Los derechos humanos en nuestro país son y han sido siempre una lucha permanente de quienes resultan víctimas de atropellos y abusos relacionadas con —según previene la Constitución— “presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal”. Apenas en 1992 se promulgó la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, la lucha por estos derechos proviene desde la época de la conquista y aún desde antes.
Dichas violaciones continúan siendo ejercidas y manipuladas por quienes ostentan poder público que los convierten en entes impunes y muchas veces las víctimas terminan presas, muertas o desaparecidas. Los ejemplos pueden contarse por miles.
Nuestro país se distingue —si se le puede llamar “distinción”— como uno de los países en donde se comete mayor número de violaciones impunes a los derechos humanos. Muchísimas víctimas no encontrando eco a sus quejas en las instancias locales, estatales y federales, han tenido que acudir a las internacionales para hacerse escuchar y ser atendidas.
En mayo pasado Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, informó que el país vive un momento crítico en esta materia debido al asesinato y secuestro de decenas de miles de migrantes; el acoso contra periodistas y defensores de derechos humanos, y las más de 40 mil muertes que ha provocado la guerra contra el narcotráfico. El recuento de los abusos ocurridos en México —dijo— es sencillamente ensombrecedor, tomando en cuenta las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado, así como los constantes reportes de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por las policías y el Ejército.
Las sentencias que a este respecto ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de nuestro país son simplemente ignoradas por el gobierno de Felipe Calderón, propiciando mayor impunidad e irritación social.
En este marco y ante el clamor de la sociedad que exige cambios drásticos para garantizar la aplicación de la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —al fin iluminada— tomó una decisión histórica y trascendental el martes 12 de julio al determinar por UNANIMIDAD que los casos de efectivos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados por jueces del ámbito civil y no por la justicia castrense.
En la decisión inscrita en el contexto del análisis del Poder Judicial sobre la sentencia dictada por la CIDH en relación al caso Rosendo Radilla —dirigente campesino detenido y desaparecido por militares en 1974—, se insta al Estado mexicano a reparar el daño provocado y se señala que la jurisdicción militar no debe aplicarse a cualquier violación de garantías fundamentales cometida contra la población civil.
México está obligado a cumplir con los tratados internacionales que suscribe, como es el caso de las convenciones de derechos humanos y la jurisdicción de la CIDH, del mismo grado que el cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución.
Sin embargo, la decisión de la SCJN no fue bien recibida por las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa Nacional (Sedena), quienes inmediatamente emitieron un comunicado conjunto en el que se refieren a esta decisión como “criterios orientadores” del máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país, cuando su cumplimiento es sencillamente obligatorio para todos, civiles y militares.Ahora corresponde al Poder Legislativo la pronta adecuación del marco legal que regule la justicia militar y la consecuente supresión del fuero castrense para delitos cometidos contra civiles, y al Ejecutivo la capacitación de todos los jueces para aplicar eficazmente la decisión de la Suprema Corte que innova los procesos judiciales para la preservación de las garantías fundamentales de los mexicanos.
Indudablemente esto es un logro impulsado por la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos a través de la instancia internacional. Corresponde a todos vigilar y exigir su cabal cumplimiento.
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