Es del dominio público que la procuración de justicia en nuestro país se vende al mejor postor desde tiempo inmemorial, pero en la época panista adquiere características que pudieran parecer grotescas si no fuera porque en realidad son infames y abominables, precisamente contrarias a todo principio de la justicia más elemental. En vano el aparato judicial nos cuesta miles de millones de pesos a los contribuyentes y lo tenemos en contra.
Los casos nunca resueltos de las muertas de Juárez, de los feminicidios del Estado de México, de solamente el 2 por ciento de sentencias de los más de 30 mil asesinatos por la “guerra” de Felipe Calderón, son una muestra del grado de injusticia que prevalece actualmente sin contar los otros veintidós tipos delitos que conforman la delincuencia organizada, por mencionar un solo ángulo de la falta de impartición de justicia.
El asesinato de Marisela Escobedo, convertida en activista por la justicia debido a la injusta liberación del asesino de su hija Rubí Marisol, dictada por los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcoyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, de Chihuahua -envuelta en una sospechosa nube de colusión entre el gobierno de dicho estado y el crimen organizado-, junto con los homicidios impunes de la activista por las muertas de Juárez, Susana Chávez, autora del lema “Ni una muerta más”; Josefina y Rubén Reyes por los feminicidios de Ciudad Juárez; Lidia Sandoval de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; Paz Rodríguez y su esposa por los derechos humanos de Nuevo Casas Grandes; Flor Alicia Gómez por la Justicia para Nuestras Hijas y Benjamín Le Barón, contra el secuestro, por mencionar algunos casos, corroboran no solamente la inacción de la justicia sino la persecución de las autoridades en contra de quienes luchan precisamente por ésta.
Otro caso grave y espeluznante es la sentencia dictada por la jueza Yassmín Alonso Tolamatl, del Juzgado 54 de lo Civil del Distrito Federal en contra de la revista Contralínea, semanario de investigación, por la denuncia presentada en 2009 por las empresas Blue Marine Technology, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra dicha revista por daño moral a consecuencia de lo publicado por ésta. Dichas empresas pertenecen a un grupo empresarial cuyo líder, Antonio Juan Marcos Sisa, fue funcionario de Pemex durante varios años.
El caso es que la periodista Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, realizó una serie de investigaciones en el sector Petroquímica de Pemex desde 2008 y descubrió que dichas empresas tenían contratos de arrendamiento con la paraestatal para el transporte de energéticos por importes superiores a los que costaría un barco nuevo en un lapso determinado, según consta en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La publicación de estas y otras investigaciones provocó que dichas empresas demandaran a Contralínea porque les afectaba en sus intereses y les causaba daño moral, sin embargo, no desmintieron el hecho.
En consecuencia la mencionada jueza sustentó su sentencia con argumentos tan absurdos como éste: “Es claro que las licitaciones efectuadas por PEMEX no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que en primer término la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce”.
“Los periodistas no están facultados para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de gobierno”.
La tremenda jueza Yassmín Alonso Tolamatl, para quien el erario público no es de interés público y lo desconocido por éste, tampoco, condenó el pasado día 3 a Miguel Badillo, director de la revista, a las reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, y al caricaturista David Manrique, cuyo término legal de su dibujo había prescrito, a reparar el daño, que los demandantes no probaron, por un monto no cuantificado hasta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y el Poder Judicial ejecuten la sentencia y los enjuiciados no tengan forma de defenderse, la jueza determinará el monto del daño. Más aún, fija una sentencia de censura previa permanente para que nunca más se publiquen asuntos relacionados, de ningún tipo, con los tres empresarios, las empresas y sus negocios, según lo manifestado por David Peña, abogado de Contralínea en entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS.
La evidente ignorancia o mala fe de la mencionada jueza 54 para sentenciar en base al Código Civil derogado en 2006, violando los derechos constitucionales vigentes de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos, además de mostrar su ineptitud para impartir justicia, hace entrar en sospecha de corrupción del sistema judicial o de sumisión a los intereses particulares.
En manos de jueces como ésta y como los que dejaron en libertad al asesino confeso de Rubí Marisol, que costó la vida de su madre, Susana Escobedo, está la suerte y destino de los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en los tribunales de justicia.
El acoso a la libertad de expresión se deja sentir no solamente desde el ámbito judicial sino de diversas instancias de los gobiernos federal y estatales. La batalla contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, autor del libro “La Sosa Nostra”; las amenazas de muerte contra Anabel Hernández, autora de “Los Señores del Narco”, la persecución de Lydia Cacho, autora de diversas obras que ponen en entredicho la actuación del gobierno y sus secuaces, así como las decenas de periodistas asesinados en diversos estados de la república son prueba de ello.
¿Tendrá qué ver con dicho acoso, la posible acción de bloqueo de la página Web de El Mensajero?
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Escuche la entrevista de Carmen Aristegui al abogado de Contralínea. Dar clic en la liga:
