MÁS POBRES, MÁS FREGADOS

Reynaldo Mota Molina

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es contundente: el desplome del ingreso de los mexicanos en términos reales es del 12.3 por ciento durante el periodo 2008-2010. Consecuentemente el número de pobres aumenta de 44.7 a 50.6 millones, en la peor crisis económica mundial de los últimos 70 años detonada por Estados Unidos y repercutida atrozmente en México por el pésimo manejo de las finanzas públicas y de la absurda dependencia económica del país vecino que alcanza el 80 por ciento de la balanza comercial. Baste recordar las declaraciones del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hoy flamante gobernador del Banco de México, que repetía ufano que el “catarrito” no afectaría la economía nacional. Y sucedió que en 2009 registró la caída histórica del 6.1 por ciento.

Si bien dicho desplome se resintió hasta en las más altas esferas económicas, la clase media fue la más afectada por este fenómeno y por la cadena de alza de precios en alimentos y servicios, pero los hogares más pobres fueron, definitivamente, los más severamente golpeados, haciéndose más profunda la desigualdad económica y social del país.

Pero Felipe Calderón Hinojosa, insensible, indiferente y huidizo de los problemas, completamente ajeno a buscar soluciones para atemperar estos efectos, prefiere continuar su discurso de que todo está bien y en voz de sus muñecos de cuerda, corresponsables del fracaso económico como Bruno Ferrari, secretario de Economía, repite: “Los mexicanos deben sentirse orgullosos de haber logrado la estabilización económica tras la más reciente crisis financiera internacional” (…) “Nuestro país es el más alejado entre la percepción y la realidad… ya basta de tener esa vocación de estar pensando que las cosas están mal, cuando deberíamos de ver qué están bien”.

Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y delfín de Calderón para su sucesión; sí, aquel de que con 6 mil pesos se puede vivir mejor, comprar coche, tener crédito para casa y pago de colegiaturas en escuela privada, recalcó que “tenemos una gran estabilidad económica, eso atrae inversión, genera empleo y poco a poco permite ir generando prosperidad económica”. También dijo que “el impacto de la crisis de 2008 y de 2009 fue mucho más brutal y mucho más dramático de lo que hubiéramos podido pensar al principio…”. ¿Pues no que catarrito?

Y la próxima crisis internacional está enfrente con fecha de detonación 2 de agosto.

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DOS HECHOS INFAUSTOS

Reynaldo Mota Molina

Esta semana sucedieron dos hechos infaustos relacionados con el ámbito del huapango: Por un lado, se hizo necesario que Guillermo Velázquez, poeta y director de Los Leones de la Sierra de Xichu, hiciera públicos los motivos por los que durante las tres últimas ediciones del Festival Internacional Cervantino (FIC), que cada año se realiza en la ciudad de Guanajuato en el mes de octubre, no fuera invitada dicha agrupación arribeña que durante 16 años se presentó en la Alhóndiga de Granaditas, después de que tanto Juan Alcocer, titular del Instituto Estatal de la Cultura de dicho estado, como Lidia Camacho, directora del mencionado festival cervantino, falsearan a la prensa las verdaderas causas de su ausencia, ante los cuestionamientos de los reporteros incluyendo la corresponsal de la revista Proceso.

En el “Comunicado a la Opinión Pública” difundido por Guillermo Velázquez el 21 de julio, que consta de diez cuartillas, el poeta puntualiza pormenores que llevaron a externar molestias de ciertos políticos locales incluyendo al actual gobernador, Juan Manuel Oliva, quien desde el principio de su gobierno mostró hostilidad al trabajo de Los Leones de la Sierra de Xichu.

“Quiero terminar diciendo —expresa Guillermo— que convocamos a esta conferencia de prensa para ejercer nuestro derecho de réplica y para dejar muy claro que si bien el FIC y el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato están en libertad de invitar o excluir de sus programaciones a quien ellos quieran, a lo que no tienen derecho es a mentir, ni por salir del paso, ni por desdén, ni por quedar bien con el gobernador en turno, ni por ninguna razón”.

El otro infortunado caso es el desmantelamiento del museo de Nicandro Castillo, célebre compositor de huapangos como “Las Tres Huastecas”, “El Hidalguense”, “La Pasión” y muchísimos más, que son tesoro del acervo cultural de la nación, instalado en un inmueble “propiedad” de la iglesia de Xochiatipan, Hidalgo, su tierra natal, que constaba de más cien piezas entre las que se contaban objetos personales del autor y trovador.

El desalojo promovido por el párroco Catalino Domingo Hernández y el presidente municipal, Martín Hernández Bautista, para instalar en el lugar oficinas parroquiales, confirma que “nadie es profeta en su tierra”.

Alejandra Castillo, hija de Nicandro, narró que cuando comenzaron a sacar las piezas, vecinos del lugar le avisaron. "Acudí con dos camionetas para resguardar estas piezas"; sin embargo, un busto de su padre se perdió. Adelantó que en breve se abrirá un museo en Huejutla de Reyes, lugar donde su padre vivió los últimos años de su vida. "Allá sí lo quieren y ya conseguimos se done un terreno, el gobernador Francisco Olvera y las autoridades de turismo y cultura se comprometieron a ayudarnos". Adelantó que en breve dará a conocer un disco con canciones inéditas de Nicandro Castillo.

DERECHOS HUMANOS

Reynaldo Mota Molina

Los derechos humanos en nuestro país son y han sido siempre una lucha permanente de quienes resultan víctimas de atropellos y abusos relacionadas con —según previene la Constitución— “presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal”. Apenas en 1992 se promulgó la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, la lucha por estos derechos proviene desde la época de la conquista y aún desde antes.

Dichas violaciones continúan siendo ejercidas y manipuladas por quienes ostentan poder público que los convierten en entes impunes y muchas veces las víctimas terminan presas, muertas o desaparecidas. Los ejemplos pueden contarse por miles.

Nuestro país se distingue —si se le puede llamar “distinción”— como uno de los países en donde se comete mayor número de violaciones impunes a los derechos humanos. Muchísimas víctimas no encontrando eco a sus quejas en las instancias locales, estatales y federales, han tenido que acudir a las internacionales para hacerse escuchar y ser atendidas.

En mayo pasado Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, informó que el país vive un momento crítico en esta materia debido al asesinato y secuestro de decenas de miles de migrantes; el acoso contra periodistas y defensores de derechos humanos, y las más de 40 mil muertes que ha provocado la guerra contra el narcotráfico. El recuento de los abusos ocurridos en México —dijo— es sencillamente ensombrecedor, tomando en cuenta las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado, así como los constantes reportes de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por las policías y el Ejército.

Las sentencias que a este respecto ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de nuestro país son simplemente ignoradas por el gobierno de Felipe Calderón, propiciando mayor impunidad e irritación social.

En este marco y ante el clamor de la sociedad que exige cambios drásticos para garantizar la aplicación de la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —al fin iluminada— tomó una decisión histórica y trascendental el martes 12 de julio al determinar por UNANIMIDAD que los casos de efectivos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados por jueces del ámbito civil y no por la justicia castrense.

En la decisión inscrita en el contexto del análisis del Poder Judicial sobre la sentencia dictada por la CIDH en relación al caso Rosendo Radilla —dirigente campesino detenido y desaparecido por militares en 1974—, se insta al Estado mexicano a reparar el daño provocado y se señala que la jurisdicción militar no debe aplicarse a cualquier violación de garantías fundamentales cometida contra la población civil.

México está obligado a cumplir con los tratados internacionales que suscribe, como es el caso de las convenciones de derechos humanos y la jurisdicción de la CIDH, del mismo grado que el cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución.

Sin embargo, la decisión de la SCJN no fue bien recibida por las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa Nacional (Sedena), quienes inmediatamente emitieron un comunicado conjunto en el que se refieren a esta decisión como “criterios orientadores” del máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país, cuando su cumplimiento es sencillamente obligatorio para todos, civiles y militares.

Ahora corresponde al Poder Legislativo la pronta adecuación del marco legal que regule la justicia militar y la consecuente supresión del fuero castrense para delitos cometidos contra civiles, y al Ejecutivo la capacitación de todos los jueces para aplicar eficazmente la decisión de la Suprema Corte que innova los procesos judiciales para la preservación de las garantías fundamentales de los mexicanos.

Indudablemente esto es un logro impulsado por la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos a través de la instancia internacional. Corresponde a todos vigilar y exigir su cabal cumplimiento.

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¿FALSO O CIERTO?

Reynaldo Mota Molina

El conflicto suscitado en los días recientes entre la sempiterna Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE, tiene los más diversos ángulos de análisis. De ser falso puede ser desde una cortina de humo como distractor de la espiral de violencia que, incontrolable, sigue creciendo como lo constatamos cada fin de semana. El semanario Zeta de Tijuana, B. C., asegura que la cifra de asesinatos relacionados con el crimen organizado es mayor de 50 mil muertos; de éstos por lo menos 24 mil 651 son clasificados por el Gobierno Federal como “otros” y “sin datos”, según el Sistema Nacional de Información. Afirma que en cuatro años y medio del sexenio de Felipe Calderón este tipo de asesinatos aumentaron 575 por ciento, en relación con la administración de Vicente Fox Quesada, que ciertamente, no fue ejemplar.

También puede ser por ocultamiento de acuerdos de privatización de ciertas áreas de Petróleos Mexicanos o de los yacimientos de petróleo recién localizados…; ¿Acaso de la privatización de la educación…? ¿O qué más? Pasado el escándalo bien podríamos encontrarnos con una desagradable sorpresa… Así es el gobierno de Calderón.

Si el enfrentamiento es cierto, acusó fisuras la relación Elba Esther-Felipe Calderón a principios de mayo pasado por diferencias en cuestiones sindicales. Fue la ocasión en que la “maestra” dijo visualizar su relevo y afirmó: ¡Con Elba o sin Elba no hay quien pare al SNTE! Se negoció lo que había qué negociar y las cosas volvieron aparentemente a su cauce. Hubo otras escaramuzas mientras Elba Esther posicionaba su influencia política dentro y fuera del PAN ante la inminencia de los comicios del 3 de julio con vistas al 2012.

Así, el 29 de junio en una inusual conferencia de prensa reveló haber apoyado a Felipe Calderón en las elecciones de 2006, pactado reformas con él y un acuerdo político para que algunos miembros de su “grupo reformador”, como Roberto Campa, encabezara el Sistema Nacional de Seguridad Pública; Francisco Yánez la Lotería Nacional y Miguel Ángel Yunes la dirección del ISSSTE, pero omitió la designación de su yerno, Fernando González Sánchez, como subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También dijo que la negociación con Calderón se dio luego de que fue imposible tener contacto con el candidato priísta Roberto Madrazo, después de que la expulsaron del PRI, y que “el otro señor (Andrés Manuel López Obrador) no respondía, no quería hablar con nosotros”. Y remató: “Para la presidenta del SNTE “los arreglos” en la política “no deben avergonzar a nadie”. “A mí no me avergüenzan. Yo hago política”.

Deslindándose, expuso que hay “claras evidencias de malos manejos” sobre la gestión de más de 58 mil millones de pesos durante la administración de Yunes en el ISSSTE y exigió una auditoría a fondo.

Más de una semana después Felipe Calderón aceptó haber tenido dichos acuerdos: “Ella planteó exigencias de participación en el gobierno que, coincido, no deben asombrar a nadie…”

Para entonces Yunes ya había tronado contra la “maestra” a quien acusó de haberle exigido 300 millones de pesos en 2009 y 20 millones de pesos mensuales para su partido Nueva Alianza (PANAL): "Elba Esther Gordillo quiso corromper al ISSSTE y no lo permití", repetía enfático.

El escándalo provocó una avalancha de dimes y diretes entre los actores. No faltó quien dijera que se trataba de acabar con la “maestra”. Finalmente la Secretaría de Gobernación con intención de lavar la cara al ISSSTE, por aquello de las dudas, entró al quite: "Hay auditorías aplicadas al Instituto que siguen su curso, con o sin estas denuncias; sin embargo, las autoridades competentes deben investigar y pronunciarse".

Lo curioso de todo esto es que nadie, nadie, exige formalmente una auditoría al PANAL ni al sindicato (SNTE) de la maestra, ni a la Lotería Nacional, lo que hace suponer que sólo ha sido una llamarada de petate que empieza a apagarse y quedará en nada… ¿Qué hubo detrás?

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DON PEDRO ROSA ACUÑA

Reynaldo Mota Molina

A veces el tiempo es ingrato y el público también; se olvida fácil y rápidamente de personajes que han engrandecido y dado lustre al arte maravilloso del huapango con creaciones que se tornan clásicas como es el caso del famosísimo son huasteco “El Querreque”, que es prácticamente imprescindible en el repertorio de todo huapanguero, al que se han agregado infinidad de versos con otros trovadores en el devenir del tiempo.

Nos referimos en este caso a don Pedro Rosa Acuña, extraordinario trovador y gran violinista, originario de Xilitla, San Luis Potosí, cuya versión original es casi desconocida, además de que obtener algunas fotografías del personaje es poco menos que imposible.

Se dice que “El Querreque” fue llevado a la Ciudad de México en el año de 1956 por su autor, quién lo tocaba acompañado por don Prócoro Rubio —autor de Tierra Queretana—, Joel Castro y otro músico de nombre Lucio. Lo tocaban y cantaban en el tono de sol mayor debido a que sus voces eran en tonos muy altos; lo grabaron con José Raúl Helmer, jefe de grabaciones del INBA para discos Vanguard, disquera de Estados Unidos que fue la primera en grabar música original tradicional de México.

Parece ser que dada la personalidad bohemia de don Pedro, nunca se preocupó por registrar su formidable composición, lo que ocasionó que diversos músicos se adjudicaran la autoría. Es el mismo caso de “El San Lorenzo”, que también es de su autoría.

Don Fortunato Ramírez Camacho(†) en diversas ocasiones nos expresó su testimonio en una experiencia vivida con don Pedro Rosa, que fue su maestro durante varios meses: “Muchos dicen que “El Querreque” es de otras gentes. ¡No! ¡El Querreque es de él! ¿Sabe por qué? Él lo vino a estrenar a Xilitlilla. Es allí donde oí que dijo: “Voy a estrenar un huapango que traigo…”. Por eso es que dice:

“El Querreque en Xilitlilla
Me quiso pegar por mal
Me aventó con una silla
Que por poco se la agarro
Yo me escapé como ardilla
Brincando de palo en palo”.

¡Honor a quien honor merece!

PARTIDOCRACIA

Reynaldo Mota Molina

Concluídos los comicios del 3 de julio en el Estado de México, Nayarit y Coahuila para el relevo del gobernador en turno y en Hidalgo para el del Congreso local y las alcaldías del estado, naturalmente aún se desconoce el monto total de los gastos electorales efectuados que corren por cuenta del erario público, es decir, que provienen del bolsillo de usted y del mío. Lo que sí se sabe es el extraordinario derroche en las campañas de los partidos ricos en un país de ciudadanos pobres, primera práctica de la llamada partidocracia.

El Estado de México, que esta vez sirve de catapulta para lanzar al nuevo presidente de la República en 2012 en la figura del actual gobernador priista, Enrique Peña Nieto, reviste particular importancia por este hecho, y rebasó, según se dice en los partidos opositores, la cifra asignada de 204 millones de pesos para esta elección, y eso que se refieren solamente a las cifras oficiales.

De acuerdo con la ley electoral, esta sola circunstancia sería suficiente para anular la constancia de mayoría otorgada al gobernador electo que, de acuerdo con el conteo peliminar, favorece a Eruviel Ávila Villegas, declarado “hijo adoptivo” de Atlacomulco por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) duplicando, prácticamente, la del “adversario” más cercano, Alejandro Encinas Rodríguez del PRD.

El Instituto Federal Electoral (IFE), encargado de administrar los procesos electorales, se encuentra cautivo de los partidos políticos desde el momento en que éstos no han impulsado el nombramiento de los tres consejeros pendientes porque están a la espera de colocar a quienes mejor sirvan a sus respectivos intereses cuando llegue el momento. Por otro lado el Congreso, integrado por legisladores que representan a los partidos políticos, no dicta las leyes reglamentarias de importantes aspectos de los comicios de 2012 como son los tiempos de promoción de sus candidatos en los medios electrónicos de comunicación y el derecho de réplica y, en su defecto, el IFE reglamenta éstos, acorde a sus atribuciones. En consecuencia, la Cámara de la Industria de Radio Televisión (CIRT), infiltrada por la telebancada de Televisa, entra en conflicto con el IFE haciendo más gordo el embrollo, porque dice que afecta intereses de sus afiliados.

Desde los procesos electorales de este año hasta los del próximo, en que estará en disputa la silla presidencial, todo indica un juego político entre los partidos que hace mucho tiempo perdieron la esencia de ser representativos de las ideologías ciudadanas y se convirtieron en mercaderes del voto popular.

Así encontraron el filón que significa el gran negocio de los partidos en la política y se apropiaron de la democracia para convertirla en “partidocracia” cuya élite está integrada por verdaderos magnates de la política en todos y cada uno de los partidos. Así también se apoderaron y repartieron a los magistrados del tribunal electoral, ya que parte del juego consiste en impugnar los resultados de los comicios por las razones o sin razones que sean y de esta forma los jueces resolverán de acuerdo a los intereses de los partidos que representan, por debajo de la mesa, y no encontrarán motivo alguno para anular una “constancia de mayoría”. Por algo Felipe Calderón dijo públicamente: “Ya lo sé. Ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben…”, en alusión a los jueces en general.

La ciudadanía marginada del negocio político y del gran juego de intereses de los partidos políticos y de los grupos de poder, salvo cuando es asediada para exprimirle el voto mediante dádivas y promesas que jamás serán cumplidas, comienza a rebelarse en ciertos sectores y reacciona con su indiferencia y desprecio como quedó demostrado el 3 de julio, con abstencionismo del 60 por ciento.

Ojala que la partidocracia pueda entender este claro mensaje de los ciudadanos y trate de reaccionar con inteligencia positiva.

¿Será mucho pedir?