El gobierno de Felipe Calderón se esmeró —se excedió— desde el primer momento en hacer aparecer como un accidente lo acontecido al Learjet 45 donde perdió la vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, junto con el asesor de seguridad José Luis Santiago Vasconcelos, exdirector de la SIEDO, y siete personas más incluidos piloto y copiloto de la aeronave, además de por lo menos una docena de personas en tierra que se encontraban en el lugar y hora equivocados, como se dice, a los que nadie toma en cuenta.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, ha centrado deliberadamente la responsabilidad del avionazo en los pilotos por su impericia, según él —al fin y al cabo están muertos y no se pueden defender—, dejando de lado elementos técnicos y humanos indispensables en una investigación seria, objetiva y efectiva, con el afán de convencer de que su tesis es inobjetable a pesar de sus propias contradicciones.
Así, creó todo un cuento de vaqueros, un vericueto que lejos de satisfacer a la opinión pública acrecienta la duda y la sospecha, por ejemplo: ¿por qué la turbulencia del Boeing 767-300 no afectó a ninguno de los dos helicópteros que se encontraban cercanos a la aeronave de Gobernación en esos momentos? De éstos, uno se identifica de la compañía ICA, ¿y el otro?, ¿por qué no se habla de él y permanece en el misterio?, ¿cuál fue su destino? Si fueron fallas humanas las que provocaron la caída del avión ¿por qué desapareció del radar repentinamente? ¿Por qué Téllez pasó, en cuestión de días, de la exaltación de la alta capacidad de los pilotos a la impericia de los mismos, culpándolos del fatal desenlace?
Ante la falta de claridad, la duda y la precipitación, atizada por la intromisión del embajador de Estados Unidos, Tony Garza, en el mismo sentido del accidente, la mayoría de la opinión pública apunta hacia un atentado del narcotráfico como consecuencia de la guerra emprendida por el gobierno, sin embargo, hay opiniones de peso que señalan: “accidente no parece, y si bien pudo haber sido el narco, no hay que descartar la perversidad que caracteriza a la derecha en el poder”.
Total, como decía aquella vieja oración radiofónica: “Nadie sabe, nadie supo la verdad en el extraño caso…”
Ahora, ¿cuál es la verdadera función del suplente Fernando Gómez Mont, panista que ha alternado la política con la abogacía?, ¿quién lo impuso? Proviene de Diego Fernández de Cevallos, ligado a Carlos Salinas.
Como político ha intervenido en trascendentales decisiones de la vida del país desde la época de Salinas precisamente. Fue diputado y asesor presidencial en los gobiernos de éste y de Ernesto Zedillo y autor de las modificaciones constitucionales del Código Penal y de otras leyes que, por ejemplo, desembocaron en la absolución jurídica de ciertos casos de los llamados “delitos de cuello blanco”. También representó al PAN en la creación del IFE. Sus estrechos vínculos con panistas y priístas —tiene dotes de gran negociador— lo convirtieron en abogado defensor de prominentes personajes de la vida política y empresarial del país como los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza (IMSS), Gerardo de Prevoisin, (Aeroméxico), Raúl Salinas, (asesinato de José Francisco Ruiz Massieu), Rogelio Montemayor (Pemexgate), entre otros más. Con Felipe Calderón es el encargado de poner en marcha la reforma penal que ya está aprobada, tal vez en previsión de los sucesos que puedan desatar los comicios de 2009 y la tenebra foxiana de encontrar rendijas legales por donde introducir el fraude que viene. ¿Será esto lo que se está cocinando?
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