¿HASTA DÓNDE?

Reynaldo Mota Molina

¿Por qué el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa actúa a espaldas de los mexicanos? ¿Por qué tenemos que enterarnos —otra vez— de sus “arreglos” con el gobierno de Estados Unidos por la prensa estadounidense? ¿Por qué oculta lo que hace?

Aún con la sospecha de la injerencia del gobierno norteamericano en muchas de las tomas de decisión del gobierno calderonista, venimos a enterarnos con mayor detalle, por la periodista Ginger Thompson del periódico The New York Times, del grado de intromisión de dicho gobierno en los asuntos de la lucha contra el narcotráfico y de la sumisión de Felipe Calderón y su gobierno para acatar a pie juntillas sus mandatos.

Así vemos que hace dieciocho meses, a petición de Felipe Calderón para tener mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos estadounidenses, suscribió secretamente una carta de entendimiento con el presidente Barack Obama, que prevé la instalación de cuando menos un centro de inteligencia en una base militar mexicana en el norte del país, diseñado bajo el concepto de los centros de fusión de inteligencia como los instalados por las fuerzas de ocupación norteamericanas en Afganistán, en la que desde marzo agentes de la DEA, la CIA, el FBI y del Pentágono (militares) están asumiendo directamente la lucha contra los cárteles de la droga.

Dichos agentes manejan informantes, interrogan sospechosos, graban conversaciones y están entrenando a miles de policías federales mexicanos. Así mismo considera emplear contratistas de seguridad privados estadounidenses, contemplando iniciativas diseñadas para evadir las leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras dentro del territorio mexicano, particularmente tratándose de asuntos de seguridad nacional.

Calderón no tiene facultades para suscribir dicho documento, que se firmó a espaldas del Congreso de la Unión; es violatorio de la Constitución mexicana y significa traición a la patria, por permitir actividades de militares extranjeros dentro del país y avalar que el gobierno de Estados Unidos tome el control del espionaje mexicano y de los sistemas de información y comunicaciones con el pretexto de combatir al narcotráfico, según advirtió el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, independientemente de sus repercusiones en los asuntos políticos internos, y más, en períodos preelectorales de los dos países.

¿Qué espera el Congreso para actuar verdaderamente, ante la gravedad del asunto? No llamando a comparecer a algunos secretarios que dirán solamente lo que quiera Felipe Calderón, y saldrán tan tranquilos con el clásico “no pasa nada” y “todo está bien”. ¿O el Congreso es cómplice de la traición, por cobardía o por omisión? ¿Qué más se necesita?

La debilidad y entreguismo del gobierno calderonista no tiene límites: Se permite el vuelo de aviones de espionaje norteamericanos en territorio nacional y no pasa nada, antes bien, se disculpa, como lo hizo la canciller Patricia Espinosa. Se permite el contrabando oficial de armas de alto calibre —las autoridades de ambos países no sólo estaban enteradas sino involucradas en el operativo “Rápido y Furioso”— y no pasa nada.

Para funcionar como informantes de las agencias estadounidenses mencionadas, los altos mandos de la seguridad pública (SSP), de la procuraduría general (PGR) y de la policía federal (PF), como Genaro García Luna, Marisela Morales y Facundo Rosas, así como sus principales operadores, y los altos mandos militares que sirven de enlaces, deben acreditar exámenes de confianza antes de ser considerados interlocutores o servidores, cuya evaluación incluye aplicaciones en el iris, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional. Los exámenes de confianza aplicados por las autoridades mexicanas a sus funcionarios no cuentan para las agencias de Estados Unidos.

“Cuando les interesa una operación, los casos se arman en oficinas que se localizan en el Paseo de la Reforma 225. Las agencias de Estados Unidos ocupan dos pisos. Allí se intercambian expedientes con México y deciden qué hacer e incluso qué gobierno tiene más elementos para procesar el asunto de que se trate”. Oficialmente en dicho domicilio se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida, pero “en realidad es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses, que por actuaciones mexicanas”.

¡Indignante, humillante y antipatriótico! ¡Mayor fracaso parece imposible…!

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