras y a merced del gobierno autoritario y totalitario representado por Enrique Peña Nieto, al eliminar al grupo de periodistas profesionales, independientes y valientes, capaces de descubrir y dar a conocer a la opinión pública la corrupción documentada de funcionarios públicos que abusan del poder y se mueven en la más absoluta impunidad.

La información de la llamada “casa blanca” de Peña Nieto y su mujer —que MVS no quiso difundir— fue sin duda la gota que derramó el vaso y hoy tiene volcada sobre Carmen y su equipo toda la furia y recursos de la empresa manipulada desde la presidencia de la República, a pesar de que lo nieguen, de acuerdo a la creencia popular.

De tal envergadura es dicha información y los nexos ocultos, que Peña Nieto se apresuró a cancelar la obra aprobada del tren-bala México-Querétaro que tendría entre los participantes al consorcio Higa, dueño de dicha propiedad y favorito del presidente Peña desde que era gobernador del Edomex, y al yerno de Carlos Salinas de Gortari.

Dicho equipo de periodistas tiene en curso de investigación otras propiedades de Enrique Peña y del secretario de Hacienda y, así mismo, del caso Tlatlaya… y había que callarlo. Descubrió también la red de prostitución operada desde las oficinas capitalinas del PRI por Cuauhtemoc Gutiérrez, ex secretario, que acaba de ser exonerado. Ya no hay voz que se escuche en todos los ámbitos…

Y este es precisamente el problema, el gran problema en que nos encontramos todos los habitantes del país al perder la única voz confiable que nos daba a conocer todas las tonalidades de la información por más obscura que fuera y se tratara de quien se tratara, siempre debidamente comprobada.

Carmen Aristegui y su equipo están viviendo en carne propia la agresión que se tramó en su contra desde hace meses y estaba al acecho de cualquier pretexto —Mexicoleaks fue el ideal— con algunos movimientos en el gabinete presidencial, por ejemplo, Eduardo Sánchez Hernández, fue director jurídico de MVS —conoce perfectamente las entrañas de la empresa y sabe dónde y cómo hacer doler— y acaba de ser nombrado Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia y tendrá a su cargo, entre otras cosas, la coordinación con los medios de comunicación del país y del extranjero. ¿Hasta dónde tuvo qué ver en el brusco cambio de ser de los dueños de MVS…?

La primera recompensa a dicha empresa es indirecta —seguramente habrá más—. Andrés Chao, hermano del vicepresidente de relaciones institucionales de MVS, Felipe Chao, acaba de ser nombrado subsecretario de Gobernación.

El gobierno retrógrado de Peña Nieto tiene ahora las manos libres para hacer lo que le venga en gana, sin nadie que se atreva a cuestionarle nada, sino aplaudirle. ¡Se acabaron los conflictos de intereses! ¡Ya no se escucharán las voces que alertan contra la privatización del agua! ¡Los derechos de las audiencias valieron para pura sombrilla! ¡Ya no tendrán espacio en los medios quienes censuran las porquerías del PRI ni de los otros partidos! ¡Los militares y los marinos ya pueden dormir tranquilos… ya no se escucharán a quienes cuestionan sus crímenes! ¡Televisa y TvAzteca estarán felices de haber aniquilado el espacio de las voces críticas! ¡El INE ya no tendrá que preocuparse por los fraudes de las elecciones del 7 de junio, porque ya no habrá donde analizarlos y cuestionarlos públicamente!

  Ya no hay lugar de gran audiencia dónde denunciar públicamente para que todo el mundo se entere, la pederastia, el dispendio de las compañas electorales, la corrupción de los gobernantes, la impunidad de los servidores públicos, los delitos del crimen organizado, la complicidad de los gobiernos y de las policías, en fin, todo eso y más se acabó, por eso, la agresión a Carmen Aristegui es agresión a todo el país.

¡¡No lo permitamos, ACTUEMOS!!

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TODO EL PODER, TODO EL DINERO

Reynaldo Mota Molina

Cada día crece la idea entre la población mexicana de que Enrique Peña Nieto fue impuesto en la presidencia de la República por los poderes fácticos de dentro y de fuera del país, no para que gobernar, sino para facilitar lo necesario con el fin de apoderarse del petróleo mexicano, considerado por muchos el patrimonio nacional, de manera legal, segura y plena.

Los pasos dados por Peña Nieto desde que asumió el cargo parecen corroborar esta idea con el Pacto por México, en primer término, utilizado como vía para facilitar las reformas constitucionales que desembocaron en dicho objetivo con la complicidad del Congreso de la Unión, debidamente aceitado, cuya función consistió en completar las facilidades requeridas con las Leyes reglamentarias que aprobó.

Desde el poder, todo se puede, para eso es el poder, con la consecuente cascada de dinero que trae consigo, según piensan y hacen todos los políticos y los poderes fácticos que los acompañan cubiertos con un manto de corrupción y de impunidad, eso no tiene duda. Por eso, al hablar de los pasos recientes de Peña Nieto, basta ver el despropósito de imponer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a un incondicional como Eduardo Medina Mora, plagado de antecedentes obscuros en los estratégicos cargos públicos que ha ocupado en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en los espinosos casos de tráfico de armas de alto poder “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto” y en los de Atenco, Oaxaca y otros más, por violaciones graves a los derechos humanos siendo funcionario público.

     Otro paso es el nombramiento de Arely Gómez como procuradora general de la República y, seguramente, primera Fiscal de la Nación –cuyo cargo ocuparía por quince años–. El Congreso los ratificará para cubrir las apariencias.

El problema de ambos casos radica en que éstos están íntimamente relacionados con Televisa por la relación personal de dichos personajes. Medina Mora, además de ser compadre efímero de Peña Nieto, fue socio de Alejandro Quintero Íñiguez desde 1999, ex vicepresidente de comercialización de dicha televisora y uno de los artífices del plan de acción para llevar a Peña Nieto a la presidencia de la República.

Arely es hermana de Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Noticieros de Televisa y aunque ambos niegan una vinculación directa con la poderosa empresa, es obvio su interés e inclinación profesional, más aún, en cargos tan preponderantemente estratégicos y definitorios para la vida nacional. De ese tamaño son las cosas.

Tan obvio es, que Televisa se convirtió en vocero de la presidencia para anunciar el nombramiento de Arely Gómez y primer cambio en el gabinete de Peña Nieto, antes de que los cambios fueran oficiales. Las capturas de la Tuta y del Z 42 son golpes mediáticos para entretener la atención de la opinión pública.

  

Pero Televisa no conoce límites ni hay quién se los ponga; va por todo, por el sistema judicial y por la Corte suprema, con todo lo que esto implica. El poder de las telecomunicaciones ya lo tiene incluido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Congreso y el predominio sobre Peña Nieto, es decir, el poder Ejecutivo, el Legislativo y sólo le faltaba el Judicial. ¿Quién gobierna a México…?

Para eliminar huellas de corrupción y de impunidad la Cámara de Diputados desaparecerá las comisiones especiales que investigan los casos Monex, Oceanografía, Tren Bala México-Querétaro y la Línea 12 del Metro, con el pretexto del recorte presupuestal, pero deja intocados los millones de pesos que reciben por bonos y otros privilegios especiales.

Peña Nieto está dedicado a sus funciones de promotor de venta de los energéticos aunque sólo reciba en respuesta andanadas de cuestionamientos en cada país que visita por las violaciones de los derechos humanos de Ayotzinapa y los demás, y por las pavorosas crisis de corrupción, impunidad, inseguridad, etcétera, y a exhibir su frivolidad con el derroche en vestuarios de su mujer y de su hijastra Sofía, mientras el país se debate en la miseria y el hambre de las grandes mayorías.   

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CONFLICTOS DE INTERESES

Reynaldo Mota Molina

Con el pretendido carpetazo al caso Ayotzinapa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del procurador general Jesús Murillo Karam y su verdad única, oficial e histórica –que no tiene mayor fundamento que su dicho–, lo único que logró es aumentar la desconfianza de la sociedad mexicana e internacional y exacerbar los ánimos de las víctimas como son los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y de las organizaciones de derechos humanos no alineadas.

El gobierno de Peña Nieto se encuentra en la encrucijada del proceso electoral que está en marcha y sin duda presiente resultados negativos para su partido, PRI, con lo que no le será nada fácil maniobrar los fraudes electorales para lograr el carro completo que ahora necesita más que nunca para transitar lo que falta del sexenio y obtener las ganancias de las reformas estructurales, por más que haya rescindido la participación del consorcio encabezado por Scytl México, especialista internacional en fiscalización y detección de todo tipo de comportamientos fraudulentos mediante sistemas automatizados confiables. Ahora la fiscalización del proceso electoral estará en manos del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que será juez y parte, y todo quedará en casa como siempre…

Ambos sucesos trascendentales se dan a unos días de la reunión privada de Enrique Peña Nieto y Barack Obama en la Casa Blanca de Estados Unidos. En dicha breve reunión, según fuentes confidenciales y confiables, cuando Obama abordó los temas de derechos humanos, impunidad y corrupción, Peña Nieto no emitió una sola palabra, sino únicamente se dedicó a tomar nota y a asentir con la cabeza… lo que nos hace suponer que sólo recibió instrucciones.

Lastimosamente este es el presidente que nos regaló Televisa junto con los demás poderes fácticos y nos da derecho a especular si dicha actitud tiene que ver con los sucesos arriba mencionados porque, evidentemente, al gobierno de Estados Unidos le preocupa grandemente que la reforma energética esté entrampada por las gravísimas violaciones de los derechos humanos, no solamente del caso Ayotzinapa, sino de todas los demás que son del dominio público acumuladas a las de los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, por sólo mencionar las del siglo XXI, por la gran desconfianza que generan.

A Estados Unidos le urge, junto con los demás inversionistas, que la reforma Energética camine para que empiece a rendir frutos ¡ya!, puesto que el año próximo tendrá elecciones presidenciales. Para esto y más necesita Peña Nieto asegurar el carro completo en las elecciones de junio próximo. De ahí su desesperado mensaje de no quedarnos atrapados en Ayotzinapa, sino superarlo y seguir adelante… ¡Así de fácil!

Y para cubrirse las espaldas, que también tiene que ver con la corrupción, nombra a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública —Secretaría mortecina que estaba en vías de desaparecer— para que determine, entre otras cosas, si existe conflicto de interés en la adquisición de la mansión llamada casa blanca de la pareja presidencial, de la casa de descanso de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en Malinalco, Estado de México, con contratos de compra-venta especiales con el empresario inmobiliario preferido de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa, y de otra casita de Peña Nieto en exclusivo club de golf de Ixtapan de la Sal, Edomex, con otro empresario favorecido con contratos millonarios, Roberto San Román Widerkehr.

Para empezar, Andrade se desmarca del conflicto de interés que le implicaría investigar el conflicto de interés de sus jefes, amigos y compañeros de partido y declara que él no puede investigarlos porque cuando adquirieron los inmuebles estos no eran funcionarios federales, sino que se abocará a revisar si los contratos en cuestión fueron realizados conforme a las normas oficiales… 

Esta es una nueva farsa de Peña Nieto, una burla a la inteligencia, y una manera de ganar tiempo electoral con el consabido resultado de exoneración de los involucrados.  

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¡ARRANCAN…!

Reynaldo Mota Molina

Con el inicio del año arrancan formalmente las precampañas electorales que culminarán con las elecciones del 7 de junio próximo y se agudiza la propaganda electoral de todos los partidos políticos que vociferan a los cuatro vientos que son, cada cual, la solución de todos los problemas y la salvación de los mexicanos…

Dicha propaganda es falsa, cínica e indignante, por decir lo menos. ¿Con qué autoridad moral Ricardo Anaya, presidente interino del PAN, acusa que México no va por el camino correcto?; que está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía, cuando ese partido, precisamente, es uno de los que lo han llevado a la tragedia que vive; abrió de par en par las puertas de la corrupción y la violencia con Fox y Calderón, y sus gobiernos detuvieron la economía. Que necesitamos meter a los corruptos a la cárcel ¡claro!, empezando por él, que se le descubrió negociando un soborno de 90 millones de pesos la semana pasada.

Los descarados del PRD, dando patadas de ahogado, pretenden disimular su debacle soslayando el caos en que se encuentran estados gobernados por su partido como Guerrero y Michoacán, por sólo mencionar éstos, prometiendo ser la solución que el país necesita…

Los desvergonzados del PRImate prometen un país de ensueño que sólo en sus mentes alienadas se puede concebir ante la catastrófica situación en que han metido a la nación que son incapaces de gobernar. 

Los resultados hablan por sí mismos en sólo dos años de haber recuperado el poder: crisis de seguridad, crisis de derechos humanos, crisis de credibilidad, crisis de gobernabilidad, crisis de conflictos de interés, crisis económica, crisis financiera; incremento de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, de la impunidad, de la tortura; despojo del patrimonio energético, de los derechos del trabajo, y tantas calamidades más…

De los demás partidos parásitos ni vale la pena hablar… todos sabemos lo que son.

El erario público se gastará más de 18 mil 572 millones de pesos en la faramalla electoral que tendrá por resultado colocar a los elegidos por el poder supremo —cualquiera que este sea— en los lugares convenientes para sus intereses designando a gobernadores, legisladores, alcaldes y delegados. Esto sin contar las “buscas” que partidos y candidatos se harán llegar por todos los medios lícitos e ilícitos como ya es innegable que sucede.

Presurosos de ser palomeados en las listas respectivas los chapulines políticos, como los 16 jefes delegacionales de la Ciudad de México, presentarán en bloque su renuncia; no son los primeros, Gustavo Madero, presidente del PAN, renunció desde septiembre pasado, una vez trinquetada su reelección, para integrarse a las listas de diputados plurinominales. Bien jugoso que es el botín político.

En cambio, para los infelices mortales de a pie, el salario mínimo aumentó 2 pesos 81 centavos en la zona A y 2.68 en la zona B, pero aumentó el precio de las gasolinas y de la canasta básica, junto con la inflación; se devaluó el peso frente al dólar y además, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos previene que habrá reducción de gastos del gobierno federal, en los rubros —eso lo decimos nosotros— que no afecten un centavo en los bolsillos de las élites política y empresarial.

¡Tanto gasto electoral para llegar a esto, es un fraude! La mejor respuesta ciudadana que se merecen es NO VOTAR por ningún partido. ¡SÍ AL VOTO NULO! AL VOTO EN BLANCO.

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¿ANDA POR AHÍ UN PRESIDENTE?

Reynaldo Mota Molina

Según nuestra Constitución Política “el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, pero resulta que en la práctica y ante el deterioro de la imagen presidencial desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, acentuado grotescamente en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y la falta de oficio político de Enrique Peña Nieto, evidenciado con el lamentabilísimo caso Ayotzinapa, resulta confuso saber hoy quién en realidad gobierna el país.

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, que no es miembro del gabinete sino simple empleado del presidente, se asume como tal al declarar al periódico español El País: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas…”, que francamente, no se entiende a qué se refiere concretamente, pero se adjudica la voz presidencial y no pasa nada.

El titular de la Secretaría de Marina y Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz —para hablar de solo dos casos—, tal vez remedando expresiones de enojo de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa en la reunión que tuvieron con algunos miembros del Senado de la República, y en un intento de desvirtuar su legítima inconformidad y exigencia por su hijos desaparecidos, dijo: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando … Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos”.

Con tales afirmaciones el secretario de Marina se toma atribuciones que no corresponden a las fuerzas armadas para deslegitimar voces y acciones de los indignados y dolidos padres de familia, que son espejo de la indignación general creciente dentro y fuera del país, pero además, el gobierno aún no ha dicho lo que pasó… por eso aumenta el reclamo y el clamor de justicia.

Enrique Peña Nieto ante una muestra absoluta de insensibilidad, incompetencia y desatino por el asesinato y desaparición de los jóvenes estudiantes, llama “a que superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno…”. Es decir: ¿Se trata de echarle tierra al asunto de Ayotzinapa, y ya? ¿Así como se ha hecho con Tlatlaya, la Guardería ABC, San Fernando, las muertas de Juárez, Acteal, Aguas Blancas… y tantos casos irresueltos e impunes?

Tal parece que lo único que verdaderamente le interesa a Peña Nieto es cómo salvar los multimillonarios negocios que se le están yendo de las manos como el tren rápido México-Querétaro, el Acueducto Pánuco-Monterrey, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que invariablemente es contratista el consorcio inmobiliario preferido Higa, desde que era gobernador del Edomex, el mismo que tiene a su cargo el nuevo hangar presidencial y es dueño de la “casa blanca” de Peña-Rivera, de la casa de campaña de Peña Nieto que aún conserva y de los aviones que le dieron servicio durante su candidatura y precandidatura.

De Poco o nada sirven los distractores mediáticos soltados con la casa del secretario de Hacienda Luis Videgaray con el mismo consorcio y el aparente distanciamiento con Televisa. El gobierno peñista prepara el garrote y la ley mordaza contra las manifestaciones populares aunque sean pacíficas. Él se encarga de los disturbios.

Así queda manifiesta la participación directa de la Policía Federal, además de la Municipal, en el caso Ayotzinapa, desde que los estudiantes salieron de las instalaciones de la Normal en que ya eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal con el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual da un vuelco a la historia oficial, con el resultado conocido por todo el mundo.

¿Y el presidente?, bien, gracias.

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“MOVIENDO A MÉXICO”… AL DES-PEÑA-DERO

Reynaldo Mota Molina

La gran crisis en que está metido el gobierno de Enrique Peña Nieto no es sino el resultado de su incapacidad y falta de oficio para gobernar a un país ubicado en el borde del hartazgo y la desesperación a que lo han llevado sus acciones, excesos, abusos y todo lo que implica ser un mal gobierno, así como las inacciones en la impartición de justicia, de combate a la corrupción y a la impunidad; de combate a la pobreza y a la desigualdad social, en fin, en todo lo que afecta al 99 por ciento de la población civil.

La ostentación de la que ha hecho gala desde su candidatura y pre-candidatura a la presidencia —Monex Gate, Soriana y todo lo demás incluido—, hasta la adquisición de un súper avión presidencial con más de doscientas plazas —quién sabe para qué— y, para colmo, la compra de una mansión hecha al gusto con valor de 86 millones de pesos unida a la de su mujer, utilizada como moneda de cambio con Televisa, es el cultivo del caldo preparado con despotismo e insensibilidad política, y falta agregar los ingredientes del estancamiento económico —del que ya no se puede culpar a Estados Unidos porque aquella economía sí ha crecido aunque sea un poco—, la reducción de crecimiento (PIB) y más, por un lado, y por el otro, la exacerbación de la violencia del crimen organizado con la complicidad de las policías, del Ejército y la Armada de México, hacen insoportable la vida ciudadana.

A pesar de todo esto, la sociedad civil manifestó su inconformidad una vez más, en forma pacífica, mediante una jornada global de movilizaciones el 20 de noviembre por la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotizinapa, Guerrero, en la que confluyeron en el zócalo capitalino tres numerosos contingentes de manifestantes, como hace decenas de años no veía, integrados en muchos casos por familias con niños pequeños y adultos mayores en un afán de demostrar el espíritu pacífico de las marchas, hasta que fue reventada por provocadores profesionales infiltrados —como sucedió en el 68 con las brigadas blancas y en el 71 con grupos de los halcones—, presuntamente por el gobierno peñista al final de la mega manifestación, en que las policías auxiliar y federal arremetieron brutal e indiscriminadamente contra todo tipo de personas con el propósito evidente de refrenar futuras manifestaciones.

“Los mexicanos regresan a sus viejos demonios” fue el encabezado del periódico francés Le Monde cuando Peña Nieto (PRI) obtuvo el triunfo del proceso electoral 2012. Este fin de semana ese mismo diario dice en un editorial: "Revuelta contra el Estado-mafia" y aborda también el asunto de la llamada casa blanca de los Peña-Rivera. Aguda y certera la mirada de la prensa internacional en el balcón México.

¿Cuánta porquería se ocultaba en el proyecto del tren rápido México-Querétaro?, que Enrique Peña prefirió cancelarlo abruptamente, estando aprobado, ante el tsunami que vio venir con la inminencia del descubrimiento por parte del periodismo de investigación serio, profesional y objetivo como el de Carmen Aristegui y su equipo, sobre conflictos de interés del propio Peña Nieto, Grupo Higa —dueño de la mansión Peña-Rivera—, altamente favorecido durante la gubernatura de Peña Nieto en el Edomex, Prodemex de Vázquez Raña, y el grupo liderado por China Railway Construction, único postor favorecido por el gobierno peñista para dicho proyecto multimillonario de 59 mil millones de pesos.

Además y como siempre, los mexicanos tendremos que pagar los gastos y costas que se deriven de tal cancelación, y todavía Peña pega el grito en el cielo porque dice que hay un complot para desestabilizar su gobierno, cuando éste está desestabilizado desde la elección de julio de 2012, por falta de legitimidad.

Y ni teniendo en su poder a los narcos José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, esposa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, existe el menor rasgo creíble de la situación de los 43 jóvenes desaparecidos, mientras la tensión nacional y la presión internacional crecen minuto a minuto.

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CRECE INCONFORMIDAD Y HARTAZGO

Reynaldo Mota Molina

El gobierno mexicano nuevamente está rebasado por lo opinión pública internacional de acuerdo a las publicaciones de la prensa mundial y de algunos medios nacionales que evidencian el desatino, lentitud e ineficacia de las autoridades mexicanas para afrontar, atender y, en su caso, resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

La primera ocasión fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, justo el mismo día y hora en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá impuesto por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pese al desacuerdo y desconfianza que prevalecía en los sectores políticos, empresariales y sociales —aunque estos no eran tomados en cuenta—, y había que prever si algo fallaba en el momento decisivo, a quién echarle la culpa.

Pero el abanderamiento de las causas sociales que esgrimió el EZLN fue de tal envergadura, que atrajo la mirada y el interés mundial, de tal modo, que fue imposible acallarlo como una cuestión doméstica y fue necesario prolongarlo durante años hasta desgastarlo con dizque Acuerdos, como los de San Andrés, que nunca se cumplieron, hasta prácticamente su extinción.

La gravedad de la desaparición de los estudiantes normalistas rurales en que hubo seis muertos y de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México, a manos de la Policía Municipal en el primer caso y del Ejército mexicano en la segunda, tienen focalizada nuevamente la atención mundial en México por lo que significa crímenes de lesa humanidad y la enorme implicación con la violación de los derechos humanos, sumado esto a las más de ochenta mil desapariciones forzadas de los últimos años, según las cifras oficiales, y más de cien mil muertos a partir de 2006, sin que haya aplicación de justicia y sólo brille en todo su esplendor la impunidad.

Enrique Peña Nieto y su gobierno están atrapados entre el proceso electoral del próximo año, que está ya en marcha, y la consolidación de la reforma Energética que no llega debido a la desconfianza de los inversionistas extranjeros para quienes fue hecha. Para muestra, lo dicho en México por el empresario británico Richard Branson, director de Virgin Group, el pasado 24 de octubre: “La corrupción, la seguridad y el marco legal son algunos de los problemas que detienen la inversión en México (…) el país necesita un líder valiente para cambiar la “aproximación” al problema de las drogas (…) En México están matando gente, el sistema judicial tiene como producto la corrupción en sus cuerpos de fuerza policiaca (…) esta guerra debe tener un cambio de enfoque”.

Pero lejos de buscar soluciones eficaces que lleven a encarar la gran problemática del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el gobierno peñista se enreda en cómo salvar su imagen en medio de esta podredumbre de la que es parte, y por los tiempos políticos alarga y alarga las “investigaciones” de los jóvenes desaparecidos sin visos de esclarecimiento en tanto crece la inconformidad y el hartazgo social —que al fin empieza a aparecer—, y el gobierno reacciona como sabe: infiltrar agitadores profesionales, algunos encapuchados, en las manifestaciones pacíficas de la sociedad que reclama lo que es su derecho: ¡Justicia!

Hay testimonios periodísticos de que precisamente dichos agitadores son los que incendiaron el portón central del Palacio Nacional en la capital de la República el sábado 8, y enardecieron a los manifestantes para que luego las autoridades los culpen de los desórdenes y así sofocar la inconformidad, como sucedió el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto como presidente y luego con el movimiento #Yo Soy 132.

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