miércoles, 29 de octubre de 2014

¿DE DÓNDE DIABLOS…?

Reynaldo Mota Molina

A más de un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, de dicho estado, la ola de indignación y reclamo por la violación de los derechos humanos en México a cargo de las instancias de seguridad pública, crece y se amplía en el ámbito mundial sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto ni las autoridades encargadas de la procuración de justicia tengan algo concreto que decir, sino las consabidas promesas y excusas.

El Parlamento Europeo condenó el jueves pasado las desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala, y pidió a la autoridad mexicana investigar todos los delitos y conducirse de forma rápida, transparente e imparcial a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los responsables, al mismo tiempo que expresó condolencias y apoyo a familiares y amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano.


Si bien el pronunciamiento de dicho organismo internacional guarda las formas diplomáticas, es contundente en su declaración que no es usual de una resolución conjunta.

Los parlamentos nacionales de Alemania e Italia están preparando, cada uno, pronunciamientos con el mismo fin, según Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia e Investigador de la Universidad de Columbia. El Partido Democrático Italiano redactó un documento de repudio y rompimiento de relaciones comerciales con México, instándolo a procesar crímenes de lesa humanidad como es el caso de Iguala, donde se cometieron los crímenes y desaparición de los normalistas.

Sin embargo, afirma Buscaglia, los embajadores de México en Europa, que fungen más bien como representantes de negocios, están encargados de bloquear tales pronunciamientos y encubrir lo que sucede en el país, y tratando de proyectar una imagen que siga llevando dinero a los sectores oligopólicos.

Así mismo la ONU emitió un comunicado que dice: “Pedimos  al Gobierno (de México) a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas…”.


La prensa mundial no pierde de vista la gravedad de los sucesos que se viven en México y está presionando fuertemente contra la corrupción y la impunidad que emana del gobierno y la colusión con el crimen organizado. “El derrumbe del teatro de cartón” de Enrique Peña Nieto, dice la revista especializada The New Yorker, como muestra de lo que se dice allá afuera.

Los reclamos y manifestaciones internas también son crecientes y proliferan en todo el país cada vez con mayor vigor y exigencia, aunque de manera pacífica; esto es muy importante porque está más que demostrado que las manifestaciones violentas y el derramamiento de sangre son inútiles, la sangre ya no tiene precio. San Salvador Atenco, por mencionar sólo un caso, es inobjetable.


El gobierno de Peña Nieto no sabe qué hacer… cómo salir del gigantesco embrollo en que lo metió un narco investido —no infiltrado, como se dice— de presidente municipal de Iguala… Aparecen más fosas clandestinas con más cadáveres calcinados, mochilas, lapiceros y muestras recientes de sangre… Aparecen también testimonios de que algunos de los estudiantes fueron incinerados heridos, pero vivos…

Las autoridades se limitan a comunicar que son 11 las fosas clandestinas encontradas con 38 cadáveres al 24 de octubre, “de las que aún no se cuenta con dictámenes periciales concluyentes que permitan determinar la antigüedad de los cadáveres ahí exhumados y, en consecuencia, su relación con los hechos de esta investigación”.

“Se los llevaron vivos y vivos los queremos” es el clamor popular…

¿De dónde diablos los van a sacar…?

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miércoles, 15 de octubre de 2014

CALLEJÓN SIN SALIDA

REYNALDO MOTA MOLINA

Horror, muerte, impunidad y corrupción es lo que se respira en México a pesar de los esfuerzos de Enrique Peña Nieto y de su séquito para que no trascienda la violencia que se vive, que va en aumento, que rebasa las maniobras oficiales para tratar de desviarla de la atención pública nacional e internacional, y supera con mucho la capacidad del gobierno para controlarla, evidenciando el gran vacío de poder que subsiste en el Estado mexicano.


La masacre de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio pasado a manos del Ejército mexicano contra presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, dejó un saldo de 22 muertos y 3 heridos. En el operativo, ahora se sabe, los militares utilizaron las armas de los muertos para acribillar al resto de delincuentes, seguramente con la intención de desviar la evidencia. En un principio el Ejército emitió un comunicado informando que dichas personas murieron en un enfrenamiento; posteriormente y ante el testimonio de una sobreviviente y las publicaciones extranjeras de la Agencia AP y Esquire, se rectificó y se dijo que sólo uno murió en el enfrentamiento y los demás murieron ejecutados, según reconoce el Procurador General Jesús Murillo Karam.

En Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla de Guerrero, tomaron tres autobuses con la intención de dirigirse a la Ciudad de México y unirse a las manifestaciones populares conmemorativas de la masacre de Tlateolco del 2 de octubre. Momentos después la policía municipal alcanzó a los vehículos y abrió fuego, mientras otro grupo armado disparó contra un autobús del equipo de futbol Avispones y un automóvil. En primera instancia se causó la muerte de tres normalistas y tres personas más, entre ellas, la de un menor que acompañaba al equipo de futbol y una mujer que viajaba en un taxi, además de por lo menos 25 heridos.

El hecho provocó la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Normal, pero según las autoridades se localizaron con vida 14, lo que deja un número de 43 desaparecidos que nadie sabe en dónde y en qué condiciones están al cierre de la edición.


El Procurador Murillo Karam informa que se han encontrado nueve fosas clandestinas en Iguala con 28 cuerpos calcinados hasta ahora, sin poder precisar si algunos de ellos corresponden a los normalistas desaparecidos. Ante la desconfianza, familiares de éstos exigen que peritos extranjeros realicen los estudios en forma independiente.

El suceso ha levantado una ola de indignación y de protesta en todo el mundo exigiendo la aclaración y castigo de los culpables mientras el gobierno mexicano y las autoridades respectivas repiten el consabido discurso de que se está investigando y se hará justicia, conforme a derecho…, una salida que se manipula para la impunidad.

A estas alturas nadie sabe por qué y quién ordenó a la policía municipal disparar contra los estudiantes normalistas, sin embargo, los familiares rechazan que la delincuencia organizada esté involucrada directamente, como han sugerido algunas autoridades, y testigos señalan que agentes municipales apresaron a los estudiantes, los metieron en patrullas y celdas, para después desaparecerlos.

El alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, es sospechoso de los hechos y se encuentra prófugo, lo mismo que el director de la corporación policial y el secretario de Seguridad Pública Municipal. Llegó al cargo, se dice, impuesto por el crimen organizado a través de la agrupación “Guerreros Unidos” a la que pertenece; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, también perredista, está en entredicho y posiblemente, metafóricamente, ruede su cabeza.

No es el único caso de funcionarios de todos los partidos y todos los niveles de gobierno que llegan al poder impuestos por el crimen organizado, como todos lo sabemos, pero estamos entrado al periodo electoral 2015, de modo que no le extrañe que muy pronto lo visiten a usted, le prometan el oro y el moro y le compren su voto, con el único fin de continuar con la simulación de que vivimos en un país democrático. Ese es el negocio de la política en México y el resultado de los sucesos que hoy abordamos.  

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viernes, 3 de octubre de 2014

AUTONOMÍA FICTICIA. Segunda parte.

Reynaldo Mota Molina

Hablamos en nuestra entrega anterior sobre la decisión dividida del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para no acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer una controversia constitucional para revisar la legislación secundaria que disminuye y viola la autonomía constitucional del instituto en sus funciones regulatorias y varios puntos más.


La cuestión que preocupa e inconforma a mucha gente en relación al quebranto de las autonomías establecidas en las recientes reformas constitucionales no es solamente esta. Está, además, la del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que las Leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones permiten que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia tengan acceso directo a todos los datos de los usuarios sobre telefonía sin que medie autorización judicial previa; datos que van desde su nombre, hasta los registros de mensajes de voz, textos y llamadas, violando flagrantemente los derechos de los ciudadanos.

Los inconformes, junto con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y más de doscientas ONGs, conscientes de la gravedad de estas violaciones, denuncian que tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios y el acceso directo de las autoridades de gobierno transgreden los derechos fundamentales de los usuarios.

En el Congreso de la Unión los diputados y los senadores se hicieron como el tío Lolo para no reunir los votos suficientes y presentar oportunamente una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca respondió a las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil para pronunciarse al respecto por lo que, llegado el término (13 de agosto pasado), el IFAI tuvo que discutir en el pleno el asunto y, por un voto que cambió de parecer a última hora —casualmente—, decidió no presentar el recurso de inconstitucionalidad a que estaba obligado por las violaciones al derecho al acceso a la información y la protección de datos personales que establecen las nuevas Leyes regulatorias.


La CNDH, de haber cumplido con las obligaciones para las que fue creada, es decir, de haber interpuesto en este caso una acción de inconstitucionalidad en contra de las violaciones de la nueva Ley de Telecomunicaciones, podría haber incluido también violaciones a la libertad de expresión y argumentar en contra del poder de censura e imposición de prácticas discriminatorias hacia los medios de uso social que la nueva Ley impone al IFT, pero prefirió hacerse omisa.

Todo esto, para la opinión pública, no es casual; presuntamente obedece a las indicaciones que instituciones y organismos públicos reciben del Ejecutivo en su afán de recuperar el poder absoluto que ejerció durante más de setenta años en el pasado. Todo político y servidor público sabe perfectamente que si se opusiera a cualquier indicación que contrarié el interés del Ejecutivo estaría muerto políticamente de por vida y en vez de esto prefiere someterse, conservar la chamba y ganar privilegios agachando la cabeza.

Así funciona esto en nuestro país y se llama corrupción, pero para Enrique Peña Nieto no es algo inquietante, al contrario, es algo natural y parte cultural del político y del burócrata, según lo expresó con motivo de su segundo informe de gobierno.

Por eso la corrupción en México no se combate, se premia con impunidad.

Tal vez esto tenga que ver con el hecho de proclamar hoy una reforma constitucional aparentando buenas intenciones y mañana traicionarla con las Leyes reglamentarias. Seguramente produce buenas ganancias y aumenta el poder.

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